La Cámara Federal de Apelaciones de la ciudad de Salta analizó la causa conocida como Finca Karina, vinculada a un presunto esquema de contrabando en la zona de Aguas Blancas, y respaldó la postura de la Fiscalía que habló de una organización estable y no de hechos aislados. El expediente, que investiga a once personas, describe un funcionamiento sostenido en el tiempo a la vera del río Bermejo, en un punto estratégico de la frontera con Bolivia, donde circulaban distintos tipos de mercadería y hasta vehículos robados.
La causa penal por el presunto contrabando en Finca Karina llegó a la Cámara Federal de Apelaciones con sede en la capital provincial, donde los jueces revisaron el fallo de primera instancia y escucharon a las partes. En las audiencias, la Fiscalía planteó que lo investigado en Aguas Blancas no puede reducirse a maniobras aisladas, sino que responde a una estructura organizada que funcionó de manera prolongada junto al río Bermejo.
Los camaristas Santiago French, Ernesto Solá y Renato Rabbi-Baldi Cabanillas recibieron informes, documentación y argumentos orales sobre el movimiento de mercadería detectado en ese sector limítrofe. Según quedó asentado, el predio conocido como Finca Karina operaba como un punto fijo de recepción y distribución de bienes que ingresaban y salían del país por pasos no habilitados.
La pesquisa se formalizó el 26 de mayo, después de varias semanas de trabajos de inteligencia, vigilancia y verificación de datos preliminares. A partir de allí, se avanzó con allanamientos, secuestro de elementos de prueba y la imputación de once personas por delitos vinculados al traslado ilegal de mercadería y asociación ilícita.
Una “aduana paralela” en la ribera del Bermejo
En la descripción del caso, los investigadores remarcaron que en Finca Karina se montó una especie de “aduana paralela”, con recaudación diaria estimada en montos millonarios. El lugar era señalado como un punto fijo para la entrada y salida de mercadería en una zona de frontera considerada estratégica a nivel nacional, por donde se movían productos de todo tipo.
El río Bermejo, que marca el límite internacional entre Argentina y Bolivia, aparece como eje central de la maniobra. Desde la costa boliviana, según el expediente, salían gomones cargados con bultos hacia la margen argentina, donde se acondicionó una playa para el desembarco. Desde allí, por caminos internos y puestos de control, se organizaba el traslado hacia la ruta nacional 50 y otros destinos.
De acuerdo con la acusación, el circuito ilegal incluía artículos de consumo masivo, insumos sanitarios, materiales de construcción, chatarra, rieles ferroviarios presuntamente sustraídos en el Chaco salteño e incluso vehículos robados que eran dirigidos de regreso hacia Bolivia. En el mismo contexto también se investiga el movimiento de estupefacientes.
Las actuaciones remarcan que toda esta operatoria se desplegaba dentro de una zona de seguridad de frontera, donde la normativa nacional marca la necesidad de controles reforzados y participación de distintos organismos con competencia aduanera, territorial y municipal.
Irregularidades y fuerte cuestionamiento a los controles
Además del análisis penal sobre el presunto contrabando, la Cámara Federal de Salta se detuvo en la situación dominial del terreno donde funcionaba Finca Karina. Uno de los inmuebles investigados, de 18 hectáreas y matrícula 10.383, figura inscripto a nombre de Gladis Gloria Salazar, técnica farmacéutica del hospital San Vicente de Paúl de Orán.
La documentación incorporada al expediente indica que Salazar compró ese predio a su hermano, Alfredo Salazar, en febrero de este año, por un valor de 20 millones de pesos. Sin embargo, en la escritura se dejó asentado que para esa operación no se tramitó la autorización especial exigida para la compra de tierras en zona de frontera.
Para los investigadores, esa constancia expresa fue tomada como un indicio de “graves anomalías administrativas” en un área sometida a reglas particulares de seguridad nacional respecto de la propiedad y el registro de inmuebles. Ese punto se transformó en uno de los focos del debate en la Cámara.
En una de las audiencias, el juez Santiago French hizo referencia a la singularidad de que, dentro de ese régimen jurídico, un terreno de esas características aparezca con titularidad privada. El magistrado calificó como “insólito” ese encuadre, y su observación quedó asentada en el acta de la sala en el marco del repaso de la documentación de dominio de Finca Karina.
Impacto institucional y alcance del proceso judicial
Fuentes judiciales consultadas en la ciudad de Salta remarcaron que el fenómeno advertido en Finca Karina “excede el abordaje penal clásico”. Si bien el juicio oral se concentrará en los once imputados por contrabando agravado y asociación ilícita, en el expediente se menciona que la estructura descripta se mantuvo activa durante años en un contexto de escasa intervención efectiva de las áreas con potestad aduanera, territorial y municipal.
Los informes incluidos en la causa dan cuenta de que el movimiento de mercadería en esa franja del río Bermejo era señalado desde hace tiempo por distintos denunciantes. A pesar de ello, el dispositivo que funcionaba en Finca Karina logró sostener su actividad hasta la intervención judicial de mayo, cuando comenzaron los procedimientos que derivaron en las detenciones, los secuestros y la elevación de la causa a la Cámara Federal de Apelaciones de Salta.