La Cámara de Diputados de Salta inició este martes el tratamiento de un proyecto que endurece las penas para los organizadores de fiestas clandestinas, al proponer elevar el máximo de arresto hasta 80 días de cárcel y sumar responsabilidad a los dueños de los inmuebles donde se hagan estos encuentros sin permiso. La discusión se dio en la 1º Sesión Ordinaria del año y apunta a reformar el Código Contravencional ante el crecimiento de estos eventos en distintos puntos de la provincia. El texto todavía debe avanzar por comisiones antes de llegar al Senado.
Diputados buscan penas más duras y responsabilidad para dueños de inmuebles
El expediente 91-53.527/25 propone una modificación del artículo 124 del Código Contravencional de Salta (Ley Nº 7.135) con un eje central: subir el castigo de los actuales 20 días de arresto a un nuevo tramo que iría de 30 a 80 días de cárcel para quienes organicen fiestas clandestinas sin autorización. La iniciativa fue presentada durante la primera sesión del período ordinario y quedó formalmente incorporada a la agenda legislativa.
Además del incremento de los días de arresto, el proyecto incorpora la figura de “responsabilidad solidaria” para el propietario o poseedor del inmueble donde se realice el evento no habilitado. De esta forma, no solo quedaría bajo la lupa el organizador directo, sino también quien ceda o permita el uso de la propiedad para estos encuentros, ya sea en el Valle de Lerma, en el área metropolitana o en localidades del interior.
El texto en debate también fija criterios para que el juez contravencional pueda graduar las sanciones. Entre los parámetros que se proponen se incluyen la cantidad de asistentes, la capacidad o superficie del lugar utilizado y la reincidencia de los infractores. Con esto se busca que las penas no sean iguales para una reunión chica y para un evento masivo que se repite varias veces en el mismo domicilio.
Agravantes por menores y alcohol, y presión sobre la policía
Dentro de la reforma al régimen de fiestas clandestinas, el proyecto suma agravantes que serán tenidos en cuenta al momento de definir si corresponde aplicar el máximo de hasta 80 días de cárcel. Entre esos factores se destacan la presencia de menores de edad en los eventos y la venta de bebidas alcohólicas sin registro ni control, situaciones que ya aparecen de manera frecuente en los procedimientos que se concretan en la provincia.
El autor de la propuesta, el diputado Guillermo Kripper, explicó en el recinto y en declaraciones radiales que la expansión de estas reuniones es el principal motivo del endurecimiento normativo. En el programa Somos la Mañana, el legislador describió: “Es muy grave lo que está pasando con el avance de fiestas clandestinas”, aludiendo a operativos recientes donde se verificaron episodios de violencia, consumo de alcohol sin supervisión y participación de chicos y chicas menores.
Kripper señaló también que, alrededor de estos encuentros, suelen aparecer actividades sin habilitación, como cuidacoches informales y otros rubros que operan por fuera de cualquier control. Según el diputado, este escenario termina generando más desorden en los barrios y obliga a una respuesta más firme desde el sistema contravencional, tanto para organizadores como para quienes presten sus propiedades para estos eventos.
Procedimientos policiales y circuito contravencional
Otro punto expuesto durante el debate fue el impacto operativo que tienen las intervenciones en fiestas clandestinas sobre las fuerzas de seguridad. Cada operativo para desarticular estos encuentros demanda la presencia de entre 15 y 20 efectivos, lo que implica sacar personal de otras tareas vinculadas a la prevención de delitos y al patrullaje habitual en distintos sectores de la provincia.
Una vez detectado el evento y concretado el procedimiento, el personal policial debe labrar un informe detallando la cantidad de asistentes, el lugar, la hora, la existencia o no de menores y la posible venta de alcohol, entre otros datos. Ese documento se eleva luego al fiscal de Contravenciones, que determina la sanción correspondiente aplicando el Código actual y, en caso de aprobarse la reforma, los nuevos rangos de hasta 80 días de cárcel y los agravantes adicionales. “La presencia de menores y la venta de bebidas alcohólicas son agravantes”, precisó Kripper al explicar cómo se evalúan hoy esos casos.
En el plano legislativo, el expediente 91-53.527/25 aún no recibió dictamen de las comisiones de Justicia, Hacienda y Presupuesto, y Legislación General. Por ese motivo, el proyecto deberá continuar su tratamiento interno en Diputados y, una vez superada esa instancia, pasar al Senado para su análisis y eventual sanción definitiva.