La fiscal federal Alejandra Mangano pidió archivar la denuncia por el viaje de la esposa de Adorni a Estados Unidos en el avión presidencial. En su dictamen, la fiscal sostuvo que no encontró delito ni un uso indebido de recursos públicos. La presentación quedó en manos del juez Daniel Rafecas, con intervención en el expediente. El análisis tomó en cuenta informes oficiales sobre la aeronave utilizada, la cantidad de asientos disponibles y los gastos del traslado, y concluyó que la decisión cuestionada no generó una erogación presupuestaria particular ni extraordinaria.
La fiscal sostuvo que corresponde archivar la denuncia
Mangano evaluó la acusación presentada por el viaje de Bettina Julieta Angeleti, esposa de Manuel Adorni, y concluyó que los hechos denunciados no encuadran en figuras penales. Según el dictamen, la situación revisada no se ajusta a los supuestos previstos por el artículo 260 del Código Penal ni a otros delitos del mismo capítulo.
La fiscal basó su postura en documentación enviada por la Secretaría General de la Presidencia y por la Jefatura de Gabinete. Esos informes incluyeron datos sobre la aeronave usada para el traslado y también sobre los costos vinculados al viaje oficial.
Con esos elementos, la representante del Ministerio Público entendió que no hubo una utilización irregular de recursos del Estado. Por eso, pidió archivar el expediente abierto a partir de la denuncia que cuestionaba la presencia de la esposa de Adorni en la comitiva.
Los informes oficiales fueron clave en la evaluación del caso
Uno de los puntos centrales del análisis fue la capacidad del Boeing 757-200 utilizado en el viaje. De acuerdo con el dictamen, la aeronave cuenta con 39 plazas, por lo que se revisó la relación entre ese total y la cantidad de integrantes de la delegación oficial.
En esa revisión, la fiscal indicó que entre el 6 y el 11 de marzo hubo más de diez lugares disponibles en cada tramo aéreo. A partir de ese dato, sostuvo que la incorporación de Angeleti se dio dentro de un margen razonable de las facultades discrecionales de la Presidencia.
Además, remarcó que la medida cuestionada no implicó un gasto especial ni extraordinario para el Estado. Ese punto fue considerado relevante para descartar que existiera una conducta penalmente reprochable.
Rafecas quedó a cargo de resolver con el dictamen ya presentado
El expediente quedó bajo la órbita del juez federal Daniel Rafecas, quien recibió el planteo de la fiscal para archivar la denuncia. La actuación judicial se apoyó en la conclusión de que no se configuró delito en el traslado de la esposa de Adorni.
Con aval del juez Daniel Rafecas, según surge del expediente citado en la información original, Mangano concluyó que no hubo delito ni uso indebido de recursos públicos.