La jueza Penal Juvenil 1 de Salta, Nadia Cruz, informó que todavía no recibió pedidos de la Fiscalía para intervenir en causas relacionadas con el nuevo Régimen Penal Juvenil. Según explicó, las actuaciones ingresan primero al Ministerio Público Fiscal, que reúne pruebas y define si solicita medidas ante un juez. El tema será parte del IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil, previsto para el 1 y 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta.
La Fiscalía concentra la etapa inicial de las causas
Cruz señaló que la falta de intervención judicial no significa que no existan denuncias o investigaciones por hechos atribuidos a adolescentes. Antes de llegar a un juzgado, cada expediente debe pasar por una etapa previa en la que la Fiscalía evalúa la información disponible y dispone medidas de investigación.
La magistrada, que se encuentra de turno, sostuvo que hasta el momento no tuvo requerimientos fiscales vinculados con la aplicación de la nueva normativa. “No hay ningún caso que se haya jurisdiccionalizado. No hubo intervención de un juez penal porque no hubo pedido fiscal”, expresó durante una entrevista con AM 840.
Para que un caso sea tratado por un juez especializado, el Ministerio Público Fiscal debe formular una solicitud concreta. Entre las alternativas pueden figurar una medida restrictiva, una audiencia, una autorización judicial o el control de una decisión tomada mientras avanza la investigación.
Las denuncias no quedan descartadas por no llegar a un juzgado
La jueza aclaró que una denuncia contra un adolescente puede continuar bajo análisis fiscal sin que, por eso, haya una actuación judicial. Los fiscales reciben los casos, reúnen elementos probatorios y determinan si corresponde impulsar alguna medida ante la Justicia.
“Es posible que hayan existido denuncias contra adolescentes, pero no se jurisdiccionalizó”, indicó Cruz. También remarcó que el Ministerio Público Fiscal es el organismo donde inicialmente “confluyen todos los casos”.
Salta debatirá el nuevo Régimen Penal Juvenil en octubre
El IV Congreso Nacional Penal Adolescente y Juvenil se realizará el 1 y 2 de octubre en el Centro de Convenciones de Salta. Participarán jueces, fiscales, defensores y equipos interdisciplinarios para analizar la puesta en marcha del nuevo Régimen Penal Juvenil y las respuestas estatales frente a delitos protagonizados por adolescentes.
Entre las organizadoras estará Cruz, quien planteó que el sistema debe considerar las diferencias entre adolescentes y personas adultas. Según indicó, las medidas deben apuntar a la responsabilización y a la reintegración, además de contemplar situaciones vinculadas con consumos problemáticos, conflictos familiares y otros factores de vulnerabilidad.
La magistrada explicó que esas intervenciones buscan evitar que el contacto de un joven con el sistema penal se convierta en “un paso hacia un delito adulto”. El nuevo régimen fija responsabilidad penal para quienes tenían 14 años y aún no habían cumplido 18 al momento del hecho.
Los menores de 14 años quedan excluidos de la persecución penal. Sin embargo, esa condición no impide que la Fiscalía investigue cómo ocurrió un hecho, determine si participaron adultos o adopte medidas de protección para las víctimas y para el propio menor.
Una publicación previa de El Tribuno informó sobre 67 causas abiertas por hechos atribuidos a menores de 14 años. No se precisó públicamente si esa cantidad corresponde solo a ese grupo etario o si también incluye actuaciones vinculadas con adolescentes de otras edades.


Un caso que investiga la Fiscalía en la plaza 9 de Julio