La dueña del geriátrico clandestino que funcionaba en el barrio Nuevo Horizonte, en la ciudad de Santa Fe, se entregó este martes ante la Policía de Investigaciones. La mujer se presentó junto a su abogado, Claudio Torres del Sel, después de haber permanecido casi una semana prófuga. La causa se abrió tras un incendio ocurrido el 29 de julio y ahora tendrá una audiencia imputativa prevista para el viernes.
El expediente reúne denuncias de adultos mayores que vivían en el establecimiento sin habilitación. Entre los testimonios aparecen referencias a la falta de alimentos, al retiro de dinero desde tarjetas de cobro y a dificultades para mantener contacto con personas fuera del inmueble.
Además de la propietaria, un empleado identificado con las iniciales R. A. H. continúa detenido desde el miércoles pasado. Está previsto que sea imputado este miércoles por maltrato, mientras la Justicia avanza con las actuaciones surgidas luego del operativo en el lugar.
La causa por el geriátrico clandestino tendrá una nueva audiencia
La propietaria quedó a disposición de la Justicia de Santa Fe luego de acudir voluntariamente a la sede de la Policía de Investigaciones. La mujer no fue identificada públicamente y deberá comparecer en la audiencia imputativa que se realizará el viernes en los Tribunales de Santa Fe.
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La acusación estará a cargo del fiscal Manuel Cecchini, mientras que la audiencia será encabezada por la jueza Rosana Carrara. La investigación apunta a establecer las condiciones de funcionamiento del lugar y las eventuales responsabilidades penales de quienes estaban a cargo.
El caso comenzó a tomar estado público a partir del fuego registrado el 29 de julio. Según la reconstrucción difundida por Aire de Santa Fe, uno de los ocho residentes inició el incendio dentro del inmueble. El hombre explicó que lo había hecho “para llamar la atención” y sostuvo que la decisión se relacionaba con la falta de comida.
Bomberos Zapadores llegó al domicilio tras el aviso y controló el foco ígneo. No se informaron personas con heridas graves por el incendio, aunque el procedimiento permitió conocer el estado en el que se encontraban los adultos mayores alojados en ese espacio.
Los relatos de los adultos mayores rescatados
Los residentes denunciaron que llevaban varios días sin recibir alimentos. Uno de ellos, Héctor, contó que había ingresado con la expectativa de recibir cuidados y comida. “Me dijeron que acá iba a estar bien, que no me iba a faltar nada, que iba a comer bien y me iban a atender. Fue todo al revés”, afirmó.
Luis César Arriola, de 80 años, denunció que estuvo dos años sin documentación y sin posibilidad de comunicarse con el exterior. “Me tienen secuestrado”, manifestó. También describió la falta de recursos dentro del lugar: “hace cuatro días que no comemos. No hay azúcar, no hay yerba, no hay pan, no hay nada”.
Miguel Ángel, otro de los adultos mayores que vivía allí, dijo que le habían quitado su tarjeta de cobro. De acuerdo con la información reunida durante la pesquisa, cada residente abonaba 300.000 pesos por mes y los encargados retiraban dinero de las tarjetas utilizadas para percibir los haberes jubilatorios.
Las imágenes obtenidas después del incendio mostraron una habitación compartida por los residentes, con camas en estado precario, poco mobiliario y pertenencias acumuladas en el mismo ambiente. El domicilio no contaba con una habilitación para funcionar como geriátrico.
La asistencia municipal para los siete adultos mayores
Siete adultos mayores fueron trasladados y permanecen asistidos en la Casa Beata Clara, según informó la Municipalidad de Santa Fe luego de intervenir en el caso. El municipio indicó que asumió la atención integral de las personas rescatadas mientras sigue la investigación judicial.
El secretario de Gobierno municipal, Sebastián Mastropaolo, señaló: “La Municipalidad sabe que la Justicia tiene una intervención activa. Desde el Ejecutivo nos hicimos cargo de los siete adultos y los tenemos alojados y asistidos en Casa Beata. La situación es de emergencia”.
El funcionario indicó además que el municipio pondrá a disposición de la Justicia la información y las pruebas que sean solicitadas durante la investigación. Sobre la ausencia de controles previos, explicó que no había un pedido de habilitación para abrir un geriátrico y que el lugar era considerado una vivienda particular.
“Quiero ser claro: lo que es ilegal e irregular, salvo denuncias de vecinos, para nosotros es un domicilio privado. Nosotros no podemos entrar a una casa, no tenemos esa potestad; debe haber una intervención para poder actuar”, aclaró Mastropaolo.
Un vecino relató que su hija había prestado dinero a uno de los trabajadores para comprar alimentos y otros recursos destinados a quienes vivían allí. Sobre ese empleado, al que identificó como Ricardo, dijo que “salía a hacer las compras, los cuidaba y hasta los bañaba cuando hacía falta”.
La propietaria seguirá a disposición de la Justicia hasta la audiencia imputativa del viernes, mientras que R. A. H. será imputado este miércoles en la causa por maltrato.