Tres hombres fueron condenados en Orán por distintos delitos ligados al funcionamiento de la Justicia, con vínculos con el exjuez Claudio Alejandro Parisi y el exintendente de Aguas Blancas. El fallo se conoció este lunes y dejó pendiente el juicio oral para el exmagistrado y un secretario letrado, ambos ya apartados de sus cargos. Las penas incluyen prisión efectiva, condenas en suspenso e inhabilitaciones para ejercer funciones públicas, en una causa que investiga pagos ilegales para obtener resoluciones judiciales favorables.
Condenados por delito de corrupción y la conexión con Parisi
La causa que tiene en la mira al exjuez de Garantías Claudio Alejandro Parisi sumó este lunes un capítulo clave: el Tribunal de Orán homologó un juicio abreviado y condenó a tres involucrados por distintos delitos vinculados a maniobras de corrupción judicial, varios de ellos relacionados con el manejo de causas penales de alto impacto.
Los condenados son el abogado Roberto Ortega Serrano, el empleado judicial Héctor Manuel Alderete y el exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez. Los tres habían llegado al debate privados de la libertad, tras permanecer detenidos durante 1 año y 2 meses con prisión preventiva, período en el que se evaluó riesgo de fuga y de entorpecimiento de la investigación por parte de los acusados.
Mientras tanto, la situación procesal del exjuez Parisi y de un secretario letrado sigue pendiente: ambos están imputados en la misma causa, ya fueron removidos de sus cargos y aguardan la realización de un juicio oral y público para definir su responsabilidad en los hechos que se investigan.
En este tramo del expediente se analizaron maniobras que, según la Unidad Fiscal, tuvieron como objetivo influir en decisiones judiciales mediante pagos ilegales y filtración de información reservada, lo que fue considerado un grave delito contra la administración de justicia.
Penas para el abogado, el empleado judicial y el exintendente de Aguas Blancas
El acuerdo de juicio abreviado fijó penas diferenciadas. Para el letrado Roberto Ortega Serrano, el tribunal impuso 2 años y 6 meses de prisión de ejecución condicional. Esto significa que no irá a una unidad carcelaria, pero deberá cumplir una serie de reglas de conducta bajo control judicial durante el tiempo que dure la condena.
En el caso de Héctor Manuel Alderete, empleado judicial de una Defensoría de Violencia de Género en Orán, se resolvió una pena de 2 años y 8 meses de prisión condicional, acompañada de una medida clave: la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. La Justicia entendió que su rol como intermediario entre el abogado y el magistrado era incompatible con cualquier función estatal futura.
El exintendente de Aguas Blancas, Carlos Alfredo Martínez, recibió la sanción más severa en cuanto a restricción de libertad: 1 año y 2 meses de prisión efectiva, además de 4 años de inhabilitación para desempeñar funciones públicas. Según se dejó asentado, ese plazo de inhabilitación es el máximo previsto para el tipo de delito que se le imputó en esta causa.
Los tres acusados aceptaron los hechos atribuidos y las penas propuestas por la fiscalía, lo que permitió el avance del juicio abreviado, sin necesidad de un debate prolongado con producción de mayor prueba en esta etapa.
Cómo operaba la red y qué rol tuvo cada uno
De acuerdo con la investigación, la pieza central del esquema era el abogado Ortega Serrano. La fiscalía sostuvo que realizó pagos en concepto de dádivas a un magistrado y a su secretario con el fin de obtener resoluciones procesales favorables para algunos de sus defendidos. Entre los beneficios irregulares señalados se mencionó la concesión de la detención domiciliaria a César Daniel “Oreja” Martínez, acusado por tentativa de femicidio y luego asesinado en 2023.
En ese mismo contexto, se tuvo por acreditado que las maniobras permitieron declarar la nulidad de un requerimiento acusatorio en la causa contra “Oreja” Martínez, lo que impidió que ese expediente superara la etapa de instrucción y fuera elevado a juicio. También se incluyó en el caso la detención domiciliaria y posterior libertad de Matías Ezequiel Chaile, quien está actualmente prófugo, imputado por atropellar y matar a una mujer con una camioneta, darse a la fuga y hacer desaparecer el vehículo que habría utilizado.
La acusación detalló que Ortega Serrano accedió sin autorización a un expediente judicial para conocer medidas de investigación ordenadas por el Ministerio Público. Según se documentó, obtuvo datos sobre allanamientos, órdenes de secuestro de teléfonos celulares y otros dispositivos, además de información sobre testimoniales previstas. Parte de ese material fue enviado a los investigados por WhatsApp, lo que les permitió adelantarse a los pasos de la fiscalía y alterar el curso normal de la pesquisa.
Información filtrada, testigos presionados y próximo juicio a Parisi
Respecto del papel de Carlos Alfredo “Conejo” Martínez, exjefe comunal de Aguas Blancas, el expediente indica que recibió de Ortega Serrano datos reservados sobre la causa que investigaba el homicidio de su hermano, César Daniel “Oreja” Martínez. El propio Martínez reconoció haber distribuido esa información entre terceras personas, vulnerando la confidencialidad que rige las actuaciones judiciales en trámite.
Con esa información, según surge de la causa, Martínez eliminó registros de sus dispositivos electrónicos e intervino ante testigos vinculados al expediente, con la finalidad de que modificaran o alteraran sus declaraciones. Estas conductas fueron consideradas como parte de un delito que afectó directamente la búsqueda de la verdad en un caso de homicidio.
En cuanto a Héctor Manuel Alderete, la investigación estableció que actuó como nexo entre Ortega Serrano y el magistrado interviniente en los expedientes. Su función, según se dejó asentado, era facilitar los contactos necesarios para que el juez recibiera los pagos ilegales que ofrecía el abogado a cambio de fallos favorables.
Tras la lectura de las condenas contra Ortega Serrano, Martínez y Alderete, la causa avanzará ahora hacia una nueva etapa: el juicio oral y público contra el exjuez Claudio Alejandro Parisi y el secretario letrado involucrado, quienes continúan imputados. Parisi permanece detenido luego de haber sido destituido como juez de Garantías, mientras que el secretario cumple prisión domiciliaria, ambos a la espera de la fecha de debate.
Fuente:El Tribuno