La Dirección Nacional de Vialidad puso en marcha expedientes judiciales para recuperar sectores ocupados de manera irregular sobre distintas (edificaciones irregulares/rutas/Salta). Las actuaciones se tramitan en fiscalías y juzgados federales de Orán y de la capital salteña, mientras también se prepara una nueva presentación ante el Juzgado Federal de Tartagal por casos detectados en la ruta nacional 81. Según se informó, ya hubo operativos con notificaciones a ocupantes y en algunos tramos existen órdenes judiciales para avanzar con el despeje de espacios que forman parte de la zona de camino.
El foco está puesto en construcciones, cercos e instalaciones comerciales levantadas sobre banquinas y áreas de seguridad de rutas nacionales como la 50, 16, 9 y 34. De acuerdo con la documentación incorporada en las causas, esas ocupaciones afectan la circulación, reducen visibilidad y complican tanto las tareas de mantenimiento como la ejecución de obras viales. Parte de los reclamos surgió además por denuncias de usuarios que advirtieron intrusiones en sectores que pertenecen al dominio vial nacional.
En los últimos días participaron funcionarios del organismo vial y efectivos de Gendarmería en procedimientos realizados para notificar intimaciones. Al mismo tiempo, inspectores avanzan con nuevas constataciones en otros puntos de la provincia, dentro de un esquema que podría derivar en más presentaciones por la vía civil o penal.
Las actuaciones judiciales avanzan sobre varios puntos de (edificaciones irregulares/rutas/Salta)
Los expedientes impulsados por Vialidad buscan la restitución de tierras que integran la zona de camino de rutas nacionales. Ese espacio incluye calzada, banquinas y un ancho adicional de seguridad a ambos lados del trazado. La ocupación sin autorización está prohibida por la ley nacional de tránsito 24449 y, según el caso, puede derivar en una causa penal.
La intervención alcanzó a tribunales federales de Orán y Salta, mientras que el organismo prevé presentar en los próximos días otra actuación ante el Juzgado Federal de Tartagal. Esa nueva instancia apunta a edificaciones irregulares detectadas recientemente sobre la ruta nacional 81, de acuerdo con fuentes del Quinto Distrito de la DNV.
Las actuaciones tomaron fuerza después de relevamientos sobre intrusiones en distintos corredores viales. En varios de esos casos, los avances habían sido advertidos por personas que circulan habitualmente por las rutas 50, 16, 9 y 34. Luego de esas verificaciones comenzaron a incorporarse apercibimientos por usurpación de sectores pertenecientes al dominio vial nacional.
Además, la documentación sumada a las causas incluyó pedidos de informes enviados por Vialidad a municipios y empresas de servicios públicos. Esos requerimientos estuvieron dirigidos a conocer condiciones de asentamiento y habilitación comercial de negocios levantados junto a rutas nacionales, así como la eventual prestación de agua corriente y energía eléctrica a esos inmuebles. La falta de respuestas derivó más tarde en presentaciones ante fiscalías federales por casos localizados en las rutas 50 y 16.
Aguas Blancas aparece como uno de los sectores más comprometidos en (edificaciones irregulares/rutas/Salta)
Uno de los principales puntos señalados en las actuaciones está en la ruta nacional 50, cerca de Aguas Blancas, en el departamento Orán. En ese tramo fueron relevadas cerca de 150 edificaciones irregulares. Entre ellas figuran inmuebles de más de una planta, locales comerciales, galpones y depósitos de mercadería.
Según la información incorporada en los expedientes, la ocupación fue creciendo hasta alcanzar una dimensión que incluso abarca la zona de seguridad fronteriza y el Área de Control Integrado de la línea internacional con Bermejo, en Bolivia. Ese dato quedó asentado como parte de la documentación analizada por la Justicia.
En parte de esas actuaciones ya se libraron órdenes judiciales para iniciar el despeje de sectores usurpados. La preocupación expuesta en las presentaciones tiene que ver con que esas construcciones fueron apoyadas sobre banquinas o dentro del área de seguridad, lo que compromete la transitabilidad y suma riesgo para quienes circulan por el lugar.
Los operativos recientes incluyeron la presencia de personal del organismo nacional y de Gendarmería, que notificó a ocupantes de las intimaciones en trámite. Esas diligencias se realizaron con intervención de juzgados de garantía, en el marco de los expedientes abiertos para recuperar la zona de camino.
Río Piedras, Pichanal y otros cruces también quedaron bajo revisión
Otro de los sectores observados está en el empalme de las rutas nacionales 16 y 9/34, cerca de Río Piedras, en el departamento Metán. Allí está previsto un puente distribuidor para separar a distinto nivel las vías por las que hoy convergen tránsito vehicular y transporte pesado. De acuerdo con lo informado, en ese nudo las condiciones de seguridad no solo están marcadas por la configuración actual del cruce, sino también por la presencia de más de 20 puestos instalados a la vera del camino.
Según se indicó en las actuaciones, esos puestos afectan la visual de los conductores e inciden en maniobras riesgosas. Ese distribuidor forma parte de la licitación internacional lanzada el 23 de febrero para elegir a la operadora privada que reemplazará a Corredores Viales en el tramo concesionado con peaje entre Torzalito, en General Güemes, y Trancas, en Tucumán. La apertura de ofertas está programada para el 18 de mayo.
Las inspecciones no se limitan a esos lugares. Vialidad también realiza constataciones sobre la ruta 16 en los accesos a Joaquín V. González y Gaona; sobre la 9/34 a la altura de Metán y Paso El Durazno; y en los cruces de Güemes y Pichanal. En este último punto quedaron bajo observación puestos instalados sobre las banquinas de las rutas 34 y 16.
Fuentes vinculadas con esos relevamientos señalaron que se trata de pasos previos a futuras instancias judiciales. También precisaron que algunos avances sobre zonas de camino consistieron en corrimientos de alambrados y que, en ciertos casos, esa situación fue resuelta por vía administrativa con predisposición de propietarios frentistas.
Qué dice la normativa sobre la ocupación de zonas de camino en (edificaciones irregulares/rutas/Salta)
La regulación vigente establece que dentro de la zona de camino no se puede construir ni ocupar sin autorización expresa de la Dirección Nacional de Vialidad. Esa restricción alcanza no solo a la calzada, sino también a banquinas y al área de seguridad definida para cada corredor nacional.
Las construcciones en esos espacios están vedadas, salvo en tres supuestos previstos por la normativa: obras básicas para la infraestructura vial, obras básicas para servicios esenciales y estaciones de peaje o de control de cargas y dimensiones. Fuera de esas excepciones, la instalación de estructuras no está permitida.
En las actuaciones judiciales se remarca que la presencia de edificaciones dentro de la zona de camino perjudica la transitabilidad, limita tareas de desmalezamiento y mantenimiento de banquinas y complica la ejecución de obras consideradas necesarias para mejorar la circulación. También se señala que esas ocupaciones persisten pese a denuncias de larga data y a las prohibiciones expresas previstas por las normas vigentes.
Los expedientes incorporados ante la Justicia también dejaron asentadas dudas sobre controles de obras y habilitaciones comerciales en esos sectores, además de interrogantes sobre la provisión de servicios públicos en inmuebles levantados en áreas donde rigen restricciones específicas para construir. Por ahora, las causas siguen en trámite en los fueros correspondientes.