Una denuncia penal contra el presidente Javier Milei por presunto peligro para la seguridad nacional llegó a los tribunales federales de Comodoro Py, a raíz de sus declaraciones públicas sobre la guerra en Medio Oriente y el alineamiento internacional de la Argentina. La presentación también alcanza al canciller Pablo Quirno y quedó radicada, por sorteo, en el Juzgado Criminal y Correccional Federal N° 11, a cargo de Ariel Lijo. Ahora será la Justicia Federal la que evalúe si los dichos de Milei pudieron implicar una extralimitación de sus funciones y un eventual conflicto con las facultades del Congreso.
Denuncia contra Milei: qué se investiga y quién la presentó
El expediente, caratulado CFP 1142/2026, fue iniciado a partir de una denuncia presentada por el abogado Facundo Pérez Ernst, de 23 años, quien señaló al jefe de Estado y al ministro de Relaciones Exteriores por posibles delitos vinculados a la seguridad del país. La causa se tramita en los tribunales de Comodoro Py, el fuero federal con sede en la Ciudad de Buenos Aires donde se instruyen las investigaciones de mayor impacto institucional.
Según surge del escrito, el denunciante atribuye a Milei y a Quirno la posible comisión de varios delitos: hostilidades con peligro de declaración de guerra, abuso de autoridad, violación de los deberes de funcionario público y apología del crimen. Todos esos tipos penales se relacionan con el modo en que el Ejecutivo trazó y comunicó la política exterior frente al conflicto en Medio Oriente.
La acusación no se centra en decisiones administrativas sino, principalmente, en los mensajes y definiciones públicas del Presidente. De acuerdo con la presentación, las manifestaciones oficiales habrían modificado el posicionamiento histórico de la Argentina en materia internacional, lo que para el denunciante podría derivar en consecuencias jurídicas y diplomáticas de peso.
Los dichos de Milei y el presunto peligro de involucrar al país en un conflicto bélico
En el núcleo del planteo judicial aparecen las expresiones de Javier Milei sobre el conflicto en Medio Oriente. El abogado subraya que el mandatario manifestó un respaldo “absoluto” a Estados Unidos e Israel, al mismo tiempo que calificó a Irán como “enemigo” y afirmó que a la guerra “la vamos a ganar”. Para el denunciante, ese tipo de definiciones podría ser leído como una señal de posible involucramiento argentino en un escenario bélico.
La presentación sostiene que ese alineamiento tan marcado generaría un riesgo potencial al ubicar a la Argentina en una posición de confrontación frente a Irán. La mención a un “enemigo” y la idea de una guerra que “se va a ganar” son, para el denunciante, elementos que podrían interpretarse como un paso más allá de una simple postura diplomática, con un eventual peligro para la soberanía y para la seguridad de la población.
Además, se remarca que el tono de las declaraciones de Milei —difundidas en entrevistas y actos públicos— se distancia de la tradición de política exterior más equilibrada que históricamente caracterizó a distintos gobiernos argentinos frente a conflictos armados en otras regiones del mundo.
Rol del Congreso y límites constitucionales en materia de guerra
Otro eje fuerte de la denuncia apunta al reparto de poderes que fija la Constitución Nacional. El escrito recuerda que, según la Carta Magna, solo el Congreso de la Nación puede declarar la guerra, por lo que una eventual escalada verbal del Poder Ejecutivo en esa dirección podría significar, a criterio del denunciante, un avance sobre facultades legislativas.
En ese marco, se plantea que las expresiones del Presidente, al vincularse directamente con un conflicto armado activo, podrían interpretarse como una injerencia en una atribución que la Constitución reserva de forma exclusiva al Parlamento. El planteo deja planteada así una discusión institucional sobre los límites del Poder Ejecutivo al definir y comunicar la política exterior.
Advertencias desde Irán y documentos incorporados a la causa
La denuncia no solo recopila los dichos de Milei, sino que también incorpora documentos relativos a la respuesta de Irán y a la reacción internacional. Como prueba, el abogado adjuntó un editorial del diario Tehran Times, fechado el 17 de marzo, donde se afirma que la Argentina “cruzó una línea roja imperdonable” y se anticipa una reacción “proporcionada a su enemistad”. Para el denunciante, ese texto exhibe el nivel de tensión que habrían generado las definiciones del Gobierno argentino.
Además, se menciona que el 20 de marzo la Cancillería de Irán formalizó una comunicación diplomática dirigida a la Argentina. En esa nota, según está consignado en la presentación, el gobierno iraní cuestionó el “apoyo descarado” de Milei a acciones militares unilaterales en la región, en referencia al respaldo a Estados Unidos e Israel.
Estos antecedentes se incorporan al expediente como contexto de política exterior reciente y como muestra del impacto que las expresiones del Presidente pudieron tener sobre un país directamente involucrado en el conflicto bélico en Medio Oriente.
Encuesta de opinión pública sobre la postura de Milei
Junto con los argumentos jurídicos y los documentos diplomáticos, la denuncia suma datos de opinión pública. El abogado anexó un relevamiento de la consultora Zuban Córdoba, fechado el 12 de marzo de 2026, que releva la percepción social sobre la guerra en Medio Oriente y la política exterior del Poder Ejecutivo. Según ese sondeo, el 72,7% de las personas consultadas se manifestó en contra de la guerra en Medio Oriente.
La misma encuesta indica que el 66,4% de los encuestados considera que la postura asumida por el presidente Milei no representa la posición del conjunto de la sociedad argentina. Esos números se citan en la presentación como un elemento adicional para describir el clima interno frente al rumbo tomado por la Casa Rosada en el plano internacional.
Con la causa ya registrada bajo el número CFP 1142/2026 y asignada al Juzgado Federal N° 11 de Ariel Lijo, la investigación queda ahora a la espera de las primeras medidas que disponga la Justicia Federal, que deberá analizar si los hechos denunciados encuadran o no en los delitos planteados en la presentación.