La Justicia resolvió que el adolescente de 15 años señalado en el crimen de Kim Gómez continúe su escolaridad de manera virtual y deje de asistir en forma presencial a la Escuela Secundaria N° 41 de Abasto, en La Plata. La medida fue informada este miércoles, después de varios reclamos de familias de alumnos que denunciaron miedo dentro del establecimiento, faltas masivas y distintos episodios atribuidos al menor. Mientras tanto, el caso sigue ligado a la condena ya dictada contra Tobías Godoy, el otro acusado por el homicidio de la nena de 7 años.
La definición judicial apareció en medio de una fuerte tensión dentro de la comunidad educativa. Según plantearon madres y padres, desde el regreso del adolescente a clases se registraron situaciones que encendieron la alarma, entre ellas la exhibición de videos vinculados con la muerte de la niña. También se mencionaron presuntas conductas disruptivas, amenazas y mensajes intimidatorios en redes sociales relacionados con el caso.
Aunque la decisión dispone que el chico siga estudiando a distancia, las familias aseguraron que todavía no recibieron una comunicación formal sobre esa resolución. De todos modos, mantuvieron la convocatoria para este viernes, con el planteo de exigir condiciones de seguridad y precisiones sobre cómo seguirá tanto el trayecto educativo del menor como el expediente judicial que se abrió por el crimen de Kim Gómez en La Plata, donde también fue juzgado Tobías Godoy.
La decisión judicial cambió la modalidad escolar del adolescente
La medida alcanzó al joven que tenía 14 años al momento del hecho y que, por esa razón, quedó bajo la órbita de la Justicia Penal Juvenil. Con esta nueva disposición, ya no concurrirá físicamente a la escuela de Abasto y deberá continuar su formación a través de clases virtuales.
El punto central del conflicto había surgido por su regreso al aula dentro de un proceso de reinserción. Esa vuelta generó rechazo entre parte de las familias, que empezaron a hacer presentaciones por lo que describieron como un clima de temor entre los estudiantes. Uno de los padres resumió esa preocupación con una frase directa: “Los chicos tienen miedo. Nosotros los mandamos a estudiar tranquilos y nos encontramos con esta situación”.
Además, otros familiares afirmaron que el adolescente habría ingresado droga a la institución. Esa denuncia se sumó a una serie de cuestionamientos que, según el medio platense 0221, también incluyeron problemas de convivencia y reportes de movimientos intimidatorios en redes sociales, siempre ligados al impacto que sigue teniendo la causa.
El reclamo de las familias creció por el miedo y el ausentismo
En los últimos días, la preocupación dejó de ser un comentario aislado y pasó a reflejarse en la asistencia escolar. Según se informó, hubo un ausentismo masivo de alumnos en la Escuela Secundaria N° 41. Para los padres, ese dato mostró que el conflicto ya había desbordado el plano individual y comprometía la vida cotidiana de toda la comunidad educativa.
Por eso, aun después del anuncio sobre la virtualidad, las familias sostuvieron la movilización prevista para este viernes. El reclamo, de acuerdo con lo que expresaron, apunta a obtener garantías concretas de seguridad dentro del establecimiento y una explicación clara sobre cuáles serán los próximos pasos en relación con el menor.
Hasta ahora, uno de los puntos de mayor malestar es que no hubo, según indicaron, una notificación formal que confirme la resolución judicial. Esa falta de comunicación alimentó la incertidumbre en un caso que desde el principio generó conmoción pública por la edad de los involucrados, la gravedad del hecho y las consecuencias que todavía repercuten en La Plata.
Cómo quedó la situación penal del menor y qué pasó con Tobías Godoy
La situación del adolescente de 15 años quedó marcada por la resolución que tomó el 27 de mayo de 2025 la jueza del Fuero de Responsabilidad Penal Juvenil María José Lescano. Como el chico era inimputable al momento del crimen de Kim Gómez, la magistrada dispuso que permaneciera alojado durante dos años en un instituto de menores.
Esa decisión fue cuestionada por la fiscal Carmen Ibarra, quien había pedido que la medida se extendiera hasta que alcanzara la mayoría de edad para que pudiera ser juzgado por el homicidio. Al sostener su planteo, la fiscal advirtió que el adolescente representaba un riesgo para sí mismo y para terceros, y remarcó que había tenido participación activa en el robo que terminó con la muerte de la nena.
En paralelo, la querella sí consiguió llevar a juicio al otro imputado del expediente, Tobías Godoy. El joven tenía 17 años cuando ocurrió el hecho y en marzo de este año el Tribunal de Responsabilidad Penal Juvenil Nº 1 de La Plata lo condenó a 23 años y cuatro meses de prisión.
La sentencia contra Tobías Godoy fijó el otro punto clave del expediente
El fallo contra Tobías Godoy fue firmado por los jueces Marcelo Giorgis, Juan Carlos Estrada y Guillermo Marcenaro. En la sentencia, los magistrados valoraron de manera negativa su conducta, tanto por el desarrollo del juicio como por el tratamiento tutelar que había recibido hasta ese momento.
Los jueces también señalaron que, si no hubiera sido menor de edad al momento del crimen, la pena habría sido perpetua. En ese mismo pronunciamiento, remarcaron que el acusado mostró “ausencia de arrepentimiento y desprecio a la vida humana”, una conclusión que quedó asentada en el texto judicial.
La resolución incluyó una cita textual del tribunal: “La impresión causada por el joven durante todo el desarrollo del juicio es negativa en función de los dichos vertidos ante el Tribunal en sus últimas palabras, que revelan ausencia de arrepentimiento y desprecio a la vida humana… Conocía que la niña se hallaba dentro del vehículo e intentó deshacerse de ella, sin importarle las consecuencias”.
Junto con la condena por el homicidio “criminis causa”, el tribunal ordenó que Tobías Godoy inicie un tratamiento psiquiátrico-psicológico “que lo acompañe en este proceso de responsabilización” y que realice una capacitación o tratamiento vinculado con el respeto por la vida y la dignidad humana, “con perspectiva hacia personas en situación de vulnerabilidad, en especial de mujeres y niños, a fin de que asuma una actitud constructiva y responsable hacia la sociedad, adquiriendo respeto por los derechos humanos y las libertades fundamentales de todas las personas”.