El defensor del Pueblo de Salta, Federico Núñez Burgos, alertó por el deterioro acelerado de la economía de los hogares de ingresos medios de la provincia, que según describió ya deben elegir entre pagar servicios básicos o comprar comida. El funcionario señaló que, durante 2025 y lo que va de 2026, la Defensoría del Pueblo modificó por completo el tipo de reclamos que recibe, con una mayoría de casos vinculados al aumento de tarifas de servicios y al encarecimiento de los alimentos. Además, atribuyó parte de esta situación a cambios en la política de subsidios energéticos.
La defensoría del Pueblo de Salta cambia el tipo de reclamos
Desde la oficina que encabeza el defensor del Pueblo, Federico Núñez Burgos, detallaron que en estos meses se nota un giro fuerte en la demanda ciudadana. Los expedientes relacionados con el monto de las facturas de luz, agua y otros servicios públicos, así como con el precio de la comida, pasaron a ser mayoría frente a otros temas.
El propio Núñez Burgos recordó que hasta mediados de 2025 el principal motivo de consulta en la Defensoría del Pueblo de Salta eran los problemas con las prestaciones de obras sociales de alcance nacional. Eran habituales los reclamos por demoras, autorizaciones o coberturas médicas, que ocupaban el primer lugar en volumen de presentaciones.
Sin embargo, el defensor indicó que desde agosto de 2025 se observa un cambio claro en ese perfil. A partir de ese momento, empezaron a ganar espacio las quejas por el costo de los servicios esenciales, las dificultades para mantenerlos al día y los trámites para acceder a subsidios o beneficios que alivien el impacto de los aumentos en la economía familiar.
Impacto de las tarifas y la inflación en la clase media salteña
En su análisis, el defensor del Pueblo de Salta remarcó que la provincia todavía dispone de programas de acompañamiento para los sectores de menores ingresos, tanto en energía eléctrica como en servicios sanitarios. No obstante, advirtió que el golpe de las subas ya no se concentra en los hogares más pobres, sino que se extendió a la clase media, que históricamente tenía mayor margen para afrontar estos gastos.
“La clase media en Salta tiene que elegir si comer o pagar la luz”, resumió Núñez Burgos al graficar la situación que hoy se refleja en las consultas a la Defensoría del Pueblo. Según explicó, se nota “una mayor dificultad de sectores de ingresos medios para afrontar el pago regular de los servicios”, lo que deriva en atrasos, planes de pago o pedidos de revisión de facturas.
El funcionario vinculó este escenario con la evolución de los precios en las góndolas. Aseguró que “la inflación en alimentos nos está llevando de las narices” y relacionó esa dinámica con el empeoramiento de las condiciones cotidianas para sostener un nivel mínimo de consumo en los hogares de Salta, aun en familias con ingresos formales.
Modificaciones en subsidios energéticos y consumo básico
Entre las causas del aumento de los reclamos, Núñez Burgos señaló los cambios en el esquema de segmentación de subsidios energéticos aplicado en los últimos meses. Recordó que el sistema anterior contemplaba categorías de usuarios según su nivel de ingreso, pero sostuvo que esa estructura fue modificada y en muchos casos eliminada, lo que dejó sin apoyo a usuarios que antes recibían una ayuda para pagar la luz.
“Ese sector medio que tenía apoyos hoy directamente pasó a no estar subsidiado”, describió el defensor del Pueblo. Según explicó, la pérdida de esa cobertura se suma a incrementos en otros rubros básicos, por lo que muchas familias deben reorganizar sus gastos esenciales y priorizar qué pagar primero para poder llegar a fin de mes en la provincia de Salta.