Tres personas fueron condenadas en la ciudad de Salta por comercializar drogas en barrio Solidaridad. El fallo se dictó tras una investigación impulsada por denuncias anónimas, allanamientos en tres domicilios y el secuestro de estupefacientes, dinero y celulares. La causa, llevada adelante por la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad (UFINAR), comprobó que los acusados actuaban de manera organizada y que en parte de las maniobras se involucró a un menor de edad, lo que derivó en penas de prisión efectiva para los tres imputados.
Allanamientos y secuestro de drogas
La investigación por venta de drogas en la capital provincial derivó en una serie de allanamientos en barrio Solidaridad y zonas cercanas, donde efectivos policiales trabajaron bajo directivas de la UFINAR. Los operativos se realizaron en tres viviendas vinculadas a los sospechosos, todos con domicilio en el sector sudeste de la ciudad de Salta.
En esos procedimientos se concretó el secuestro de estupefacientes listos para la comercialización, distintas sumas de dinero en efectivo y varios teléfonos celulares. Además, los investigadores hallaron elementos usados para fraccionar y preparar las drogas, lo que reforzó la hipótesis de una organización dedicada a la distribución al menudeo en ese barrio.
Los allanamientos por drogas en barrio Solidaridad permitieron detener a tres adultos y asegurar pruebas clave para la causa, según quedó asentado en las actuaciones judiciales. Todo el material incautado fue incorporado como evidencia en el expediente penal tramitado en los tribunales de la ciudad de Salta.
Las medidas fueron ordenadas luego de que la Fiscalía reuniera distintos elementos probatorios durante la pesquisa preliminar. En base a esos datos, el Ministerio Público Fiscal solicitó las órdenes judiciales que habilitaron el ingreso a los domicilios relacionados con los imputados.
Investigación y avance hacia el juicio abreviado
La causa se originó a partir de denuncias anónimas realizadas por vecinos salteños a través de la página web del Ministerio Público Fiscal. En esas presentaciones se señalaba que un hombre y una mujer se dedicaban a la venta de drogas en barrio Solidaridad, en pleno sudeste de la ciudad de Salta, lo que motivó la intervención de la Unidad Fiscal contra la Narcocriminalidad.
Con esos datos iniciales, personal del grupo SINAR SUR de la Policía de Salta llevó adelante tareas de campo y vigilancias discretas en la zona indicada. Durante esas observaciones se identificó a las personas señaladas en las denuncias como presuntos responsables de la comercialización de drogas, lo que permitió perfilar con mayor precisión el circuito de venta.
Los primeros nombrados en la causa fueron Claudia Isabel Salval y Juan Carlos Flores, ubicados por los investigadores como quienes se movían de manera frecuente en el sector y realizaban intercambios de estupefacientes con distintas personas. Con el correr de los días, las tareas de seguimiento permitieron individualizar también a una tercera implicada, Elizabeth Yamila Medina.
En el marco de la pesquisa se constató además la participación del hijo menor de edad de uno de los imputados en algunas de las maniobras, lo que fue incorporado a la acusación como agravante. Todas estas actuaciones se llevaron adelante bajo la dirección del fiscal penal de la UFINAR, Gustavo Torres Rubelt, en representación del Ministerio Público Fiscal.
Penas de prisión efectiva para los tres acusados por venta de drogas
Con el expediente avanzado y las pruebas ya incorporadas, el Ministerio Público Fiscal impulsó el trámite hacia un juicio abreviado. En la audiencia correspondiente, los tres imputados aceptaron su participación en los hechos vinculados a la comercialización de drogas en barrio Solidaridad, en la ciudad de Salta.
El fiscal Gustavo Torres Rubelt mantuvo la acusación por comercialización de sustancias estupefacientes doblemente agravada, por la intervención organizada de tres o más personas y por el uso de un menor de edad en parte de las operaciones. La calificación legal se sostuvo sobre el conjunto de pruebas reunidas durante la investigación y los resultados de los allanamientos.
El acuerdo presentado por la Fiscalía fue analizado por el juez de Garantías del distrito Centro, Diego Rodríguez Pipino, quien consideró acreditados los hechos y la participación de cada uno de los acusados. Tras esa evaluación, el magistrado homologó el juicio abreviado y dictó sentencia condenatoria para los tres adultos involucrados.
De acuerdo con lo resuelto, Claudia Isabel Salval recibió una pena de 6 años de prisión efectiva, mientras que Juan Carlos Flores fue condenado a 7 años de prisión efectiva. En tanto, para Elizabeth Yamila Medina se dispuso una condena de 6 años y 6 meses de prisión efectiva, todas a cumplir según lo establecido en la normativa penal vigente.