El Gobierno nacional definió esta semana un refuerzo de los controles aduaneros sobre las importaciones de ropa usada, incorporando un nuevo formulario obligatorio para evaluar riesgos sanitarios y ambientales. La medida, que no prohíbe la operatoria pero sí la vuelve más exigente, surge tras un incremento muy fuerte del ingreso de esta mercadería durante 2025 y luego de advertencias del Ministerio de Salud, de la Subsecretaría de Comercio Exterior y de cámaras empresarias del sector textil, preocupadas por el impacto sobre la producción local y el empleo.
Nuevo formulario para las importaciones de ropa usada y foco en salud pública
En el marco de un seguimiento más estricto sobre las importaciones de ropa usada, la Aduana implementará un requisito extra al momento de registrar las destinaciones. De acuerdo con documentación interna, se exigirá la presentación del documento denominado AUTO-ROPA-USADA, que se sumará a los certificados ya vigentes para este tipo de operaciones. La decisión se tomó tras consultas entre distintas áreas del Estado y reuniones con representantes del sector privado vinculados a la actividad.
Según el texto de circulación interna, “al momento de registro de destinaciones aduaneras se solicitará un nuevo documento AUTO-ROPA-USADA”. Este formulario se aplicará a las posiciones arancelarias 6309.00.10 y 6309.00.90, que comprenden ropa usada y otros artículos similares. Una fuente con experiencia en trámites aduaneros explicó que el objetivo es frenar la escalada de la operatoria sin llegar a una prohibición total de las importaciones, algo que sería incompatible con la línea general de la política comercial oficial.
El mismo informe aclara que la medida se considera necesaria para poder analizar en detalle los posibles efectos que las importaciones de ropa usada pudieran generar sobre el ambiente y la salud pública. En particular, se busca contar con información adicional para evaluar si la mercadería puede representar vectores de enfermedades u otros riesgos sanitarios asociados a su manipulación, transporte y comercialización masiva en el mercado interno.
Desde el punto de vista operativo, el formulario AUTO-ROPA-USADA pasará a ser un filtro más dentro del circuito de aprobación. A los importadores se les requerirá completar datos específicos sobre origen, tratamiento previo de las prendas y condiciones de traslado. Este esquema se sumará al certificado de desinfección, que ya estaba vigente para la ropa usada, elevando el estándar de documentación y aumentando la cantidad de pasos administrativos para concretar cada operación.
Una fuente del ámbito oficial que participó del diseño de la medida anticipó que el impacto en el flujo de mercadería será considerable. De acuerdo con su lectura, cada vez que se agregan instancias adicionales de control y evaluaciones sanitarias más detalladas, muchos operadores optan por frenar o reducir el volumen, sobre todo cuando el procedimiento no es ágil y se percibe riesgo de demoras en la liberación de la carga.
Salto de las importaciones, presiones del sector textil y contexto productivo
El endurecimiento en los controles sobre las importaciones de ropa usada no surge aislado, sino después de un cambio fuerte en el volumen de estas operaciones. Un informe difundido a fines de noviembre indicó que, en los primeros ocho meses de 2025, los montos importados se multiplicaron por cuarenta frente a todo 2024. Ese dato encendió alarmas entre los fabricantes de indumentaria y textiles, que trasladaron su preocupación a la Secretaría de Coordinación de Producción.
Tras la publicación de esas cifras, distintas áreas del Gobierno iniciaron rondas de consultas internas y encuentros con actores privados del rubro. En ese marco se discutieron posibles mecanismos para limitar la operatoria sin volver al esquema de prohibición que rigió entre 1999 y 2022. El resultado fue la creación del formulario AUTO-ROPA-USADA como herramienta para acotar y monitorear más de cerca las importaciones de ropa usada.
En la documentación analizada por las autoridades también se incluyeron advertencias de cámaras industriales. Los empresarios remarcaron que gran parte de la ropa usada que ingresa al país proviene de Estados Unidos, donde, por normas ambientales y costos elevados, no se la destruye mediante incineración. En cambio, se la canaliza mediante exportaciones, lo que genera un flujo constante de fardos de prendas hacia otros mercados.
Una vez que la mercadería llega al país, los distribuidores la organizan en paquetes de entre 25 y 50 kilos, que pueden clasificarse por tipo de prenda o incluso por marca. Esos lotes se comercializan en buena parte a través de redes sociales, con esquemas de venta directa al consumidor y reventa minorista. Las cámaras del sector vienen marcando no solo el costado sanitario del fenómeno, sino también su posible impacto ambiental.
Como referencia, señalan el caso del desierto de Atacama, en Chile, donde, según describen, cerca del 40% de la ropa que ingresa termina desechada por no estar en condiciones de venta. Ese antecedente se usa como ejemplo de lo que podría ocurrir si el ingreso de grandes volúmenes de ropa usada no va acompañado de controles adecuados y de una capacidad real para absorberla en el mercado sin generar basurales textiles.
Impacto macroeconómico en la industria textil y empleo registrado
El avance de las importaciones de ropa usada coincidió con un deterioro marcado en la situación de las fábricas textiles locales. De acuerdo con datos del INDEC, en octubre las plantas del sector operaron con apenas el 33% de su capacidad instalada, el registro más bajo de toda la industria para ese indicador. Esta combinación de caída de actividad y mayor competencia de productos importados configura un escenario complejo para la industria nacional.
Empresarios del rubro describen la coyuntura como una “Doble Nelson”, en alusión a la presión simultánea de la contracción del mercado interno y de una apertura comercial que, según su visión, se dio de manera muy rápida en un contexto desfavorable para competir. Entre los factores que mencionan se encuentran una carga impositiva elevada, un régimen laboral que consideran poco flexible, limitaciones de infraestructura, incremento de costos y un tipo de cambio apreciado en términos reales.
En paralelo, el último reporte de la Fundación Protejer registró que el complejo textil, de confecciones, cuero y calzado fue, junto con la construcción, uno de los sectores con mayor caída de empleo privado registrado. Según ese relevamiento, desde noviembre de 2023 el sector acumuló una baja del 12% en la cantidad de puestos formales, lo que implica la pérdida de alrededor de 14.000 empleos.
En este marco, los nuevos controles sobre las importaciones de ropa usada se leen dentro de una discusión macroeconómica más amplia, donde confluyen temas de política comercial, niveles de actividad, empleo industrial y regulaciones sanitarias y ambientales. Las áreas intervinientes dejan asentado en la documentación que la prioridad inmediata es evaluar los riesgos para la salud pública y ordenar una operatoria que tuvo un salto inusual en pocos meses.