La diputada nacional Marcela Pagano reclamó ante la Justicia la detención de Manuel Adorni y pidió que se aplique la llamada doctrina Irurzun. Lo hizo en una presentación judicial vinculada a la causa que investiga el patrimonio del jefe de Gabinete. Según el escrito, el funcionario habría intentado influir sobre un testigo clave antes de que declarara. El planteo fue presentado después de la testimonial del contratista Matías Tabar, quien habló sobre refacciones en una vivienda atribuida a Adorni y sobre presuntos pagos en efectivo sin facturación.
El expediente quedó bajo análisis del fiscal federal Gerardo Pollicita y del juzgado interviniente. Por un lado, deberán revisar el contenido de la declaración de Tabar; por otro, la denuncia impulsada por Pagano sobre un supuesto intento de condicionamiento previo al testimonio. La presentación de la legisladora también volvió a exponer tensiones dentro de La Libertad Avanza, ya que su avanzada judicial alcanzó a uno de los funcionarios más cercanos al presidente Javier Milei.
Marcela Pagano pidió la detención y apuntó a una maniobra antes de la testimonial
En su denuncia, Marcela Pagano sostuvo que el mismo día en que Tabar debía comparecer, Manuel Adorni se habría comunicado con él por WhatsApp. De acuerdo con la presentación, ese contacto se produjo instantes antes de que el contratista prestara declaración bajo juramento en el marco de la investigación. Para la diputada, esa secuencia no fue un hecho menor, sino un posible intento de interferir en una prueba sensible del expediente.
Siempre según el escrito judicial, Adorni le habría ofrecido al testigo el contacto de su “equipo” y luego habría intentado borrar los mensajes intercambiados. A partir de eso, Pagano consideró que existe un riesgo procesal “grave, inminente y completamente comprobable”. Con ese argumento, solicitó una medida cautelar de prisión preventiva para el jefe de Gabinete.
La legisladora además reclamó que se aplique la doctrina Irurzun, un criterio judicial que se utilizó entre 2017 y 2018 para justificar detenciones preventivas de exfuncionarios del kirchnerismo. En su planteo, remarcó que una persona que ocupa un cargo de poder “tienen la capacidad estructural y residual de obstaculizar el trabajo de la Justicia”. Con esa base, buscó reforzar el pedido de arresto mientras la causa sigue su curso.
Manuel Adorni quedó bajo mayor presión tras la declaración del contratista
La presentación de Pagano llegó poco después de la declaración de Matías Tabar ante el fiscal Gerardo Pollicita. Durante unas tres horas, el contratista habló de los trabajos que dijo haber realizado en la vivienda que Adorni posee en el country Indio Cua, en Exaltación de la Cruz. Según trascendió de esa testimonial, aseguró haber cobrado 245.000 dólares en efectivo y sin factura por las refacciones hechas en la propiedad.
En ese testimonio, Tabar describió intervenciones sobre una superficie de 400 metros cuadrados. Mencionó colocación de pisos, trabajos en paredes, instalación de muebles de cocina, artefactos de baño, una pileta y una cascada en el jardín. También afirmó que el dinero se lo entregó en efectivo el propio Adorni y que por esos pagos no se emitió documentación respaldatoria.
Esos dichos impactaron de lleno en la causa por presunto enriquecimiento ilícito. En especial, porque pusieron el foco sobre dos puntos centrales: el monto que se habría desembolsado y la forma en que se habrían hecho los pagos. Ahora esos elementos deberán ser cotejados con los registros y con la documentación ya incorporada al expediente, mientras avanza la evaluación judicial del caso.
La defensa rechazó los montos y anticipó una pericia sobre la casa
Desde el entorno de Manuel Adorni respondieron con un rechazo total a lo dicho por Tabar. Allegados al funcionario negaron que las refacciones alcancen el valor de 245.000 dólares y anticiparon que pedirán una pericia técnica sobre la propiedad para discutir esa cifra. En esa misma línea, sostuvieron: “Cualquiera que conozca la casa sabe que no vale ese dinero”.
La controversia se da además porque Adorni había informado la compra del inmueble por 120.000 dólares. Ese dato quedó bajo observación después de que se conociera que la propiedad no había sido incluida en una primera declaración jurada presentada ante la Oficina Anticorrupción. Ese antecedente ya formaba parte del expediente y volvió a quedar bajo revisión tras la declaración del contratista.
Mientras tanto, el fiscal Gerardo Pollicita y el juez interviniente deberán definir qué trámite le darán al pedido de detención presentado por Marcela Pagano. También siguen pendientes medidas para cruzar la testimonial de Tabar con la información registral de la propiedad y con los elementos ya reunidos en la investigación.
La denuncia abrió otro frente interno en La Libertad Avanza
El movimiento de Marcela Pagano no sólo tuvo impacto judicial. También profundizó una disputa política dentro del oficialismo nacional. La diputada llegó a la Cámara de Diputados por La Libertad Avanza, pero desde hace meses mantiene distancia con el sector más cercano al presidente Javier Milei. Su presentación contra Manuel Adorni, una figura central dentro de la Casa Rosada, volvió más visible ese conflicto.
En ese marco, el caso mezcla dos planos que se siguen de cerca en la política nacional: la investigación patrimonial sobre un funcionario de primera línea y la pelea interna dentro del espacio gobernante. Aunque ambos temas corren por carriles distintos, la denuncia de Pagano hizo que vuelvan a cruzarse en un momento sensible para el oficialismo.
Por ahora, el expediente quedó en manos de la Justicia federal, que deberá resolver sobre el alcance de la denuncia, el valor probatorio de la declaración de Tabar y el pedido de detención formulado por la diputada. También deberá analizar si corresponde avanzar con nuevas medidas sobre los mensajes mencionados en la presentación judicial y con el contraste de esos elementos con el resto de la causa.