Patricia Bullrich presentó en el Congreso un nuevo dictamen con cambios para modificar la Ley de Tierra y reunir respaldos en el Senado. La iniciativa de La Libertad Avanza mantiene límites a la compra de campos por capitales extranjeros, aunque eleva el tope vigente del 15% al 25% de la superficie de cada distrito. Además, el texto prohíbe que los Estados extranjeros adquieran tierras rurales y sostiene las facultades de las provincias sobre su territorio y recursos naturales.
La jefa del bloque oficialista expuso la reformulación luego de participar de una reunión de la mesa política en la Casa Rosada. El objetivo es que el Senado pueda retomar el tratamiento del proyecto el 6 de agosto, con la intención de conseguir quórum y avanzar hacia la media sanción antes de que el expediente llegue a Diputados.
El dictamen reemplaza una versión previa que contemplaba eliminar los límites para la compra de tierras rurales productivas por parte de capitales extranjeros. Esa alternativa había sido impulsada dentro de la propuesta elaborada por el ministro de Desregulación, Federico Sturzenegger.
El dictamen eleva el límite y suma nuevas restricciones
El cambio más relevante del texto presentado por Bullrich es la decisión de conservar un tope para las adquisiciones extranjeras. En vez de quitar las restricciones existentes, el oficialismo plantea que personas físicas o jurídicas extranjeras puedan concentrar hasta el 25% de la superficie rural de cada distrito.
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Hasta la elaboración de esta nueva redacción, existían dudas sobre el alcance concreto de ese porcentaje y sobre si podía aplicarse a la superficie nacional, provincial o departamental. Bullrich señaló que la definición fue parte de las modificaciones introducidas para acercar posiciones con bloques que podrían acompañar la iniciativa.
La senadora también informó que se incorporaron condiciones que no figuraban en la propuesta anterior. “Vamos a dejar muy en claro qué limites pusimos que no estaban. Los estados extranjeros no pueden comprar un metro de tierra rural en argentina, punto”, afirmó durante una conferencia de prensa en el Congreso.
Las entidades con participación estatal requerirán autorizaciones
Según explicó Bullrich, las organizaciones vinculadas a Estados deberán contar con autorizaciones específicas para intervenir en operaciones sobre campos. La exigencia alcanzará a personas jurídicas, agrupaciones de colaboración, uniones transitorias de empresas y otros vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta.
“Las personas jurídicas, las agrupaciones de colaboración, las uniones transitorias de empresas y todos los vínculos asociativos que tengan participación estatal directa o indirecta van a necesitar el aval conjunto de la Nación y de las provincias”, repasó la titular de la bancada de La Libertad Avanza.
Los cambios preservan la jurisdicción provincial sobre las tierras
Otro punto central del dictamen es el reconocimiento de las atribuciones de cada provincia sobre los territorios comprendidos en sus límites. La redacción establece que “Cada provincia conservará la jurisdicción plena sobre el territorio comprendido dentro de sus respectivos límites” y permite que cada distrito defina su propia normativa.
Bullrich sostuvo que la propuesta no modifica el dominio provincial sobre los recursos naturales. “Los recursos naturales son dominio de las provincias. Ellas son las que deciden sobre los recursos naturales argentinos”, expresó durante la presentación, acompañada por los legisladores oficialistas Nadia Márquez y Agustín Coto.
La senadora respondió además a los cuestionamientos de sectores opositores, que advierten sobre un posible impacto en la soberanía nacional. “Es ridículo pensar que si un extranjero compra dos departamentos o tiene dos fábricas se está llevando una parte de la soberanía argentina. La propiedad es la que cambia de dueño, la soberanía no, que es la capacidad y fortaleza de un Estado de hacer cumplir la ley”, afirmó.
En ese tramo, Bullrich también apuntó contra el diputado nacional Máximo Kirchner y cuestionó la actual Ley sobre el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales. El oficialismo buscaba reunir los votos necesarios para reabrir la sesión del Senado el 6 de agosto, mientras se anticipaba una movilización contra el proyecto fuera del Congreso.
Si el Senado aprueba el dictamen, la iniciativa obtendrá media sanción y pasará a la Cámara de Diputados para su tratamiento.