El Gobierno nacional modificó el régimen de importación de equipos médicos usados y reacondicionados, habilitando un ingreso más amplio de este tipo de tecnología al país bajo un nuevo esquema regulatorio de la ANMAT. La medida, que será aplicada en todo el sistema de salud argentino, es presentada por la administración de Javier Milei como una forma de abaratar costos y facilitar el acceso a equipamiento, mientras que sectores de la oposición cuestionan que se impulse la compra de aparatos usados en un contexto en el que el oficialismo reivindica una supuesta mejora económica.
El cambio quedó plasmado en la Disposición 224 del organismo regulador, que reemplaza una normativa vigente desde hace casi dos décadas y se apoya en un decreto presidencial previo. Según el texto oficial, el objetivo es ampliar la disponibilidad de tecnología sanitaria sin afectar la seguridad de los pacientes.
La decisión generó un fuerte cruce político, ya que abre la puerta a que hospitales, clínicas y centros privados recurran en mayor medida a equipamiento reacondicionado del exterior, en un escenario de restricciones presupuestarias y de tensión por el costo de la salud.
Nueva regulación para la importación de equipos médicos usados
La Disposición ANMAT 224/2026 redefine de manera integral el régimen de importación de equipos médicos usados y reacondicionados en la Argentina. Esta normativa deja sin efecto la disposición 806, vigente desde el año 2007, y se articula con un decreto emitido por el Poder Ejecutivo en 2025. El texto oficial establece que comenzará a aplicarse luego de un plazo de 45 días desde su publicación en el Boletín Oficial.
El marco regulatorio establece tres vías diferenciadas para el ingreso de productos médicos usados. Por un lado, se habilita la entrada de equipos reacondicionados en el exterior antes de su envío al país. En segundo término, se permite importar aparatos usados que, según la evaluación del propio importador, no necesitan reacondicionamiento. Y, como tercera modalidad, se autorizan equipos sin acondicionar, que deberán ser sometidos a trabajos de puesta a punto una vez que se encuentren en territorio argentino.
En todos los casos, se mantiene una restricción clave: siguen excluidos los dispositivos médicos diseñados para un solo uso, que no podrán ingresar bajo este régimen. Además, la nueva normativa aclara que únicamente podrán importarse productos ya inscriptos en los registros de la ANMAT y que no estén alcanzados por prohibiciones previas.
El esquema también amplía quiénes pueden operar en este mercado. Además de las firmas tradicionalmente habilitadas, se incorporan como posibles importadores los fabricantes y las empresas de servicio técnico y reacondicionamiento de tecnología médica. El Gobierno sostiene que esta apertura aumentará la competencia entre proveedores y reducirá tiempos y costos administrativos.
Segmentación por riesgo y rol de ANMAT en los controles
Uno de los ejes centrales de la disposición es la segmentación de los controles según la clase de riesgo del producto. Para los equipos de clase I y II, entre los que se encuentran, por ejemplo, ecógrafos y otros aparatos considerados de menor complejidad relativa, la ANMAT dejará de intervenir de forma previa. En estos casos, el importador deberá presentar un Aviso de Importación a través de la plataforma Trámites a Distancia dentro de las 48 horas posteriores a la nacionalización del bien, bajo la figura de declaración jurada.
En cambio, para los equipos encuadrados en las clases III y IV, catalogados como de mayor riesgo o alta complejidad —como los tomógrafos—, el organismo regulador mantendrá un esquema de autorización previa. Estos productos de riesgo elevado solo podrán concretar su importación de equipos médicos si cuentan con certificados de buen funcionamiento o reacondicionamiento emitidos en el exterior, o si son sometidos a reacondicionamiento dentro del país por empresas habilitadas por la ANMAT.
El organismo sanitario remarca que, pese a la flexibilización de algunos pasos burocráticos, conserva la obligación de garantizar estándares de seguridad, eficacia y calidad sobre la tecnología que ingresa al sistema. La disposición precisa que los requisitos documentales serán distintos según la categoría de riesgo del equipo, aunque en todos los casos deberá acreditarse el origen y el estado del producto.
Desde la administración nacional se plantea que esta reforma apunta a disminuir lo que consideran “trabas administrativas” sin reducir el nivel de protección sanitaria. El texto oficial señala que la ANMAT seguirá ejerciendo su función de control, en especial sobre los productos más complejos y sensibles para la atención médica.
Argumentos económicos y políticos en la discusión por los equipos usados
El ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger, fue el principal vocero del oficialismo para respaldar la resolución. El funcionario afirmó que la medida “abre el juego en tres aspectos clave”, al ampliar el universo de actores autorizados a importar, eliminar la obligación de reacondicionar equipos que ya cuentan con certificados de buen funcionamiento y simplificar algunos trámites para ciertos productos. Según su planteo, la consigna es “menos burocracia y más salud”.
De acuerdo con la fundamentación oficial, el nuevo régimen permitiría que hospitales, clínicas y centros de diagnóstico, especialmente los más chicos o ubicados en zonas con menos infraestructura, accedan a tecnología médica moderna a un valor sensiblemente inferior al de los equipos nuevos. El texto de la ANMAT menciona que, en algunos casos, la diferencia de costos entre un aparato sin uso y uno reacondicionado puede ubicarse en franjas que van de la mitad a poco más de un tercio del precio original. Además, la resolución incorpora como argumento el impacto ambiental, al indicar que la reutilización de equipos médicos importados y reacondicionados bajo estándares estrictos contribuye a reducir residuos electrónicos y fomenta prácticas de economía circular en el sector sanitario.
Desde la vereda opositora, en cambio, se cuestiona la conveniencia política de habilitar más compra de equipamiento usado cuando el presidente Javier Milei sostiene que la economía atraviesa una etapa de recuperación. Dirigentes críticos del oficialismo señalan que la decisión expone las dificultades financieras del sistema de salud para renovar tecnología de alta complejidad con equipamiento nuevo, en un contexto donde también se sigue de cerca la evolución de los costos médicos y el impacto de la inflación en las prestaciones.
En el plano institucional, la ANMAT remarca que la disposición se alinea con las políticas nacionales orientadas a mejorar el acceso oportuno a tecnologías médicas en todo el país. El organismo destaca que la combinación de exigencias técnicas, segmentación de riesgos y requisitos de certificación busca compatibilizar la expansión del mercado de usados con la preservación de la salud pública.