La Cámara de Diputados de Salta podría tratar este martes 12 de mayo un proyecto que propone que los representantes del Estado en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y en el Comité de Prevención de la Tortura cumplan funciones ad honorem. La iniciativa fue presentada por el bloque Todos por Salta y apunta a modificar las leyes 7.863 y 8.024. Según el texto, el objetivo es reducir erogaciones estatales en un contexto de recursos limitados, sin alterar la participación de organizaciones no gubernamentales dentro de esos organismos.
Diputados analizará cambios en el Observatorio de Violencia
El proyecto ingresado en la Legislatura provincial contempla una modificación puntual sobre la situación de los miembros designados por los poderes Ejecutivo, Judicial y Legislativo. En caso de avanzar, esos representantes dejarían de percibir una remuneración estatal adicional por la tarea que cumplen en ambos organismos.
La propuesta menciona de manera específica al Observatorio de Violencia contra las Mujeres y al Comité de Prevención de la Tortura, dos espacios vinculados a derechos humanos. De acuerdo con la iniciativa, el cambio alcanzaría solamente a quienes ocupan esos lugares en nombre del Estado.
Por esa razón, el texto deja afuera a los integrantes que representan a organizaciones de la sociedad civil. Así, según lo planteado, la participación no estatal seguiría sin cambios dentro de los dos entes mencionados.
La figura ad honorem aparece ligada a una política de austeridad
El bloque Todos por Salta sostuvo en el proyecto que la medida se enmarca en un criterio de austeridad administrativa. En esa línea, el planteo busca ajustar el uso de fondos públicos ante un escenario descripto como limitado en materia de recursos.
En los fundamentos, la iniciativa señala: “Es fundamental coadyuvar al equilibrio de los recursos públicos sin descuidar la invaluable labor de estos organismos en la prevención de la violencia y la tortura”. Esa fue la explicación incluida para justificar el cambio normativo.
Además, la reforma no se limita al cobro de una remuneración. También incorpora una revisión sobre las incompatibilidades que hoy rigen para quienes integran esos espacios por designación estatal.
Qué pasaría con las incompatibilidades vigentes
El texto propone eliminar las restricciones actuales para esos miembros. Si eso se aprueba, podrían continuar con actividades privadas o académicas remuneradas mientras desarrollan sus funciones institucionales en el Observatorio de Violencia contra las Mujeres y en el Comité de Prevención de la Tortura.
La discusión podría darse este martes 12 de mayo en la Cámara de Diputados, donde se evaluará la modificación de las leyes 7.863 y 8.024 en los términos planteados por el bloque autor de la propuesta.