El Gobierno nacional confirmó que en los próximos días enviará al Congreso un nuevo proyecto de Ley de Salud Mental, con cambios clave en la definición de riesgo, las internaciones y la organización de la red de atención en todo el país. La iniciativa, elaborada por el Ministerio de Salud, apunta a actualizar la norma vigente desde 2010 y a darle un encuadre más claro a las intervenciones médicas y judiciales, luego de años de críticas de familiares de pacientes, profesionales y fuerzas de seguridad por problemas en la aplicación diaria de la ley actual.
El anuncio público lo hizo el jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a través de su cuenta en la red X. Allí adelantó que el Ejecutivo ya tiene listo el texto y que lo girará al Parlamento durante las sesiones ordinarias de 2026, cumpliendo así con la idea que la Casa Rosada había deslizado a fines de 2025 sobre una reforma focalizada en internaciones involuntarias y en el rol de la Justicia en estos casos.
Fuentes del Ministerio de Salud indicaron que el objetivo central es “proteger a pacientes y terceros frente a situaciones que hoy no encuentran adecuado encuadre”, en referencia a episodios de riesgo donde, según admiten, la legislación vigente no da herramientas suficientemente claras para actuar a tiempo.
el proyecto de salud mental que el gobierno enviara al congreso redefine el riesgo y el rol medico
Según la información oficial, el proyecto de Ley de Salud Mental que irá al Congreso busca actualizar la norma de 2010 y fijar un concepto más preciso de riesgo. En el borrador se describe ese criterio como “situaciones de riesgo de daño para la vida o la integridad física de la persona o de terceros”, con la obligación de analizar el contexto y los antecedentes. La intención, remarcan en el Ministerio, es que los equipos puedan intervenir antes de que se produzcan daños, pero siempre dentro de un marco médico y judicial determinado.
Otro cambio fuerte que trae el texto es de tipo conceptual. La redacción reemplaza la expresión “padecimiento mental”, que los técnicos consideran ambigua, por la terminología de la Clasificación Internacional de Enfermedades. De esta manera se habla de “trastornos mentales o del comportamiento”, lo que, de acuerdo con la cartera sanitaria, permitiría diagnósticos y decisiones terapéuticas con definiciones más claras y comparables con estándares internacionales.
Para la elaboración del proyecto se tomaron aportes de distintos actores: familiares de pacientes, usuarios de servicios de salud mental, profesionales, jueces, fiscales y legisladores. De esos relevamientos, señalan, surgieron problemas concretos en la práctica diaria, especialmente en el manejo de emergencias, intentos de autoagresión, episodios de violencia y situaciones donde las familias no logran que el sistema responda de manera coordinada.
La falta de aplicación pareja de la ley actual aparece como uno de los principales diagnósticos. Desde Salud detallan que solo 16 jurisdicciones adhirieron formalmente a la normativa vigente, que 18 provincias tienen hospitales generales con servicios de salud mental y que 20 cuentan con camas de internación. Ese mapa, señalan, se traduce en fuertes desigualdades en el acceso a tratamientos y contención, tanto en grandes ciudades como en provincias del interior.
En paralelo, dentro del propio Ministerio se sintetizaron los cambios en una lista de 10 lineamientos: actualización de la ley de 2010, redefinición del riesgo, preservación del carácter excepcional de la internación, habilitación de internaciones involuntarias urgentes con control interdisciplinario y judicial, revisión del alta según la capacidad del paciente, reconocimiento de las limitaciones para cerrar hospitales especializados, construcción de una red por niveles de complejidad, fortalecimiento de los registros RESAM y REFES y mayor participación técnica de la cartera sanitaria en el órgano de revisión.
internaciones, hospitales psiquiatricos y red de atencion: los ejes del nuevo proyecto de salud mental
El capítulo de internaciones es uno de los más sensibles del proyecto de Salud Mental que el Gobierno mandará al Congreso. El texto mantiene que la internación debe ser un recurso excepcional, pero introduce cambios en cómo se decide y controla. Se prevé que un médico psiquiatra pueda indicar una internación involuntaria en casos de urgencia, con la obligación de que un equipo interdisciplinario la revise dentro de las 24 horas. Además, el plazo para notificar a la Justicia se extiende de las actuales 10 a 24 horas.
En el caso de internaciones voluntarias, se suma una herramienta que hoy genera mucha discusión entre familias y equipos de salud. Si la persona internada pide el alta, pero el grupo tratante considera que su capacidad de decisión está afectada, la internación podrá pasar a ser involuntaria, con la correspondiente comunicación a la Justicia. El Gobierno sostiene que este esquema busca evitar altas apresuradas cuando hay dudas fundadas sobre la posibilidad del paciente de evaluar los riesgos de salir del tratamiento.
Otro apartado clave del proyecto es el de los hospitales monovalentes, es decir, los establecimientos exclusivamente psiquiátricos. La ley de 2010 planteó la desmanicomialización y el cierre progresivo de estos centros, pero el nuevo texto admite que ese objetivo no se ha cumplido de manera uniforme, entre otras cosas por falta de infraestructura, recursos humanos y condiciones de seguridad para reemplazarlos. Datos oficiales señalan que hoy funcionan 30 instituciones públicas de este tipo y al menos 139 privadas.
A partir de esa realidad, la iniciativa propone consolidar una red nacional de atención en salud mental con distintos niveles de complejidad. Ese entramado incluiría hospitales especializados, servicios de salud mental en hospitales generales, dispositivos ambulatorios, espacios comunitarios y residencias asistidas. La idea es ordenar la atención según la gravedad del cuadro y la intensidad del apoyo que se necesita, en lugar de depender casi exclusivamente de internaciones largas en instituciones cerradas.
Las autoridades sanitarias remarcan que la persistencia de episodios graves atendidos en guardias generales, sumada a la existencia de numerosas instituciones especializadas, demuestra que todavía se requieren camas en centros específicos para casos complejos. Por eso, el foco del proyecto no está puesto en acelerar el cierre de hospitales psiquiátricos, sino en fortalecer servicios alternativos y articular los distintos dispositivos para evitar que los pacientes queden sin respuesta.
mas control sobre el sistema y nuevo rol del ministerio de salud
El texto que el Ejecutivo se prepara para remitir al Congreso incorpora un bloque dedicado a la información y el monitoreo del sistema. El Ministerio sostiene que es necesario fortalecer los registros RESAM y REFES para conocer con precisión camas, establecimientos y cantidad de pacientes en salud mental. El RESAM releva a las personas internadas por motivos de salud mental y el REFES a los establecimientos de salud; para Salud, contar con estos datos al día es clave para planificar recursos y reducir las diferencias entre provincias.
También se prevé modificar la integración del Órgano de Revisión de la Ley de Salud Mental, sumando más presencia técnica del propio Ministerio. El borrador menciona la incorporación de la Dirección Nacional de Salud Mental, áreas de habilitación y fiscalización y SEDRONAR, con la intención de reforzar las tareas de supervisión y control sobre internaciones, dispositivos de atención y abordaje de adicciones.
La iniciativa se enlaza con discusiones que ya se venían dando en el plano político. En diciembre de 2025 se había anticipado que el Ejecutivo planeaba cambios sobre todo en el artículo que regula las internaciones involuntarias, para que los jueces tengan una intervención más nítida al autorizar determinadas hospitalizaciones. Ese enfoque se retoma ahora en el nuevo proyecto, con el énfasis puesto en que las decisiones médicas urgentes cuenten luego con una revisión judicial más definida.
Entre los testimonios que se usaron para fundamentar la necesidad de modificar la ley aparece el de Marina Charpentier, madre del músico Chano Moreno Charpentier. En una exposición en el Congreso, Charpentier sostuvo: “La Ley Nacional de Salud Mental fue creada en 2010 sin la consulta de psiquiatras ni universidades. No aborda la realidad de las familias que sufren estas enfermedades”, y además cuestionó que sea suficiente destinar solo el 10% del presupuesto total de salud a este campo.
Con el envío anunciado por Manuel Adorni, el texto elaborado por el Ministerio de Salud quedará ahora a disposición de senadores y diputados, que deberán debatir los cambios propuestos en torno a la red de atención, los criterios diagnósticos, la definición de riesgo y el régimen de internaciones previsto en la Ley de Salud Mental 26.657.