La crisis en discapacidad volvió a quedar expuesta este miércoles, cuando familiares denuncian una emergencia marcada por demoras en pagos, problemas con traslados y trabas para sostener tratamientos. La situación fue planteada por Agustina Canto, comunicadora y madre de una niña con discapacidad, quien describió dificultades que, según señaló, afectan a prestadores de salud y a familias que dependen de atención permanente. También advirtió sobre obstáculos administrativos para acreditar la condición de discapacidad y sobre el impacto que tendría la quita de beneficios para viajes de larga distancia vinculados a tratamientos complejos.
Familiares denuncian que la emergencia en discapacidad ya afecta la atención cotidiana
Durante una entrevista en Pasaron Cosas, Canto sostuvo que el panorama se fue agravando y que eso repercute de lleno en la vida diaria de quienes necesitan prestaciones esenciales. “El Estado te abandona, las obras sociales no te cumplen y lo único que aparece es abandono”, afirmó.
Según explicó, uno de los puntos más delicados es la interrupción en la cadena de pagos a prestadores. De acuerdo con su relato, esa situación se arrastra desde octubre y dejó a profesionales de la salud más de seis meses sin cobrar.
Para la entrevistada, el problema no se limita a una cuestión administrativa. Señaló que detrás de esa demora hay trabajadores que sostienen terapias indispensables y, al mismo tiempo, deben afrontar sus gastos habituales, mientras las familias hacen esfuerzos extra para no cortar los tratamientos.
La discapacidad también enfrenta trabas para traslados y certificados
Canto remarcó además las complicaciones vinculadas al transporte de larga distancia. En ese punto, indicó que la eliminación del sistema compensatorio para empresas por la gratuidad del boleto impacta sobre personas con discapacidad, pacientes trasplantados y niños con cáncer.
Según detalló, esa decisión golpea especialmente a familias salteñas que deben viajar al Hospital Garrahan para acceder a tratamientos complejos. En esos casos, la posibilidad de trasladarse deja de ser un trámite más y puede convertirse en una barrera económica concreta.
A eso sumó las exigencias reiteradas para acreditar la discapacidad. “Te hacen imposible probar cada tres meses que tu hijo tiene una discapacidad. La carga emocional es tremenda”, expresó al describir el desgaste que, según dijo, atraviesan muchas familias.
Los reclamos apuntan a pagos demorados y falta de respuestas
La comunicadora sostuvo que las consecuencias de este cuadro ya alcanzan la salud y el desarrollo de niños con discapacidad. En ese sentido, vinculó las demoras, las trabas y la falta de acompañamiento con la continuidad de prestaciones que requieren seguimiento permanente.
También cuestionó que el ajuste, según su planteo, recaiga sobre personas con discapacidad, jubilados y sectores medios. Además, aseguró que la falta de respuestas se refleja en áreas sensibles como salud, transporte y asistencia social.