Siete allanamientos en distintos barrios de la ciudad de Salta y en Cerrillos, el congelamiento de cuentas bancarias y una investigación por presuntas estafas bajo esquema piramidal colocan en el centro de la escena a un cabo primero del Servicio Penitenciario provincial. La fiscal penal interina de la UDEC, Ana Inés Salinas Odorisio, reunió múltiples denuncias de efectivos y personal penitenciario que apuntan a un sistema de inversión con altos intereses, ahora bajo la lupa por posible (corrupción) y maniobras económicas irregulares dentro del ámbito institucional.
Una operatoria bajo sospecha que se expandió entre compañeros de trabajo
De acuerdo con la causa que lleva adelante la Unidad de Delitos Económicos Complejos (UDEC), el foco de la investigación está puesto en un cabo primero del Servicio Penitenciario de la Provincia de Salta, señalado por varios denunciantes como impulsor de un sistema de inversión que habría funcionado durante años entre colegas y conocidos. Las presentaciones apuntan a un mecanismo que prometía intereses mensuales de entre el 10% y el 15%, con retiros parciales del capital y sin monto mínimo de ingreso.
Quienes se presentaron en la fiscalía relataron que el ofrecimiento se presentaba como un “círculo exclusivo” y reservado, que el propio acusado afirmaba sostener “desde la pandemia”. La mayoría de los aportantes identificados pertenecen a fuerzas de seguridad y, especialmente, al ámbito penitenciario. La fiscal penal interina, Ana Inés Salinas Odorisio, tomó intervención tras la acumulación de múltiples denuncias que describen un esquema con rasgos de pirámide financiera y posibles conductas vinculadas a (corrupción) interna.
Según consta en el expediente, en una primera etapa el sistema habría generado confianza entre los participantes: hubo pagos periódicos de intereses y, en algunos casos, devolución parcial del capital. Esa dinámica de cancelaciones a término fue, para los investigadores, uno de los factores que habría incentivado a los vecinos salteños involucrados a incrementar sus aportes y sumar a más personas del entorno laboral.
Sin embargo, con el correr de los meses comenzaron a registrarse atrasos reiterados en las transferencias prometidas, pedidos de prórroga y movimientos de dinero a través de cuentas de terceros. Varios denunciantes coincidieron en que la comunicación con el cabo primero se volvió cada vez más esporádica hasta prácticamente desaparecer, lo que motivó la presentación formal ante la UDEC.
Siete allanamientos en Salta capital y Cerrillos, dinero secuestrado y cuentas bancarias inmovilizadas
En este contexto, y por requerimiento del Ministerio Público Fiscal, se dispuso un amplio operativo que incluyó siete allanamientos simultáneos en distintos puntos de la provincia. Los procedimientos se concretaron durante la mañana del jueves 18 en domicilios de la zona centro de la ciudad de Salta, en los barrios Democracia, Divino Niño y Primera Junta, además de dos viviendas situadas en Cerrillos.
En los operativos participaron 33 efectivos del Departamento de Investigaciones y Criminología del Cuerpo de Investigaciones Fiscales, acompañados por personal de la propia UDEC. Durante las requisas se secuestraron teléfonos celulares, computadoras, otros dispositivos electrónicos, documentación considerada relevante para la causa y una suma de $1.317.000 en efectivo, montos que quedaron a resguardo para su análisis pericial.
Paralelamente, la fiscalía avanzó con medidas sobre el circuito financiero. Por orden judicial, se inmovilizaron 15 cuentas bancarias asociadas al principal investigado y a una plataforma identificada como Cocos, donde se habrían derivado alrededor de $120 millones. De acuerdo con la hipótesis de la UDEC, estas transferencias hacia Cocos Capital SA se habrían utilizado para dar apariencia de inversiones reales y formalizar los movimientos de fondos frente a los aportantes.
El relevamiento de movimientos bancarios permitió identificar 409 operaciones concentradas en tres cuentas virtuales utilizadas por el denunciado: Mercado Pago, Ualá y Naranja X. No obstante, los registros muestran que al menos 22 cuentas distintas habrían intervenido en el flujo total de dinero. Según la documentación incorporada al expediente, el volumen global movilizado por este circuito superaría los $2.702.170.181.
Denunciantes, montos millonarios y perfiles económicos bajo la lupa
Entre las declaraciones incorporadas a la causa se destaca la de una agente del Servicio Penitenciario que afirmó haber entregado $7.000.000 al cabo primero. Relató que durante los meses de junio y julio percibió rendimientos del 15%, pero que a partir de agosto el investigado dejó de cumplir con los pagos. En un primer momento habría atribuido las demoras a “problemas financieros”, hasta que finalmente cesó todo contacto.
Otra mujer, que trabaja en la Alcaidía General de la ciudad de Salta, indicó que transfirió $1.000.000 en agosto. Según su testimonio, desde entonces no recibió ni intereses ni devolución del capital, pese a los intentos de comunicación. Una tercera denunciante, también funcionaria penitenciaria, aseguró que entregó más de $24.000.000, tras lo cual el acusado habría dejado de responder sus mensajes y no habría reintegrado los fondos.
El análisis de la UDEC detectó además situaciones que, a criterio de los investigadores, no se condicen con los ingresos declarados de algunos involucrados. En uno de los casos bajo estudio, una funcionaria penitenciaria fue registrada con más de 94 transferencias hacia el cabo primero, por un total superior a los $118 millones. De los informes preliminares surge que su capacidad económica, su historial crediticio y su nivel de endeudamiento formal no se alinean con esos montos.
Por esa razón, la fiscalía investiga si esa agente habría actuado como canalizadora del dinero de otros participantes, cumpliendo un papel más activo que el de simple inversora. Patrones similares se habrían identificado en otros agentes del Servicio Penitenciario: por un lado, figuran como remitentes de cantidades importantes hacia las cuentas del denunciado; por otro, aparecen con acreditaciones periódicas que corresponderían al pago de los supuestos intereses, lo que reforzaría la idea de un circuito cerrado dentro del propio ámbito laboral.
Según consta en la causa, al menos 122 efectivos del Servicio Penitenciario habrían realizado transferencias al cabo primero. A ese grupo se sumarían personas registradas como visitas en unidades carcelarias, ex internos y terceros ajenos formalmente a la institución, que también aparecen en los registros bancarios como aportantes o intermediarios.
Tres niveles en la presunta estructura y un impacto directo en el ámbito institucional
Sobre la base de los elementos reunidos, la fiscal Salinas Odorisio delineó una posible estructura escalonada de tres niveles dentro de la maniobra investigada. En la cúspide ubica al cabo primero del Servicio Penitenciario, relacionado con áreas administrativas, señalado como organizador del sistema de captación de fondos. Este primer nivel habría centralizado la recepción de dinero a través de las distintas cuentas virtuales y bancarias.
Un segundo nivel estaría integrado por un grupo reducido de funcionarios que, según la hipótesis de la UDEC, habrían cumplido tareas de captación y consolidación de aportes entre compañeros de trabajo. El vínculo cotidiano, la pertenencia al mismo organismo y las relaciones de confianza dentro del ámbito penitenciario habrían sido claves para ampliar la base de participantes en la ciudad de Salta y alrededores.
En un tercer escalón se ubica a una gran cantidad de aportantes, compuesta por más de un centenar de efectivos del Servicio Penitenciario con inversiones de distinto tamaño. La fiscalía analiza si todos ellos actuaron únicamente como inversores o si algunos, por los montos y la frecuencia de las operaciones, pudieron haber tenido un rol más activo dentro del esquema.
Para la UDEC, el hecho de que la operatoria se haya desplegado en el interior de una institución estatal genera un agravante a la situación investigada, al involucrar un posible abuso del cargo y del vínculo entre colegas. Ese aspecto forma parte del estudio de la documentación secuestrada, de los extractos bancarios y de los registros electrónicos ya incorporados al expediente.
Una vez concretados los allanamientos, el secuestro de bienes y la inmovilización de las cuentas detectadas, el cabo primero señalado como principal sospechoso y una mujer vinculada a la causa fueron formalmente notificados y citados a audiencia de imputación ante la fiscal penal interina de la UDEC.