La donación de sangre en el país empezó a regirse por un nuevo esquema desde el 1 de mayo de 2026, cuando el Gobierno nacional publicó una resolución que elimina la reposición como sistema general y la reemplaza por la donación voluntaria y habitual. La medida fue informada por el Ministerio de Salud y también modifica criterios para aceptar donantes, cambia recomendaciones previas a la extracción y redefine la organización de los servicios de hemoterapia, inmunohematología y terapia celular. Además, fija un plazo de hasta 2 años para que las instituciones adecuen sus procesos y estructuras a las nuevas exigencias.
La donación de sangre deja atrás la reposición como regla general
La resolución N° 536/2026, publicada el viernes 1 de mayo de 2026 en el Boletín Oficial, introdujo una actualización del Sistema Nacional de Sangre. Entre los cambios más relevantes, dejó sin efecto el mecanismo de donación por reposición, que hasta ahora estaba atado a un paciente en particular.
Desde esta reforma, una atención médica o una cirugía no podrá depender de que el paciente, su familia o su entorno acerquen donantes. Según el comunicado oficial, la norma “prohíbe explícitamente condicionar la atención médica o las cirugías a la presentación de donantes por parte del paciente o sus familiares”.
El mismo texto aclara que las donaciones dirigidas a una persona determinada solo seguirán habilitadas cuando exista una justificación terapéutica. De acuerdo con lo difundido por la cartera sanitaria, el cambio busca evitar que la carga de conseguir sangre recaiga sobre pacientes y familiares.
La actualización, además, forma parte de una revisión de normas administrativas y técnicas vinculadas con la donación, la transfusión y el funcionamiento de las áreas especializadas. El Ministerio de Salud señaló que la intención es modernizar el sistema en todas sus etapas.
El Gobierno también modificó los criterios de selección y la preparación previa
Otro punto central de la reforma alcanza a la selección de personas donantes. El nuevo marco deja de aplicar exclusiones generales sobre grupos completos considerados de riesgo y, en cambio, pasa a evaluar conductas individuales con base en evidencia científica.
En esa revisión se contemplan, entre otros aspectos, prácticas sexuales específicas o el consumo de drogas. A la vez, la resolución redefine los tiempos de espera para volver a donar en determinadas situaciones.
El texto oficial indica: “Se difiere la donación por seis meses para quienes hayan tenido una nueva pareja sexual o más de una pareja sexual en los últimos tres meses y hayan tenido relaciones sexuales anales, hayan utilizado estrategias orales de profilaxis de preexposición o postexposición, se haya realizado tatuajes, piercings o procedimientos estéticos invasivos, o hayan permanecido en instituciones penales por más de 72 horas”.
También cambió una indicación habitual antes de la extracción. La nueva normativa eliminó el requisito de ayuno y, en su lugar, recomienda tomar al menos 500 mililitros de agua o bebidas con sales media hora antes de donar sangre.
La reposición fue reemplazada en un esquema que reorganiza la red de sangre
La resolución no se limita a los requisitos para donar. Además, plantea una reorganización del sistema con la meta de consolidar una red integrada de sangre, con procesos coordinados, trazabilidad y mayor capacidad de respuesta.
Dentro de ese esquema, se fortalece el rol de los Centros Regionales de Hemoterapia y se dispone una desactivación progresiva de los Bancos de Sangre Intrahospitalarios. Según lo informado oficialmente, la reorganización apunta a ordenar el funcionamiento de los servicios vinculados con la sangre en todo el país.
El nuevo marco regulatorio también incorpora lineamientos para el procesamiento de terapias celulares y de componentes especiales. Entre los ejemplos mencionados por el Ministerio de Salud aparecen el Plasma Rico en Plaquetas (PRP) y el Suero Autólogo Oftalmológico (SAO).
La medida entró en vigencia desde su publicación en el Boletín Oficial. A partir de allí, las instituciones alcanzadas por la norma cuentan con un plazo máximo de 2 años para aplicar las modificaciones tecnológicas y estructurales previstas en la resolución.