Seis hombres fueron condenados por estafas mediante cheques electrónicos sin fondos, luego de una investigación que conectó denuncias de tres comercios con una misma modalidad. El juez Leonardo Feans homologó un acuerdo de juicio abreviado pleno y fijó penas de prisión efectiva y condicional para los involucrados. La pesquisa estuvo a cargo de la Unidad de Delitos Económicos Complejos, conocida como UDEC.
Héctor Rubén Jiménez y Juan Carlos Sacarías recibieron cinco años de prisión efectiva como coautores de asociación ilícita, en carácter de jefes u organizadores, además de estafas. Otros tres acusados fueron sentenciados a tres años de prisión condicional, mientras que un sexto hombre recibió una pena de un año condicional.
Las penas dictadas por las estafas
Además de Jiménez y Sacarías, Cristian Ignacio Illescas, Fabricio Isaías Sacarías Galindo y Marcos Damián Ruiz fueron condenados a tres años de prisión de ejecución condicional. En los tres casos, la resolución judicial los ubicó como miembros de una asociación ilícita y coautores de las estafas investigadas.
Emanuel Nolberto Álvarez fue condenado a un año de prisión de ejecución condicional por el delito de estafa. Por otra parte, a pedido del Ministerio Público Fiscal, el magistrado dispuso el sobreseimiento de Leandro Nicolás Lozano dentro del mismo expediente.
La fiscal penal interina Ana Inés Salinas Odorisio, integrante de la UDEC, representó al Ministerio Público Fiscal durante la audiencia. Los representantes de las tres empresas perjudicadas prestaron conformidad con los términos acordados entre las partes.
Cómo funcionaba el uso de cheques electrónicos
La causa se inició por presentaciones realizadas por tres comercios: una firma de elementos de seguridad industrial, otra dedicada a lubricantes y un negocio de artículos para el hogar. Las operaciones bajo investigación se habrían concretado entre septiembre de 2022 y abril de 2023.
Según lo establecido durante la investigación, el grupo se presentaba en los negocios aparentando solvencia para adquirir mercadería por montos elevados. Al pagar, emitían cheques electrónicos vinculados a cuentas sin fondos, aun cuando conocían que esos instrumentos no tendrían acreditación.
La estructura detectada por la UDEC
La Fiscalía determinó que Jiménez y Sacarías cumplían tareas de organización dentro de un grupo con funciones previamente definidas. La investigación indicó que incorporaban a personas jóvenes sin antecedentes financieros negativos y les ofrecían dinero a cambio de abrir cuentas bancarias y solicitar chequeras.
Luego, esas cuentas y chequeras eran utilizadas para concretar compras de mercadería en distintos negocios. Los pagos se efectuaban con cheques electrónicos que no tenían respaldo económico en las cuentas asociadas.
De acuerdo con el entrecruzamiento de datos realizado por la UDEC, los importes obtenidos en las operaciones eran transferidos después a cuentas de los organizadores o de personas relacionadas con ellos. Tras la sentencia, la Fiscalía y las defensas renunciaron a los plazos para recurrir la decisión, mientras que el Ministerio Público Fiscal pidió el decomiso de los bienes secuestrados en la causa.