Productores rurales de Tartagal insistieron en que una serie de robos de madera y ataques violentos en fincas sobre la ruta nacional 86 ya impactan en la seguridad y la economía de toda la provincia, incluida la ciudad de Salta. Señalan que las denuncias y pedidos de medidas cautelares presentados en la Justicia Penal de Tartagal no avanzan y que los taladores ilegales continúan operando de noche con camiones, tractores y motosierras, mientras se acumulan causas por daños, amenazas y hechos vinculados al desmonte clandestino.
Productores de Tartagal vinculan el robo de madera con un esquema ilegal sostenido
La situación que describen los propietarios de fincas cercanas a Tartagal se repite, según ellos, desde hace más de un año: robo de madera nocturno, maquinaria pesada ingresando sin autorización y tala de monte nativo en grandes volúmenes. Los campos afectados se encuentran a unos diez kilómetros de la ciudad, sobre la ruta nacional 86, un corredor clave que conecta con la capital provincial y otras localidades del norte salteño.
Los dueños de las propiedades remarcan que el patrón es similar en cada episodio. Primero, la rotura de los alambrados; luego, el ingreso de tractores y camiones durante la noche; finalmente, la utilización de motosierras para cargar madera hacia distintos aserraderos de la zona. Aseguran que lograron tomar fotos y videos de varios vehículos y que ese material ya fue aportado a la Justicia como prueba de los robos reiterados.
Entre las unidades mencionadas se repiten las mismas descripciones: un camión Mercedes Benz verde manzana, un camión Dodge rojo, un tractor Hanomag y dos acoplados. De acuerdo con las denuncias presentadas, todos estarían vinculados a una organización que, siempre según los damnificados, articula a integrantes de comunidades originarias linderas con madereros que compran y trasladan la madera extraída sin permisos.
Los productores detallan que efectivos de Infantería y de la Policía Rural ya intervinieron en múltiples procedimientos en esa área. Afirman que los uniformados conocen a los grupos que operan en la zona y tienen identificados varios vehículos, pero destacan que, pese a los operativos, el desmonte ilegal y el robo de madera continúan y que las incursiones se dan cada vez con mayor violencia.
En los relatos se mencionan enfrentamientos en los que los taladores ilegales habrían utilizado armas blancas y, en algunas oportunidades, armas de fuego para resistir la presencia policial. A la pérdida de recursos forestales se suman las roturas constantes de alambrados, tranqueras y accesos internos de las fincas, lo que, según los dueños, encarece los costos de producción y modifica la dinámica rural en una zona estrechamente vinculada con la ciudad de Salta por comercio y transporte.
Rechazan medidas cautelares por robo de madera y crece la tensión judicial
En medio de esta situación, el abogado Víctor Hugo del Río, representante legal de la firma Astillas de Plata, impulsó una presentación formal ante la Justicia Penal de Tartagal. Su objetivo era ser aceptado como querellante y actor civil en las causas por robo de madera y otros delitos, además de pedir medidas específicas de protección ambiental y restricciones de acercamiento en la finca Aliki, uno de los puntos más afectados.
No obstante, el 4 de diciembre, Del Río fue notificado del rechazo de su planteo por parte de la Fiscalía Penal 2 de Tartagal. El dictamen cuestionó la falta de un poder especial otorgado por escribano público y el hecho de que la presentación se había realizado ante una jueza de garantías. Como consecuencia, las cautelares destinadas a frenar la tala ilegal en esa finca no se pusieron en marcha.
Mientras tanto, los productores remarcan que, aun cuando se detectan grupos numerosos cometiendo delitos en flagrancia, las detenciones suelen alcanzar a pocas personas, que muchas veces recuperan la libertad a las pocas horas. También señalan que tractores, camiones y motosierras incautados en distintos operativos fueron luego devueltos a sus propietarios, lo que, a su criterio, favorece la continuidad del robo de madera en la zona.
En este contexto, las críticas de los damnificados se concentraron en la actuación del fiscal penal de Tartagal, Rafael Medina. Lo responsabilizan por lo que describen como “un marco de impunidad”, señalando la reiteración de liberaciones y juicios abreviados sin sanciones que consideren disuasivas, además de la devolución de herramientas y vehículos requeridos en los procedimientos.
Los productores rurales afirman que este escenario desalienta el trabajo policial y alienta a los grupos que actúan fuera de la ley. Sostienen que, mientras se acumulan las causas por robo de madera, no se logra una respuesta judicial sostenida que permita disminuir los ataques en la zona de la ruta 86, un corredor por el que circulan camiones hacia y desde la ciudad de Salta con mercadería, insumos y producción agrícola.
Incendio en vivienda de cuidadores y nuevas denuncias penales
Dentro de este cuadro de conflictividad, el hecho más grave se registró el 1 de noviembre en la finca Aliki, propiedad de Astillas de Plata. Según la denuncia, en pleno día un grupo de personas aún no identificadas prendió fuego la casa del cuidador ubicada en la entrada del establecimiento. El episodio fue relejado por efectivos del Destacamento Móvil 5 de Gendarmería Nacional, con base en Tartagal, en un informe elevado al Plan Güemes el 2 de noviembre.
De acuerdo con la empresa, el ataque ocurrió después de que trabajadores de la firma intentaran frenar el ingreso de un grupo furtivo que buscaba avanzar hacia el monte para talar ejemplares de quebracho blanco, quebracho colorado y cebil. La vivienda quedó totalmente destruida y dos empleados lograron salir ilesos de las llamas, siempre según la descripción de la compañía. Este hecho derivó en una nueva causa penal por tentativa de homicidio, que se suma a otras investigaciones por robo de madera, daños y amenazas.
Tras el incendio, autoridades del Ministerio de Seguridad de la Nación tomaron conocimiento del caso y, a partir de las instrucciones impartidas, una patrulla de Gendarmería se trasladó hasta el acceso de la finca. El personal constató que la casa estaba completamente calcinada, hizo un relevamiento del sector afectado y tomó declaraciones a personas que se encontraban en el lugar, incorporando esos datos al reporte oficial. Hasta el momento, de acuerdo con lo informado por los productores, no se identificó de manera completa a los responsables del ataque.
La intervención de la fuerza federal puso en evidencia también las limitaciones de competencia. Según lo informado por el encargado de la finca, Gendarmería se circunscribió a actuar en el perímetro y no ingresó en el interior del predio, lo que —plantean los damnificados— dificulta prevenir nuevos hechos de violencia y seguir de cerca las picadas abiertas por los taladores ilegales dentro del monte.
El propio encargado advirtió que esos senderos internos podrían ser utilizados también para otros delitos, como el movimiento de motocicletas vinculadas a grupos narcos que buscan esquivar controles de seguridad. Para los productores, esta combinación de amenazas convierte la zona en un punto crítico de preocupación para todo el norte de la provincia, incluida la ciudad de Salta, ya que por ese corredor se conectan rutas comerciales, transporte de carga y desplazamientos diarios de trabajadores.
En paralelo, Juan Kútulas, ingeniero agrónomo y titular de Astillas de Plata, indicó que la situación de la finca Aliki y de otras propiedades sobre la ruta 86 fue informada a distintas instancias del Estado. Enumeró pedidos de intervención dirigidos a organismos ambientales, al Ministerio Público Fiscal y a otros poderes, con el objetivo de frenar los robos de madera, la deforestación ilegal y los ataques al personal. Según relatan los productores, hasta la fecha no se establecieron controles permanentes en la zona, y las causas abiertas por robo de madera y hechos violentos siguen su curso en los tribunales de Tartagal.