La oposición llevó a la Justicia y a la Cámara de Diputados sus cuestionamientos sobre el destino de fondos recaudados mediante impuestos a los combustibles que, según los proyectos y denuncias presentados, debían utilizarse en rutas nacionales. La diputada Victoria Tolosa Paz denunció al ministro de Economía, Luis Caputo, y al presidente del Banco Nación, Darío Wasserman, por una suma de $1,038 billones vinculada al Sisvial. Además, legisladores impulsaron pedidos de informes e interpelaciones para conocer el manejo de esos recursos.
El debate se instaló luego de que el vocero presidencial Adrián Ravier reconociera que gran parte de la recaudación asociada al Sistema Vial Integrado se utiliza para sostener el equilibrio fiscal, en lugar de asignarse específicamente a la conservación, rehabilitación y mejora de los corredores nacionales. El planteo abrió reclamos de Unión por la Patria y también de Provincias Unidas.
Las iniciativas apuntan a determinar cuánto dinero fue asignado, qué monto se ejecutó en obras, qué inversiones financieras se realizaron y cuál es el estado de los trabajos viales demorados o paralizados. En paralelo, una propuesta legislativa plantea suspender transitoriamente una parte de los impuestos hasta que se utilicen los recursos acumulados del sistema vial.
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La denuncia contra Caputo por los recursos del Sisvial
Victoria Tolosa Paz denunció que fondos con destino vial habrían sido colocados en inversiones financieras. La presentación penal alcanza a Caputo y a Wasserman por la presunta utilización de recursos vinculados al Sisvial para finalidades distintas a las previstas para su recaudación. El monto cuestionado por la diputada nacional de Unión por la Patria asciende a $1,038 billones.
La denuncia menciona de manera presunta los delitos de malversación de fondos públicos, administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, incumplimiento de los deberes de funcionario público y negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. La legisladora sostuvo que el impuesto que se cobra con cada carga de combustible tiene una asignación específica destinada al mantenimiento y recuperación de la red nacional.
“Cada vez que cargamos combustible, pagamos un impuesto destinado a mantener y recuperar las rutas nacionales. Pero mientras nuestras rutas se deterioran y se pierden vidas, esa plata termina en la timba financiera para sostener un superávit fiscal armado a costa del abandono vial, como por ejemplo el de las rutas nacionales 3 y 5. No falta plata, falta decisión política. Por eso presentamos un amparo colectivo”, afirmó Tolosa Paz.
El Sisvial concentra una porción de la recaudación proveniente de los impuestos a los combustibles líquidos y al dióxido de carbono. De acuerdo con los cuestionamientos legislativos, esos recursos tienen como objetivo financiar infraestructura vial nacional, incluyendo la construcción, conservación y rehabilitación de caminos bajo esa jurisdicción.
El Congreso busca explicaciones sobre los fondos para rutas
Marina Salzmann propuso que Caputo y Marcelo Campoy concurran a Diputados para responder por la ejecución de los recursos. El proyecto de interpelación fue presentado después de las declaraciones de Adrián Ravier sobre el uso de la mayor parte de la recaudación del Sisvial para apuntalar el equilibrio fiscal.
La iniciativa requiere la presencia del ministro de Economía en la Cámara baja y suma al administrador general de Vialidad Nacional, Marcelo Campoy. Según el texto, el funcionario de Vialidad debería asistir para “complementar con precisión técnica las respuestas” sobre el destino de los fondos y el cuadro de las obras en los distintos corredores del país.
El pedido fue acompañado por el titular del bloque de Unión por la Patria, Germán Martínez, y reunió las firmas de Cecilia Moreau, Guillermo Michel, Victoria Tolosa Paz y Karen Tepp, entre otros diputados. Además de las explicaciones, el proyecto reclama el cese de la utilización de recursos de asignación específica para sostener el resultado fiscal y la reactivación de obras viales paralizadas.
En los fundamentos de su iniciativa, Salzmann planteó que el eje de la discusión no se limita a la disponibilidad de recursos. “No se trata de un problema de caja, es un problema de legalidad. La ley dice para qué es esa plata y el propio Gobierno admitió que no la usa para eso. Eso no es equilibrio fiscal, es un curro con el asfalto que necesitan millones de argentinos”, sostuvo la diputada.
Antes de ese proyecto, Salzmann había solicitado información por la situación de la Autopista Presidente Perón, que junto al Camino del Buen Aire integra un tercer cordón vial entre el norte y el sur del conurbano bonaerense. Según expuso, el corredor conecta 12 municipios y beneficiará a 12 millones de personas.
La legisladora también señaló que los recursos retenidos alcanzarían para intervenir más de 20.000 kilómetros de rutas nacionales. En ese marco, reclamó precisiones sobre la utilización de los fondos y sobre la continuidad de obras que permanecen sin avance en diferentes provincias.
La propuesta para suspender una parte del impuesto a los combustibles
El diputado mendocino Emir Felix impulsa frenar temporalmente la porción impositiva destinada al Sisvial. Su proyecto establece que la suspensión se mantendría hasta que se apliquen los recursos viales acumulados por el Gobierno. La iniciativa no alcanza a los componentes de la recaudación vinculados con el sistema previsional, el Fondo Nacional de la Vivienda, el transporte automotor y ferroviario ni las provincias.
La propuesta ordena que, dentro de los diez días hábiles posteriores a una eventual vigencia de la norma, se determine el “Saldo Vial Acumulado”. Esa definición incluiría disponibilidades bancarias, inversiones financieras, créditos y otros activos provenientes de recursos que ya fueron recaudados para el sistema vial.
El mecanismo planteado por Felix prevé que la suspensión se levante únicamente cuando la Auditoría General de la Nación certifique que ese saldo, junto con sus rendimientos, fue aplicado a obras, bienes y servicios correspondientes al Sisvial. “El Estado no puede continuar exigiendo a los contribuyentes nuevos recursos con una afectación determinada por ley mientras retiene o subejecuta una masa extraordinaria de fondos previamente recaudados para ese mismo objeto”, sostiene el diputado en los fundamentos.
Provincias Unidas sumó reclamos por corredores nacionales
Gisela Scaglia y Lourdes Arrieta también reclamaron información sobre la recaudación destinada a la infraestructura vial. La presidenta del bloque de diputados de Provincias Unidas pidió conocer en detalle el uso de los fondos que, de acuerdo con la legislación, deben financiar la construcción, el mantenimiento y la rehabilitación de rutas nacionales.
Scaglia presentó su requerimiento luego del reconocimiento sobre la utilización de una parte de esos recursos para contribuir al equilibrio fiscal. La diputada santafesina vinculó la iniciativa con los reclamos por el deterioro de la infraestructura y por la situación de corredores relevantes para el interior productivo.
En Santa Fe, el gobernador Maximiliano Pullaro aceptó el traspaso de la ruta nacional A012. Con esa decisión, la traza, las tareas de mantenimiento y las obras pasaron a la administración provincial, que deberá afrontarlas con fondos propios. Fue la primera provincia en aceptar ese tipo de transferencia.
También en territorio santafesino, la senadora provincial Leticia Di Gregorio obtuvo una resolución favorable de la justicia federal por el mantenimiento de las rutas 7, 8 y 33. El juez Aurelio Cuello Murúa atribuyó al Estado una “omisión comunitaria” y rechazó las explicaciones presupuestarias que había presentado Vialidad Nacional.
Por su parte, la exdiputada libertaria Lourdes Arrieta, hoy integrante de Provincias Unidas, reclamó precisiones sobre los montos asignados, los fondos ejecutados, las obras concretadas y las que continúan demoradas o paralizadas en Mendoza. También pidió que se informe la planificación para los corredores de esa provincia.
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“Los mendocinos tienen el derecho a saber qué ocurrió con los recursos del Sisvial: cuánto se asignó, cuánto se ejecutó efectivamente, qué obras se realizaron, cuáles permanecen demoradas o paralizadas y qué planificación existe para nuestros corredores. Porque mientras existen recursos nacionales destinados al sistema vial, Mendoza también ha destinado recursos propios para intervenir sobre rutas de jurisdicción nacional. Y eso merece una explicación”, expresó Arrieta.