Cristina Kirchner presentó ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU un reclamo vinculado con su libertad electoral, la inhabilitación perpetua para ocupar cargos y las condiciones de su prisión domiciliaria. Sus abogados expusieron el caso el 29 de julio en Buenos Aires y mencionaron el antecedente de Lula da Silva. Aunque la defensa acudió a un organismo de la ONU, aclaró que no se trata de un Tribunal Internacional, sino de un Comité que puede analizar comunicaciones individuales. También pidió completar las vacantes de la Corte Suprema.
La presentación fue ingresada a mediados de julio, según informó el equipo jurídico de la ex presidenta. Carlos Beraldi, Rafael Valim y Javier Borrego participaron de una conferencia de prensa en un hotel del centro porteño para explicar los alcances de la estrategia, luego de que la Corte Suprema rechazara un recurso de queja relacionado con la condena dictada en la causa Vialidad.
La defensa pidió una medida urgente sobre la candidatura de Cristina Kirchner
Uno de los puntos principales del escrito busca que el Comité de Derechos Humanos suspenda la prohibición que impide a Cristina Kirchner postularse en elecciones. La inhabilitación perpetua quedó firme en los hechos tras la resolución de la Corte Suprema que rechazó el planteo de la defensa, según sostuvo Beraldi durante el encuentro con periodistas.
Posteo de Cristina Kirchner: llevó su reclamo judicial al Comité de la ONU
Ese escenario dejó sin efecto la posibilidad de que la ex mandataria fuera candidata a diputada bonaerense en las legislativas del año pasado, una postulación que había manifestado públicamente. Horas antes de la conferencia, Cristina Kirchner difundió una carta abierta en la que relacionó la sanción con su intención de volver a competir en una elección.
“La proscripción perpetua es, en realidad, la pena principal. La privación de la libertad por seis años es sólo la accesoria. Quieren impedir que una parte del pueblo argentino pueda volver a elegir libremente el proyecto que representa sus esperanzas”, afirmó Fernández de Kirchner en ese texto.
El Comité de Derechos Humanos podría resolver medidas cautelares
Los abogados explicaron que el organismo de la ONU puede definir medidas cautelares sobre uno o varios aspectos de la petición, mientras que una decisión sobre el fondo del planteo podría demorar años. Para la representación de la ex presidenta, los pronunciamientos del Comité son obligatorios para los Estados que integran el sistema, entre ellos la Argentina.
Valim, abogado brasileño especializado en Derecho Constitucional, Administrativo y Derechos Humanos, señaló que la presentación utiliza una herramienta contemplada en la Constitución. El letrado integró el equipo de defensa de Lula da Silva cuando el actual presidente de Brasil fue condenado a prisión. La defensa eligió el Comité de Derechos Humanos en lugar de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos porque considera que tiene mayor efectividad.
El reclamo también abarca la prisión domiciliaria y la Corte Suprema
La petición presentada ante la ONU incluye una revisión de las condiciones bajo las cuales Cristina Kirchner cumple prisión domiciliaria. Borrego indicó que la ex presidenta debe trasladarse dentro de su vivienda con una tobillera electrónica y sostuvo que ese aspecto debe ser evaluado por el organismo internacional.
Además, los abogados solicitaron que se complete de inmediato la integración de la Corte Suprema. El tribunal funciona con tres jueces desde diciembre de 2024, pese a que la ley establece una composición de cinco integrantes. La defensa incorporó este punto dentro de los cuestionamientos al proceso que terminó con la condena en el expediente Vialidad.
La presentación internacional fue definida después de la denegatoria de la Corte a un recurso de queja. Beraldi afirmó que aquella resolución cerró las vías judiciales locales. El rechazo, producido en junio de 2025, confirmó la condena dictada por el Tribunal Oral Federal 2 y dejó vigente la inhabilitación para ejercer cargos electivos.
Los abogados cuestionaron el procedimiento de la causa Vialidad
Borrego, ex juez del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, sostuvo que el objetivo es que el Comité conozca las objeciones de la defensa al trámite judicial. El jurista español afirmó: “Queremos que el Comité sepa que hubo fraude en el procedimiento”. También planteó que existió hostilidad del Poder Judicial hacia Cristina Kirchner por su condición de mujer.
Beraldi se refirió específicamente a la imputación vinculada con el decreto 54/2009, por el cual se incorporó a la Dirección Nacional de Vialidad como beneficiaria de un fideicomiso. El abogado sostuvo que los presidentes no administran los fondos de ese organismo y remarcó que el decreto continúa vigente.
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El planteo se da, además, con un antecedente de la Corte Suprema sobre decisiones de organismos internacionales. En la causa Fontevecchia y D’Amico vs Argentina, resuelta en 2017, el tribunal sostuvo que esos organismos no constituyen “una cuarta instancia de revisión”. En aquella decisión, el entonces juez Juan Carlos Maqueda expresó una disidencia.