En distintos barrios de Salta, el precio de la garrafa de 10 kilos se movió con fuerza en las últimas semanas y hoy se ubica en una franja que va de $27.000 a $35.000 en comercios de cercanía, según la localidad. En paralelo, el programa provincial “Garrafa Federal y Segura” mantiene un valor de $19.000 por unidad, lo que genera una brecha marcada entre el mercado libre y el esquema subsidiado. Esta diferencia se da en un contexto de desregulación nacional del gas y los combustibles, con impacto directo en los bolsillos de los hogares que dependen del gas envasado para cocinar y calefaccionarse.
El subsecretario de Participación Ciudadana y Relaciones con la Comunidad, Iván Mizzau, explicó que la última corrección del valor dentro del programa oficial se concretó en marzo. Hasta ese momento, la tarifa se venía sosteniendo en niveles más bajos, pero el encarecimiento del insumo forzó un ajuste para poder continuar con la operatoria. Aun así, el monto que fija el plan provincial se mantiene muy por debajo de lo que se observa en los negocios barriales y en el interior.
En los puntos de venta tradicionales, el movimiento de precios se nota con mayor intensidad en zonas alejadas como la Puna y los Valles, donde la logística encarece todavía más la garrafa. En esos casos, los valores se ubican por encima del rango que ya se ve en la ciudad de Salta y en otras localidades, lo que limita el acceso para familias de menores ingresos que no cuentan con red de gas natural.
Brecha entre la garrafa de comercio y la garrafa del programa oficial
Mizzau detalló que, dentro del plan “Garrafa Federal y Segura”, el valor de referencia se actualizó por última vez en marzo, luego de varios meses sin cambios. Según indicó, la garrafa subsidiada pasó de $15.500 a $19.000 tras mantener el precio anterior desde noviembre de 2025. De acuerdo con el funcionario, ese incremento cortó un período de relativa estabilidad y se dio en un marco de suba generalizada de los combustibles.
Mientras tanto, en el circuito comercial la garrafa de 10 kilos se ofrece hoy entre $27.000 y $35.000, dependiendo de la zona de Salta, y con perspectivas de nuevas alzas ligadas al escenario internacional de la energía. Mizzau advirtió que en áreas como la Puna y los Valles los precios suelen ubicarse todavía más arriba que en la capital, lo que genera una presión adicional sobre los presupuestos familiares.
Esta diferencia de valores entre el mercado regulado por el programa y los negocios barriales impacta sobre todo en los sectores que no tienen otra fuente de energía. Al no contar con subsidio nacional, el costo final queda atado a la evolución del dólar, del petróleo y del gas en los mercados externos. En este contexto, el esquema provincial busca ofrecer un ancla para quienes logran acceder a los puntos de venta oficiales.
El subsecretario remarcó que se mantienen conversaciones permanentes con las empresas proveedoras de gas envasado para evitar subas más fuertes dentro del programa: “Estamos en permanente diálogo con las empresas tratando de sostener justamente todo esto, que se mantenga la garrafa federal”, señaló. Según su descripción, el objetivo es que el incremento de costos en la cadena de distribución no se traslade de manera plena al precio que paga el usuario en los operativos.
Fin del subsidio nacional y rol del programa “Garrafa Federal y Segura” en Salta
El cambio más profundo en el acceso a la garrafa en Salta se produjo con la eliminación del esquema nacional de subsidios. Mizzau explicó que la decisión de Nación de desregular los precios del gas y los combustibles llevó al cierre del programa de garrafa social a nivel federal. En palabras del funcionario, “la gente ya no tiene subsidio para la garrafa porque dejó de ser un programa nacional para convertirse en uno provincial porque Nación desreguló los precios del gas y eso hizo que dejara de existir la garrafa social”.
Ante ese escenario, la Provincia puso en marcha el plan “Garrafa Federal y Segura”, que, según precisó el subsecretario, en 2026 cumple su tercer año de vigencia. El diseño del esquema apunta a garantizar un canal específico de abastecimiento con precio diferenciado para los hogares, en reemplazo del mecanismo que antes funcionaba a través de organismos nacionales. De esta manera, se busca mantener una referencia por debajo del mercado, en un contexto de tarifas liberadas.
A diferencia del modelo anterior, que se articulaba mediante Anses y operaba a través de transferencias directas a los beneficiarios, el programa actual se basa en un precio fijo por unidad en puntos de venta determinados. Los operativos se realizan en centros vecinales, Centros Integradores Comunitarios (CIC) y espacios señalados por los municipios del interior, con días y horarios pautados en un cronograma público. De acuerdo con Mizzau, no hay cupo por familia: cada vecino puede acercarse en las fechas establecidas y comprar las garrafas que necesite dentro de los límites operativos de cada jornada.
El funcionario señaló que la organización del programa se fue ajustando a partir de relevamientos en territorio. En esas recorridas detectaron que en algunos barrios quedaban períodos largos sin operativos, lo que dejaba a los vecinos sin posibilidad de comprar al valor subsidiado. “Detectamos que había lapsos en los que la gente se quedaba sin gas, entonces ajustamos los tiempos para que no estén tanto tiempo sin poder comprar”, explicó al describir los cambios en la frecuencia de distribución.
Canales informales, controles de calidad y denuncias de usuarios
La diferencia de valores entre el programa y los comercios también dejó en evidencia la presencia de circuitos informales de venta de gas envasado. Desde el área de Participación Ciudadana indican que, frente al encarecimiento en negocios habilitados, aparecen garrafas ofrecidas a precios más bajos pero por fuera de los controles establecidos. En ese segmento es donde se concentran las quejas por envases con agua, menor contenido de gas al indicado o falta de condiciones de seguridad.
Según el relato oficial, estas situaciones derivan en reclamos de usuarios que, al detectar irregularidades, se dirigen a las autoridades para denunciar lo ocurrido. En contraste, en el programa “Garrafa Federal y Segura” rigen mecanismos de supervisión sobre la carga y el estado de los envases que buscan garantizar que el producto cumpla con las normas vigentes. Aunque no se difundieron cifras sobre el volumen de garrafas entregadas, desde la subsecretaría aseguran que el esquema se mantiene operativo y con continuidad de abastecimiento en los puntos definidos.
Mizzau vinculó de manera directa el aumento en el precio de la garrafa con la decisión del Estado nacional de liberar las tarifas. “El hecho de que el Estado nacional haya desregulado las tarifas impacta directamente en el bolsillo del vecino, y nosotros, desde la Provincia, tenemos el objetivo de, por lo menos, tratar de amortiguar esa situación en tanto y en cuanto se pueda”, afirmó al referirse a la continuidad del programa y a la necesidad de sostener el valor diferenciado frente al alza en el mercado.
Gas natural más barato que la garrafa y programas de conexión y anafes eléctricos
En paralelo al debate por el precio de la garrafa en Salta, el acceso al gas natural sigue pendiente para muchos hogares. Mizzau comentó que en varios sectores ya se encuentran instaladas las redes troncales, pero que el costo de la obra domiciliaria es una barrera clave: “Hay muchas redes de gas troncales, pero la gente no se conecta por el valor de la conexión domiciliaria”, señaló. Esta situación obliga a numerosas familias a seguir dependiendo del gas envasado aun cuando la red pasa cerca de sus casas.
Frente a este cuadro, las autoridades analizan alternativas de financiamiento para retomar el programa “Conectate Gas”, que antes contaba con respaldo nacional y permitía financiar la instalación interna. El subsecretario indicó que se encuentran revisando “los pormenores y fundamentalmente la cuestión económica” para reactivarlo, con el argumento de que “el gas natural termina siendo mucho más barato que la garrafa”. En la práctica, esa diferencia de costo por unidad de energía vuelve más relevante el impacto del precio de la garrafa sobre el presupuesto familiar.
Además, se impulsa el plan “Anafe en Casa”, orientado a quienes optan por consumir más energía eléctrica para cocinar. Según detalló Mizzau, el programa financia cocinas eléctricas de dos hornallas en 30 cuotas de $5.500, con equipos de bajo consumo y mínimo impacto en la factura. De este modo, se buscan alternativas que complementen el uso de gas envasado en un contexto de fuerte aumento en el precio de la garrafa y de un mercado energético desregulado.