Vecinos de El Quebrachal denunciaron presuntas irregularidades en el manejo del predio conocido como “Delchu” y señalaron directamente al intendente Rolando Rojas y a su gestión municipal. De acuerdo con los reclamos difundidos, el terreno habría sido fraccionado y entregado en lotes sin sorteos públicos ni programas oficiales claros, lo que generó una fuerte tensión política en la localidad. Además, se cuestiona la permanencia de viviendas del Instituto Provincial de Vivienda (IPV) sin adjudicar y en estado de abandono.
Vecinos de El Quebrachal cuestionan el reparto de Delchu
El conflicto se concentra en el histórico predio “Delchu”, un espacio señalado por residentes de El Quebrachal como punto tradicional de encuentro social y cultural. Según publicó NuevoDiario, a partir de la asunción de Rolando Rojas como intendente comenzaron a registrarse movimientos en esas tierras que derivaron en fuertes cuestionamientos por supuestas irregularidades administrativas.
De acuerdo con las denuncias vecinales, el predio habría sido dividido en lotes y entregado a distintos beneficiarios sin que se difundieran convocatorias abiertas, sorteos ni un marco formal de acceso a la tierra. Los habitantes que plantean su malestar sostienen que no hubo inscripción previa ni reglamentación visible que explicara quiénes podían acceder a esos terrenos ni bajo qué condiciones.
Los reclamos se enfocan en que el reparto, según describen los denunciantes, se habría realizado “a dedo” y sin criterios transparentes. Las críticas indican que esta falta de información concreta sobre el proceso alimenta la desconfianza y potencia la tensión política dentro del pueblo, ya que el lugar tiene un peso simbólico importante para la comunidad.
Acusan favoritismos y piden que se publiquen los listados
Entre las observaciones más fuertes se encuentra la sospecha de que parte de los lotes del predio “Delchu” habrían quedado en manos de personas con vínculos directos con la actual conducción municipal. Los vecinos que elevaron los reclamos mencionan, siempre según la cobertura de NuevoDiario, a familiares del intendente Rolando Rojas, funcionarios del municipio, empleados de áreas estratégicas y allegados a la gestión local como supuestos beneficiarios.
Quienes se sienten perjudicados señalan además que varios de los adjudicatarios mencionados ya tendrían resuelta su situación habitacional, mientras numerosas familias de la localidad siguen sin acceso a un terreno propio. “Entregan tierras a los que ya tienen, mientras otros no tienen dónde vivir”, expresaron ante ese medio, poniendo el foco en el criterio de selección y en las irregularidades que aseguran haber detectado.
Frente a este escenario, uno de los pedidos centrales de los vecinos es que el municipio difunda de manera completa y detallada el listado de personas que recibieron terrenos dentro de “Delchu”. También exigen que se informe bajo qué parámetros se definió a cada adjudicatario y qué documentación respaldó cada entrega, con el objetivo de poder revisar si se cumplieron las normas vigentes para el uso de tierras públicas.
Delchu, un predio emblemático y viviendas del IPV sin uso
El espacio “Delchu” tiene una extensión de 4,84 hectáreas, equivalentes a 48.400 metros cuadrados, y es recordado por los habitantes de El Quebrachal como un sitio de fuerte referencia comunitaria. Durante la gestión del exintendente Eusebio Bulacio funcionó allí el Festival del Garbanzo y se montó infraestructura destinada a actividades culturales y sociales, lo que afianzó su carácter de punto emblemático para el pueblo, según relatan los propios vecinos.
En paralelo al debate por las supuestas irregularidades en el fraccionamiento del predio y las críticas dirigidas a la administración de Rolando Rojas, surgió otra preocupación asociada a viviendas construidas por el Instituto Provincial de Vivienda. Residentes de la zona aseguran que 20 monoambientes ejecutados por el organismo permanecen desocupados, con signos de deterioro, basura acumulada y sin haber sido adjudicados formalmente.
Ante este panorama, los pobladores reclaman mayores controles sobre el destino de las tierras y de las unidades habitacionales estatales en la localidad. Advierten que las presentaciones ya efectuadas por los vecinos podrían transformarse en pedidos formales de investigación si las denuncias continúan su curso administrativo y judicial.