El esquema de préstamos del Banco Nación volvió al centro de la escena política nacional luego de que se conociera que Nazarena Menem obtuvo un crédito por $236 millones, lo que reavivó las dudas sobre a quiénes se beneficia y bajo qué condiciones. La joven, hija de Eduardo “Lule” Menem y empleada de la Auditoría General de la Nación, se suma a una lista de dirigentes y allegados al oficialismo libertario que recibieron financiaciones millonarias, mientras en el mismo banco se rechaza a la gran mayoría de los solicitantes comunes de créditos hipotecarios. La controversia alcanza al gobierno nacional, al Congreso y a referentes de La Libertad Avanza en Córdoba, en un contexto de ajuste y restricciones al gasto.
el crédito de $236 millones a nazarena menem y las dudas sobre su otorgamiento
El caso de Nazarena Menem y su crédito por $236 millones expuso nuevamente la forma en que el Banco Nación viene otorgando préstamos a personas vinculadas al oficialismo. La joven, de 26 años, figura como empleada de la Auditoría General de la Nación y, según trascendió en ámbitos políticos y financieros, tendría un ingreso mensual cercano a los $2,5 millones, con poca antigüedad en ese puesto.
Con ese nivel de salario y trayectoria laboral, especialistas del sistema financiero consultados por distintos actores políticos advirtieron que, en condiciones normales de mercado, sería muy difícil que una persona con ese perfil acceda a un crédito de la magnitud de los $236 millones. Las observaciones apuntan a la relación cuota-ingreso, a los criterios habituales de riesgo y a las garantías que se exigen para ese tipo de montos.
Además, este préstamo no aparece aislado: se suma a otro crédito previamente concedido al hermano de Nazarena Menem, por lo que el total de financiamiento que recibió la familia se acerca a los $600 millones. Ese dato alimentó las sospechas de sectores de la oposición parlamentaria, que vienen señalando un esquema de beneficios para personas con alto nivel de exposición política.
La discusión gira en torno a si el Banco Nación evaluó a la joven bajo los mismos parámetros que a cualquier otro solicitante o si, en cambio, se aplicó algún tratamiento diferencial por su parentesco con Eduardo “Lule” Menem y por el peso de su apellido dentro del armado político oficialista. Desde el banco sostienen que todas las operaciones están dentro de los reglamentos internos, pero esas aclaraciones no alcanzaron para cerrar el debate en el Congreso ni en la opinión pública.
créditos a dirigentes libertarios: cordoba, el banco nación y el impacto político
El expediente de Nazarena Menem, más allá del crédito de $236 millones que encendió las alarmas, no es el único que genera ruido. En Córdoba también se detectaron préstamos millonarios del Banco Nación a dirigentes vinculados a La Libertad Avanza y al armado que responde a Karina Milei en el interior del país, lo que amplió el frente de cuestionamientos políticos.
Uno de los casos señalados es el de Carlos Andrés Bauzá, actual titular de la delegación de Anses en Córdoba e hijo del histórico dirigente menemista Eduardo Bauzá. Según la documentación que trascendió, figura como beneficiario de un crédito del Banco Nación por $22.906.000, otorgado en febrero de 2026. Además de su función en el organismo previsional, mantiene una sociedad con el diputado Gabriel Bornoroni en un estudio jurídico que, entre otras actividades, administra la delegación local del PAMI.
Este entramado societario pegado al aparato estatal terminó chocando con el discurso libertario contra “la casta”. La oposición nacional, en el Congreso y en las provincias, retomó estos datos para remarcar que el acceso a créditos estatales de gran volumen sigue siendo un privilegio de sectores ligados al poder, mientras que familias de clase media y trabajadores tienen trabas para conseguir financiamiento, especialmente para comprar vivienda.
Otro dirigente cordobés que aparece en los registros del Banco Nación es el diputado nacional Marcos Patiño Brizuela, integrante del entorno de Bornoroni y ex titular del PAMI en Córdoba. Según los datos oficiales, en agosto de 2025 obtuvo un crédito por $164 millones. Este expediente es considerado particularmente delicado dentro de la entidad financiera.
De acuerdo con la información del Banco Central (BCRA), Patiño Brizuela registra una calificación crediticia negativa, por deudas previas en el sistema. Ese tipo de situación suele impedir, en la práctica, el acceso a nuevos créditos estatales. Sin embargo, el préstamo fue otorgado y, hasta el momento, el Banco Nación no logró justificar de manera completa la operatoria en términos administrativos. Esto abrió un nuevo foco de tensión para la administración nacional.
reglamentación 802, cargos políticos y beneficio en tasas preferenciales
Detrás de los casos de Nazarena Menem, el crédito por $236 millones y los préstamos a otros dirigentes libertarios aparece una herramienta clave: la Reglamentación 802 del Banco Nación. En septiembre de 2024, durante la gestión de Daniel Tillard y Darío Wasserman al frente de la entidad, se introdujo una “aclaratoria” que cambió el alcance de esa normativa interna.
La modificación permitió que “cargos políticos designados por resolución o electivos” pudieran calificar para créditos hipotecarios con las tasas más bajas del mercado. Esa puerta normativa, abierta en pleno contexto de ajuste fiscal y recorte del gasto, habilitó a cerca de 40 funcionarios de alto rango, incluidos asesores del Ministerio de Economía, a tomar préstamos que, en promedio, rondaron los u$s250.000.
En muchos de esos casos, se comprobó que las adjudicaciones se usaron para la compra de segundas o incluso terceras propiedades, mientras que la mayoría de los ciudadanos que se acercan al Banco Nación no logra cumplir las exigencias mínimas para un crédito hipotecario. Datos internos de la entidad indicaban que 8 de cada 10 solicitantes eran rechazados por no reunir las condiciones de elegibilidad.
Este contraste entre el acceso fluido para funcionarios y allegados al poder, por un lado, y las barreras para el resto de la población, por el otro, amplificó el costo político del esquema crediticio. Legisladores de distintas fuerzas, tanto de la oposición tradicional como de bloques provinciales, pidieron precisiones sobre los criterios aplicados en cada uno de los casos revelados.
marcha atrás parcial del banco nación y créditos que siguen vigentes
Con la polémica ya instalada y una cobertura sostenida en medios nacionales, el Banco Nación resolvió el mes pasado derogar el apartado que beneficiaba a “cargos políticos” dentro de la Reglamentación 802. La decisión se presentó como un intento de frenar el desgaste público y evitar nuevas críticas por eventuales préstamos futuros a funcionarios.
No obstante, esa corrección normativa no modificó la situación de los créditos ya otorgados. Todas las operaciones aprobadas durante la vigencia de la “aclaratoria” permanecen activas con las mismas condiciones preferenciales: montos elevados, plazos extendidos y tasas de interés por debajo de las que se ofrecen al resto de los clientes. Es decir, la marcha atrás fue hacia adelante, pero sin carácter retroactivo.
En el plano político, el oficialismo libertario quedó expuesto a cuestionamientos de la oposición, que pone el foco en la distancia entre el discurso contra el uso intensivo de recursos del Estado y la utilización de herramientas financieras estatales por parte de sus propios dirigentes. En el Congreso, se multiplican los pedidos de informes para conocer en detalle el listado de beneficiarios y los fundamentos de cada operación.
Mientras tanto, los funcionarios mencionados en Córdoba —Carlos Andrés Bauzá, Marcos Patiño Brizuela y el propio Gabriel Bornoroni— no respondieron de manera pública a las denuncias ni dieron explicaciones sobre la capacidad real que tienen, con salarios estatales declarados, para sostener cuotas que, de acuerdo con estimaciones privadas, rondan los $4 millones mensuales en créditos de ese tipo.
El debate político se mantiene abierto y, por ahora, la única modificación concreta del esquema fue la exclusión de los “cargos electivos” y designados de la Reglamentación 802. Los préstamos previamente aprobados, incluido el crédito de $236 millones a Nazarena Menem y los casos de Córdoba, siguen en curso bajo los términos originales con los que fueron firmados.