Organismos de la defensa pública nacional salieron a rechazar el proyecto del Gobierno que impulsa cambios en el Régimen Penal Juvenil y propone bajar la edad de imputabilidad penal juvenil en Argentina. En un pronunciamiento conjunto, el Consejo Federal de Defensores y Asesores Generales y la Asociación Civil de la Defensa Pública de la República Argentina (ADEPRA) advirtieron que no ven ni urgencia ni necesidad para adelantar la edad de responsabilidad penal, y reclamaron que el Congreso encare una discusión más amplia antes de avanzar.
El documento, difundido en las últimas horas, apunta al corazón del debate político y legislativo sobre la imputabilidad juvenil, un tema que divide a oficialismo y oposición y que también tiene impacto en la discusión pública sobre seguridad y política criminal a nivel nacional.
Las entidades, donde participan representantes de todas las provincias –incluida Salta, a través de la defensora Mirta Lapad– remarcaron que las cifras disponibles muestran que los delitos graves cometidos por menores de 18 años son pocos y que, dentro de ese grupo, la participación de chicos de menos de 16 es todavía más baja.
Defensores alertan por cambio en la edad de imputabilidad
En el texto difundido, tanto el Consejo Federal como ADEPRA sostienen que la baja en la edad de imputabilidad de los adolescentes resulta “innecesaria” frente al panorama actual del delito juvenil. Según explican, la proporción de hechos graves protagonizados por menores es reducida si se la compara con el total de delitos registrados en el país.
Además, remarcan que la gran mayoría de las causas donde aparecen adolescentes están vinculadas con delitos contra la propiedad, principalmente robos y hurtos. De acuerdo con el pronunciamiento, cerca del 90 por ciento de esos expedientes se concentran en cuatro jurisdicciones: provincia de Buenos Aires, Santa Fe, Córdoba y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, mientras que en el resto del territorio nacional la realidad muestra otros matices.
Con ese cuadro, los organismos sostienen que no se justifica modificar la edad de punibilidad, y que insistir con ese enfoque no resolverá los problemas de seguridad ni mejorará el funcionamiento del sistema de justicia penal juvenil.
Argumentos sobre desarrollo juvenil y estándares internacionales
El comunicado también incorpora fundamentos vinculados al desarrollo de niños, niñas y adolescentes, un punto central dentro de la discusión sobre la imputabilidad penal juvenil. Las organizaciones afirman que este grupo etario necesita un trato específico en la justicia y recuerdan que se encuentra en pleno proceso de crecimiento y maduración.
En esa línea, citan estudios que señalan que el lóbulo frontal del cerebro –clave para tomar decisiones y medir riesgos– no termina de desarrollarse hasta después de los veinte años. Por eso, subrayan que “los niños, niñas y adolescentes no son adultos pequeños sino seres humanos que se encuentran en desarrollo” y que requieren una respuesta distinta del sistema penal.
Los defensores recuerdan además que su rol institucional, fijado en la Constitución y en tratados internacionales, es garantizar la protección efectiva de los derechos de la niñez y la adolescencia. Destacan que deben actuar en sintonía con los estándares fijados por organismos internacionales y con los acuerdos asumidos por el Estado argentino en materia de justicia juvenil.
Reclamo al Congreso por el tratamiento del proyecto
Sobre el trámite parlamentario, el Consejo Federal y ADEPRA piden que la iniciativa oficial sobre régimen penal e imputabilidad juvenil no se discuta “a las apuradas” en el Congreso. Sostienen que, dado que no observan una situación de urgencia, corresponde abrir el juego a otros proyectos que ya tuvieron o tienen recorrido legislativo y que podrían integrarse en un esquema común.
En su pronunciamiento, reclaman además que se convoque a especialistas y operadores del propio sistema de justicia juvenil antes de avanzar con cambios de fondo. Textualmente señalan que “es imperioso que se consulte con especialistas y operadores del sistema, en función de la importancia y trascendencia social de la temática, no existen razones que justifiquen un tratamiento apresurado”. Con ese planteo, dejaron formalizado su pedido ante el debate que se prepara en el Parlamento nacional.