La investigación por el femicidio de Natalia Cruz en Campo Quijano, en pleno Valle de Lerma, sumó en las últimas horas un nuevo foco de tensión: la camioneta usada para llevar de urgencia a la joven al hospital quedó secuestrada como prueba y su dueña asegura que no puede trabajar. Mientras la Justicia sigue con la causa por femicidio, la mujer que puso su vehículo a disposición para auxiliar a Natalia Cruz reclama que la devuelvan, porque es la herramienta principal de ingreso de su familia en Campo Quijano.
El conflicto estalló luego de que el cuerpo de la víctima fuera entregado a sus familiares, tras las pericias forenses, en una jornada marcada por el dolor en esta localidad del Valle de Lerma. A partir de allí, la propietaria del rodado empezó a plantear públicamente su preocupación por el tiempo que podría seguir sin la camioneta, ya que la unidad quedó incorporada al expediente del femicidio.
La causa por el femicidio de Natalia Cruz está radicada en sede judicial y, aunque todavía se esperan nuevas medidas, vecinos de Campo Quijano señalan que el secuestro de la camioneta también golpea a una familia trabajadora de la zona, que depende del rodado para sostener su actividad diaria.
La dueña del vehículo pide recuperar su fuente de trabajo
En diálogo con medios locales, Marina, vecina de Campo Quijano y dueña de la camioneta involucrada en el traslado de Natalia Cruz, explicó que el vehículo quedó estacionado frente a la comisaría, bajo custodia policial, desde el momento en que se lo incorporó a la investigación por femicidio. Según detalló, le informaron que el rodado está considerado un elemento de prueba dentro del expediente.
La mujer contó que los peritos ya habrían realizado estudios sobre la camioneta, pero que igual le adelantaron que podrían ordenar nuevas medidas técnicas, lo que extendería por varios meses el secuestro del vehículo. Para la familia de Marina, la camioneta representa su principal herramienta de trabajo diario en Campo Quijano, por lo que la retención prolongada impacta de lleno en sus ingresos.
Marina remarcó que el rodado es utilizado para distintas tareas vinculadas al movimiento económico del Valle de Lerma, como repartos y traslados, y que la imposibilidad de usarlo les genera un freno casi total a su actividad. Señaló que no cuentan con otro vehículo de similar capacidad y que, por la situación actual, quedaron sin poder cumplir con compromisos laborales.
La vecina aseguró que su intervención en el caso se limitó a colaborar cuando le pidieron el vehículo para llevar a Natalia Cruz al hospital. Indicó que, en ese momento, ante la urgencia y el contexto de violencia que rodeaba a la joven, ella aceptó inmediatamente prestar la camioneta, sin imaginar que luego quedaría secuestrada por la causa de femicidio.
En una entrevista con el periodista Rubén Lerma, Marina sintetizó su malestar al señalar que su familia actuó para ayudar y ahora atraviesan un perjuicio económico directo. Según relató, el parate del rodado ya empezó a sentirse en la economía del hogar, con trabajos que no pueden hacer y clientes que no pueden atender como antes.
Cómo fue el traslado de Natalia Cruz y la falta de movilidad sanitaria
Marina reconstruyó además cómo se decidió utilizar su camioneta para llevar a Natalia Cruz hasta el hospital más cercano. Contó que, cuando se buscó asistencia, la respuesta que recibieron fue que debían trasladar a la joven “como puedan”, porque en ese momento no había disponible ningún móvil sanitario ni otro medio de transporte oficial para hacer el recorrido.
De acuerdo con su versión, ante la ausencia de una ambulancia o de otro vehículo destinado al área de salud, la opción que quedó fue usar la camioneta familiar. La unidad terminó cumpliendo el rol de traslado sanitario improvisado para intentar salvar la vida de Natalia Cruz, en medio del contexto del femicidio que conmocionó a Campo Quijano.
La mujer insistió en que su participación se limitó a colaborar con el auxilio inmediato de la víctima, sin ningún tipo de vínculo con los hechos de violencia previos al femicidio. Recalcó que lo único que hizo fue responder al pedido de ayuda, algo habitual en comunidades del Valle de Lerma donde el tejido social y la tradición solidaria entre vecinos siguen siendo fuertes.
En este marco, Marina pidió públicamente que el fiscal que lleva la causa ordene la devolución del rodado. Afirmó que comprende que la Justicia deba asegurar todas las pruebas necesarias para la investigación del femicidio, pero solicitó que se analice alguna alternativa que le permita seguir trabajando mientras continúan las actuaciones.
Pedido puntual al fiscal y impacto en la vida cotidiana
El reclamo de Marina se centra en una solicitud concreta: que la Fiscalía a cargo disponga la liberación de la camioneta o, al menos, que evalúe si ya no es indispensable mantenerla secuestrada para la instrucción del femicidio de Natalia Cruz. Su planteo apunta a compatibilizar la investigación judicial con la necesidad de preservar la fuente de ingreso familiar.
Según expresó, la imposibilidad de mover la unidad no solo afecta a su casa, sino también a actividades vinculadas al comercio y a pequeños productores de la zona, que suelen contratar servicios de traslado en Campo Quijano y otras localidades del Valle de Lerma. Además, mencionó que la retención prolongada del vehículo genera gastos extra, porque deben buscar alternativas más caras o menos eficientes para cumplir con algunas tareas básicas.
Documentación previa y medidas de restricción en el caso
En paralelo a la discusión por la camioneta, se conoció documentación oficial vinculada a la situación previa de Natalia Cruz. Registros judiciales señalan que meses antes del femicidio en Campo Quijano, la joven, identificada como Natalia Marilín Cruz, había realizado en noviembre de 2025 una denuncia por situaciones reiteradas de violencia y acoso contra su pareja, Orlando Serapio.
A partir de esa presentación, el 3 de febrero se dictaron medidas de restricción, entre ellas la prohibición de acercamiento y la exclusión del hogar para el denunciado. Esos antecedentes quedaron incorporados al expediente del femicidio de Natalia Cruz como parte del contexto de violencia de género que se investigaba en Campo Quijano. Fuentes vinculadas al caso señalaron que dichas actuaciones forman parte de la documentación que se analiza en sede judicial.
En el Valle de Lerma, este tipo de casos vuelve a poner en primer plano la importancia de las medidas de protección y del seguimiento de las denuncias por violencia de género. Sin embargo, en el expediente solo constan los datos formales: la denuncia de noviembre de 2025, las restricciones fijadas el 3 de febrero y la posterior investigación por el femicidio de Natalia Cruz, que ahora también incluye el debate por la situación de la camioneta retenida.
Por el momento, la camioneta continúa secuestrada frente a la comisaría de Campo Quijano y la causa por el femicidio de Natalia Cruz sigue su curso en el ámbito judicial.