La posible reforma de la Ley 27.453 abrió un foco de preocupación entre referentes de barrios populares y familias que viven en terrenos en Salta. Desde organizaciones barriales advirtieron que un cambio en esa norma podría afectar procesos de regularización dominial, demorar obras de urbanización y dejar a vecinos más expuestos a desalojos, sobre todo en sectores asentados sobre tierras privadas. En ese marco, dirigentes de la capital y del interior reclamaron la apertura de una instancia formal con autoridades provinciales y municipales para analizar el tema y discutir alternativas frente al escenario que se debate en el Congreso.
Barrios populares de Salta ponen el foco en la ley y sus efectos
La advertencia fue expuesta por Dina Guaymás, referente del barrio Tinkunaku e integrante de la Mesa de Barrios Populares de Salta Capital. En una entrevista con Radio Salta, sostuvo que una modificación de la legislación vigente podría alcanzar a miles de familias que hoy esperan avanzar con servicios básicos, títulos de propiedad y mejoras urbanas.
La dirigente señaló que la discusión genera “mucha angustia” y “mucha preocupación” entre quienes habitan estos sectores. Según expresó, una eventual reforma podría volver a empujar a esos barrios a una situación de invisibilidad institucional, en un contexto donde muchas necesidades siguen sin resolverse.
También cuestionó la interrupción de programas y fondos que, de acuerdo con su planteo, tienen impacto directo en la vida diaria de los vecinos. En ese punto afirmó: “Este gobierno nos está sacando todo”. La frase fue dicha al referirse a la falta de continuidad de herramientas que, según indicó, permitían acompañar obras y procesos de integración.
La Ley 27.453, sancionada en 2018, establece el Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana. Entre sus alcances, declara de interés público la integración urbana de los barrios populares incorporados al RENABAP, facilita expropiaciones, suspende desalojos y promueve el acceso a servicios e instrumentos de titularización.
Terrenos y obras frenadas, dos de los puntos que más inquietan
Uno de los temas que más preocupa a las organizaciones tiene que ver con las familias asentadas en terrenos privados. Guaymás advirtió que, si la ley cambia, podrían multiplicarse los intentos de desalojo en espacios ocupados desde hace décadas por vecinos que no cuentan con otra alternativa habitacional.
Sobre ese punto, la referente explicó: “Quieren modificar la ley para que la parte privada nos desaloje”. Luego agregó: “Son terrenos que estamos usando hace 30 o 40 años, eran espacios abandonados”. La situación, según planteó, no es aislada y forma parte de una preocupación que se repite en distintos puntos de la provincia.
A la vez, mencionó antecedentes recientes que siguen de cerca las organizaciones. Según indicó, hubo notificaciones en Santa Rosa y en Salvador Mazza se registra un caso en el que el propietario de un barrio inició trámites de desalojo. Esos episodios fueron tomados como señales de alerta mientras continúa el debate sobre la normativa.
En paralelo, también advirtió por la paralización de trabajos considerados básicos. En el barrio Tinkunaku, dijo, estaba previsto un proyecto de cloacas, pero no avanzó. “Estamos en proceso de regularización, pero el proyecto de cloacas quedó frenado”, señaló al describir una situación que, según sostuvo, se replica en otros sectores con infraestructura precaria.
El pedido de una mesa de trabajo y el alcance en toda la provincia
Desde la Mesa de Barrios Populares de Salta Capital insistieron en que la salida debe discutirse con intervención estatal. Por eso solicitaron la conformación de una mesa de trabajo con la Provincia y la Municipalidad, con el objetivo de revisar el escenario abierto y escuchar propuestas de las organizaciones.
Guaymás explicó que ya había existido un compromiso previo para sostener reuniones periódicas con el municipio, aunque ese espacio no llegó a concretarse. “Se cumplió un año y no se logró ese espacio para seguir trabajando”, dijo sobre una instancia que, según remarcó, sigue pendiente.
De acuerdo con los datos que expuso la referente, en la ciudad de Salta hay 52 barrios populares, mientras que en toda la provincia suman 354. A eso añadió que los problemas de infraestructura se combinan con otras dificultades, entre ellas el impacto de fenómenos climáticos y la falta de obras estructurales en sectores donde el acceso a servicios continúa siendo muy limitado.
La dirigente también vinculó la situación habitacional con la realidad económica de muchas familias. Explicó que una parte importante de los vecinos tiene trabajos informales y no cuenta con ingresos suficientes para pagar un alquiler. “Nuestros trabajos son informales, no llegamos a pagar un alquiler”, sostuvo. Después agregó: “Tenemos un ingreso bajísimo, entonces no llegamos”.
Mientras el proyecto sigue su curso en el Congreso, las organizaciones barriales permanecen en estado de alerta. A nivel provincial, estiman que una modificación de la ley podría alcanzar a más de 120 mil salteños. “Pedimos que se arme una mesa de trabajo con Provincia y Municipalidad para analizar, evaluar y que escuchen nuestras propuestas”, expresó Guaymás.