Las amenazas contra escuelas de Salta ya derivaron en más de 30 expedientes penales y mantienen bajo fuerte presión a la Justicia y a la Policía. La fiscal penal juvenil N°2, Carolina Hernández, confirmó que durante abril se multiplicaron las denuncias y que, además, bajó la edad de las personas involucradas, con consultas que ya alcanzan a alumnos de primaria. Según explicó, hay entre 36 y 37 personas con causa abierta, se secuestraron celulares para peritajes y todos los casos siguen en trámite, aun cuando algunos sospechosos recuperaron la libertad.
La funcionaria detalló que la situación alcanzó a instituciones públicas y privadas de distintos barrios de la ciudad, con amenazas hechas por mensajes, grafitis, anotaciones en pizarrones y escritos sobre bancos o escritorios. En varios expedientes se activaron medidas técnicas para tratar de identificar autores, desde análisis de teléfonos hasta intervenciones de Criminalística. En ese marco, insistió en que estas conductas no pueden tomarse como una travesura.
Durante una entrevista, Hernández dijo que la seguidilla de hechos abrió un escenario inédito por la cantidad de actuaciones y por la edad de algunos chicos mencionados en las consultas. También remarcó que, aunque haya menores de 16 años que no sean punibles, igual quedan sometidos a un legajo socioeducativo y a un proceso con intervención formal.
La fiscal penal juvenil habló de una escalada de amenazas en escuelas y de un aumento de causas en abril
Carolina Hernández, a cargo de la Fiscalía Penal Juvenil N°2 y de turno durante todo abril, explicó que su intervención responde al esquema vigente para el fuero penal juvenil. En la provincia, precisó, solo funcionan dos fiscalías de este tipo, por lo que los hechos denunciados la semana pasada y los que se conocieron a lo largo del mes fueron absorbidos por ese sistema de turnos.
Al describir el volumen de trabajo, la fiscal fue directa: “No lo va a creer, pero perdimos la cuenta”. Luego indicó que actualmente hay “aproximadamente entre 36 o 37” personas con causa abierta. Aclaró, a la vez, que no todas quedaron detenidas, pero sí todas están siendo investigadas dentro de expedientes penales ya iniciados.
La funcionaria sostuvo que, al comienzo, se pensó que la difusión de algunos procedimientos del viernes de la semana pasada, sumada a charlas familiares y talleres en establecimientos, podía frenar la repetición de episodios. Sin embargo, dijo que pasó lo contrario. “Ha subido. Está bajando en la edad, ya nos están haciendo consultas por chicos de la primaria”, afirmó. Según explicó, en un primer momento los casos se vinculaban con estudiantes de los últimos años del secundario, mientras que ahora aparecieron consultas por alumnos de cuarto y quinto grado.
Hernández señaló además que la fiscalía ya había fijado directivas comunes para la actuación policial desde las primeras consultas. Eso, según indicó, ocurrió después de advertir que hechos similares se venían registrando “en todo el país” y ante la necesidad de contar con un criterio unificado para cada denuncia. Cada vez que la Policía recibe una presentación, consulta a la fiscalía sobre las medidas a tomar, por eso se resolvió trabajar con pautas previas.
Las amenazas fueron por mensajes, grafitis y publicaciones, y obligaron a sumar pericias en distintos colegios
De acuerdo con la descripción de la fiscal, no hubo una única modalidad. Las denuncias incluyeron grafitis en paredes escolares, anotaciones en el escritorio de una maestra, mensajes escritos en pizarrones y también envíos digitales o publicaciones. Esa variedad, explicó, complica la identificación de los autores y obliga a abrir líneas de trabajo diferentes según cada caso.
Cuando aparece una inscripción dentro de un edificio escolar, una de las primeras medidas consiste en pedir la intervención de Criminalística. Hernández contó que allí se realizan fotografías, se releva la altura en la que fue escrito el mensaje respecto del piso y se analiza si hay posibilidad de levantar huellas dactilares. Esos elementos pueden ser útiles más adelante si una persona señalada niega haber hecho el grafiti.
La fiscal agregó que, en esos expedientes, la investigación puede requerir pericias caligráficas y otros estudios vinculados con la contextura física o con si la persona escribe con la mano izquierda o derecha. Aun así, advirtió que la acumulación de casos volvió muy pesada esa tarea y que ya no siempre se puede disponer la intervención técnica en todos los hechos reportados.
En los casos donde las amenazas circulan por mensajería o redes, la pesquisa pasa por otro lado. Hernández confirmó que se secuestraron teléfonos celulares y que esos dispositivos fueron enviados a peritajes. Remarcó que esas medidas son habituales en investigaciones de este tipo y que buscan establecer la autoría de los mensajes o publicaciones que generaron alarma en la comunidad educativa.
La identificación de autores se volvió más difícil y la carga operativa alcanza también al CIF y a la brigada
La fiscal describió un escenario de saturación en las áreas que intervienen en cada expediente. “No da abasto ni la brigada ni el CIF”, afirmó, y en otro tramo resumió la situación con otra frase: “Estamos desbordados”. Según detalló, la presión no recae solo sobre la fiscalía, sino también sobre la Policía, que necesita instrucciones para cada denuncia, y sobre los organismos técnicos que deben producir pruebas.
En varios colegios, además de las pericias, se hicieron entrevistas a directivos, docentes y celadores. Hernández explicó que, como no había un protocolo previo específico para este tipo de episodios, la fiscalía armó uno. Ese esquema parte de un grupo amplio de posibles involucrados y luego intenta acotar el universo a partir de conflictos, antecedentes de bullying u otros datos que permitan individualizar a quien pudo haber hecho la amenaza.
La reconstrucción, de todos modos, no siempre es sencilla. La funcionaria puso como ejemplo los grafitis escritos en baños escolares. En esos lugares, las cámaras suelen estar afuera, no adentro, por lo que hay que revisar quiénes entraron y salieron, mirar secuencias y cruzar horarios para tratar de achicar la lista. “Es un número inmanejable”, dijo al referirse a ese trabajo.
Hernández también subrayó que el fenómeno no distinguió entre sectores. “No se salvó nadie”, expresó al señalar que hubo actuaciones en colegios públicos y privados, en distintos barrios. A la vez, remarcó que nunca había atravesado una situación de esta magnitud. “Tengo treinta y ocho años de trabajo y nunca viví una situación así”, sostuvo.
Un mensaje en un grupo escolar de WhatsApp derivó en una detención al día siguiente
Entre los casos que tomaron estado público, la fiscal se refirió al expediente vinculado con la escuela República de la India. Según relató, allí la amenaza fue enviada a un grupo escolar de WhatsApp llamado “tareas”. El mensaje no aparecía a nombre del autor y llegó a conocimiento de las autoridades del establecimiento cerca de las 19, cuando ya caía la tarde.
Desde ese momento, explicó, la fiscalía trabajó durante toda la noche para identificar a la persona que había mandado el contenido. Con autorización del juez de garantías de turno, al que identificó como el juez número tres, doctor Fernández Esteban, la detención se concretó a la mañana siguiente. En ese expediente intervino solo la fiscalía juvenil porque se trataba de un único menor.
Sobre el contenido difundido, Hernández fue precisa: el mensaje mostraba la imagen de un arma y decía: “No vayan mañana al colegio, ahí tiroteo”. Para la fiscal, una amenaza de ese tipo no puede relativizarse ni leerse como una broma, porque obliga a actuar ante el riesgo de un hecho de violencia que pueda afectar a alumnos y personal escolar.
La funcionaria indicó que, en ese caso puntual, el joven accedió a una suspensión de juicio a prueba. Entre las condiciones impuestas figura una tarea comunitaria, que se traduce en una donación al instituto donde estuvo alojado. Según detalló, el adolescente se comprometió a reunir ese dinero mediante trabajos relacionados con conocimientos de electricidad.
Hernández añadió que el chico manifestó su intención de contarles a sus compañeros lo ocurrido. También dijo que estaba arrepentido y que no había dimensionado que su conducta constituía un delito. De todos modos, aclaró que eso no borra la causa: el expediente sigue dentro de los marcos legales previstos.
La fiscal sostuvo que las amenazas en escuelas constituyen intimidación pública y pueden derivar en privación de la libertad
Al hablar de la calificación legal, la fiscal remarcó que estos hechos se encuadran en el delito de intimidación pública. Explicó que la conducta se configura cuando se anuncia un mal grave e inminente para un grupo determinado, y señaló que la escala penal prevista va de 2 a 6 años. Por eso insistió en que una amenaza de tiroteo no puede tomarse como un chiste.
“nosotros no podemos pensar que es una broma. Tenemos que pensar que puede ocurrir un hecho de violencia y que hay riesgo para la integridad física del colectivo alumno de la escuela en donde se hace esa amenaza”, afirmó. Lo dijo al responder cuestionamientos públicos sobre el tratamiento dado a algunos mensajes o inscripciones denunciados durante las últimas semanas.
En esa línea, también aclaró que incluso los menores de 16 años, aunque no sean punibles, quedan alcanzados por un legajo socioeducativo. Ese trámite incluye la posibilidad de ser oídos, de presentar descargo, de contar con defensa y de someterse a informes psicológicos, psiquiátricos y ambientales. “Todos están sometidos a un proceso”, sostuvo.
La fiscal mencionó además otro expediente investigado por el fiscal número tres, doctor Córdoba, donde aparecían dos mayores de edad y un menor. En ese supuesto, explicó, interviene la justicia de mayores por el llamado fuero de atracción. La fiscalía juvenil y el juez penal juvenil solo quedan para las medidas socioeducativas vinculadas con el menor.
Sobre el viernes de la semana pasada, al que definió como el día más crítico, indicó que hubo cuatro detenidos y dos personas demoradas. De esos cuatro detenidos, uno correspondía a la causa de la escuela República de la India y los otros tres al expediente donde había dos mayores y un menor. En relación con los adolescentes privados de la libertad, recordó que la ley penal juvenil prevé su alojamiento en el instituto especializado para menores en conflicto con la ley penal.
Como parte de las respuestas preventivas, Hernández indicó que en colegios que hicieron consultas se dispuso revisar mochilas para verificar que no hubiera armas, aunque aclaró que no se revisó a las personas. Reconoció que esa decisión generó resistencia entre centros de estudiantes y algunos padres. Según explicó, la medida se aplicó en todos los establecimientos que acudieron a la fiscalía o a la Policía con reportes de amenazas.
Finalmente, la fiscal insistió en el mensaje dirigido a las familias: “No es una broma, es un delito. Y aunque algunos recuperaron la libertad, todos tienen causa.”