La Justicia federal investiga en Aguaray un presunto traslado de chatarra ilegal después de que Gendarmería Nacional secuestrara 15 camiones de gran porte que avanzaban sin la documentación exigida. El procedimiento se hizo el lunes en un camino alternativo, a la altura de Capiazuty, cuando el convoy iba de sur a norte. Según la información oficial, la carga estaba compuesta por 100 toneladas de material ferroso. Ahora se intenta establecer de dónde salió, hacia dónde iba y bajo qué modalidad era transportada.
La causa quedó en manos de la fiscalía federal de Tartagal, a cargo de Lucía Orsetti. Además del secuestro de los vehículos y de la mercadería, los choferes fueron identificados. Entre las personas que integraban el grupo había un menor de edad, por lo que se dispuso su entrega a los padres.
La chatarra ilegal fue detectada en un camino alternativo de Aguaray
El operativo fue realizado por efectivos del Escuadrón 54 de Aguaray de Gendarmería Nacional. Los uniformados interceptaron al convoy cuando circulaba por un trayecto no principal, en la zona de Capiazuty.
De acuerdo con lo informado por las autoridades, los camiones trasladaban material ferroso. Tras las verificaciones hechas en el lugar, se determinó que la carga alcanzaba un peso total de 100 mil kilos.
Ese volumen equivale a 100 toneladas. También se indicó que el cargamento tendría un valor estimado en 200 millones de pesos, dato que forma parte de las actuaciones abiertas tras el procedimiento.
Los camiones quedaron secuestrados porque no tenían respaldo para el transporte
Uno de los puntos centrales de la investigación es la falta de guías que justificaran el movimiento de la mercadería. Ninguno de los conductores contaba con la documentación requerida para acreditar el traslado.
Por esa irregularidad, tanto los 15 camiones como toda la carga quedaron secuestrados. A la vez, se avanzó con la identificación de los choferes que formaban parte del convoy.
Mientras tanto, la fiscalía federal procura reconstruir cómo se organizó el traslado, ya que el expediente apunta a precisar la procedencia del material y su destino final.
La fiscalía federal de Tartagal busca definir el origen y el destino del cargamento
La investigación está a cargo de la fiscal Lucía Orsetti. Según se informó, la tarea judicial se concentra ahora en determinar en qué carácter se realizaba el transporte y quiénes intervenían en la operatoria.
Otro dato informado en el procedimiento fue la presencia de un menor de edad entre las personas que iban con el grupo. En ese caso, se dispuso su entrega a los padres.
Hasta el momento, lo confirmado oficialmente es el secuestro de los vehículos, la incautación de la carga y la identificación de los conductores, tras el control realizado el lunes por Gendarmería Nacional en Capiazuty.