La Legislatura de Córdoba aprobó una reforma al Código de Convivencia que cambia de lleno el esquema con el que se venía controlando a los cuidacoches, conocidos como trapitos legales e informales, y a los limpiavidrios de la vía pública, además de sumar sanciones a las picadas de autos en toda la provincia. La norma fue votada con 51 apoyos y 19 rechazos y obliga a los municipios cordobeses, en el plazo de 30 días, a adaptar sus ordenanzas a este nuevo marco sancionatorio.
El nuevo esquema fija arrestos de hasta seis días para quienes pidan dinero por cuidar vehículos estacionados sin tener permiso municipal, y también para los limpiavidrios que trabajen en los semáforos sin autorización. En paralelo, regula la actividad de los trapitos legales que sí cuentan con habilitación, con penas menores pero igualmente previstas en el Código de Convivencia.
Durante el debate, el oficialismo de Córdoba respaldó la iniciativa, mientras que bloques del juecismo, del espacio libertario y de la izquierda votaron en contra, cuestionando el alcance real de la regulación sobre el trabajo informal en la calle. Además, el legislador libertario Gregorio Hernández Maqueda y el delasotista Bernardo Knipscheer expusieron críticas puntuales a la letra de la ley.
Córdoba fija arrestos y nuevas reglas para trapitos legales e informales
En el corazón de la reforma, la Legislatura de Córdoba incorporó al Código de Convivencia un capítulo que apunta de manera directa a los cuidacoches no habilitados y a los limpiavidrios que trabajan en la calle. La norma fija arrestos de hasta seis días para quienes exijan o soliciten dinero por cuidar autos en la vía pública sin contar con autorización municipal, equiparando esa sanción a la prevista para los limpiaparabrisas informales que se ubican en las esquinas y semáforos.
Sin embargo, el texto también marca diferencias entre los llamados trapitos legales y los que no lo son. En el caso de los cuidacoches que sí están inscriptos o autorizados por los municipios, el Código de Convivencia cordobés establece penas más bajas, de hasta tres días de arresto, aplicables cuando el trabajador cobre montos por encima de lo fijado, preste servicio fuera de las zonas definidas o incurra en otras irregularidades vinculadas a su habilitación.
Además de este apartado, la ley incorporó de manera específica la prohibición de organizar o participar en picadas de vehículos, que pasan a ser consideradas conductas sancionables dentro del mismo código. Aunque esta novedad fue incluida, el foco de la discusión política giró casi por completo en torno a la figura de los cuidacoches, tanto los trapitos legales como los informales, y a la tarea de los limpiavidrios que ya venía generando conflictos en la capital y en distintas localidades de Córdoba.
La reforma se aplica a todo el territorio provincial, por lo que no se limita a la ciudad de Córdoba. En consecuencia, los municipios deberán revisar cómo ordenan y registran a los cuidacoches, y de qué manera articularán el control y la aplicación de arrestos o multas con las fuerzas encargadas de hacer cumplir el Código de Convivencia.
Obligación para los municipios y cuestionamientos a la ley
Uno de los puntos centrales de la nueva normativa es que cada municipio de Córdoba tiene un plazo de 30 días para adecuar sus ordenanzas al texto aprobado en la Legislatura. Esto abre una etapa de implementación en la que los gobiernos locales deberán definir protocolos de control, coordinación con la Policía y criterios para diferenciar entre trapitos legales e informales, tanto en el centro de las ciudades como en barrios y zonas de alta circulación.
La discusión en el recinto se dio luego de que ingresaran cuatro proyectos distintos relacionados con cuidacoches y limpiavidrios. El texto que finalmente se trató y se convirtió en ley fue impulsado por el legislador Óscar Agost Carreño, quien hizo la síntesis entre las propuestas que habían llegado a comisión, aunque dejó afuera iniciativas más duras sobre la prohibición total de la actividad.
Desde la oposición, el libertario Gregorio Hernández Maqueda fue uno de los más críticos. Acompañó el avance sobre los limpiavidrios, pero cuestionó el trato diferencial para los naranjitas y cuidacoches habilitados. “Se aprobó una ley trucha”, afirmó durante su exposición, argumentando que la modificación “no elimina el problema” y que mantiene la brecha entre quienes cuentan con registro y quienes no lo tienen.
Hernández Maqueda también alertó que la forma en que quedó plasmado el texto permitiría que continúen situaciones de presión o pedidos de dinero en la vía pública, incluso bajo el paraguas de los trapitos legales. Por eso, adelantó que insistirá con su proyecto original, que planteaba directamente la prohibición total de la actividad de cuidacoches, una iniciativa que no fue incorporada al articulado que obtuvo mayoría.
Debate por el impacto social y número de puestos de trabajo
Otro de los discursos que se desmarcó de la redacción final fue el del legislador delasotista Bernardo Knipscheer, quien puso el foco en las consecuencias sociales de la reforma en Córdoba. Desde esa mirada, se opuso a que el Código de Convivencia trate principalmente como una cuestión punitiva la presencia de personas que trabajan como cuidacoches y limpiavidrios. “Donde ven a un delincuente, yo quiero seguir viendo a un cordobés que se cayó del sistema”, expresó al justificar su voto negativo.
En los debates previos a la sesión, se había señalado que la discusión alcanzaba a entre 2.000 y 3.000 puestos de trabajo vinculados a cuidacoches y limpiavidrios, según las estimaciones del referente de naranjitas Noel Quinteros. Este dirigente había planteado que el esquema normativo respetaba la autonomía municipal y que, a la vez, abría una puerta para que quienes hoy están fuera del registro se sumen a cooperativas y regularicen su situación en las calles de Córdoba.
En esa misma línea, el articulado menciona programas de capacitación e inserción laboral apuntados a los cuidacoches y limpiavidrios sin registro formal, tanto trapitos legales que pierdan su habilitación como trabajadores totalmente informales. El texto solo hace referencia general a estas herramientas y no detalla cómo se ejecutarán, lo que ya deja abiertas dudas acerca de su puesta en marcha concreta en los distintos municipios de la provincia.
La ley cierra con dos pilares claros: por un lado, las sanciones para infractores, que incluyen arrestos y control reforzado sobre picadas, cuidacoches y limpiavidrios; y por otro, la obligación de que cada municipio cordobés ajuste sus normas locales al Código de Convivencia en un lapso de 30 días desde la aprobación legislativa.