La justicia de Brasil mantiene bajo la lupa la situación de Agostina Páez, la joven argentina acusada de realizar gestos y expresiones racistas en un bar de Río de Janeiro, y por ahora seguirá en ese país con tobillera electrónica, sin autorización para regresar a la Argentina. El expediente, caratulado bajo la figura de injuria racial equiparada al crimen de racismo, se apoya en videos de las cámaras del local y se tramita en un contexto de fuerte sensibilidad social frente a este tipo de hechos.
Según detalló la abogada brasileña Carla Junqueira en declaraciones televisivas, el caso se procesa con la misma severidad que los delitos de racismo previstos en la legislación local, que desde una reforma reciente endureció las penas. La fiscalía de Río de Janeiro llegó a pedir la prisión preventiva de la santiagueña, aunque esa medida fue revocada y reemplazada por un régimen de arresto domiciliario controlado electrónicamente. En paralelo, la defensa impulsa un mecanismo de cooperación internacional para que el proceso pueda continuar desde territorio argentino.
El episodio que originó la causa ocurrió en un local gastronómico de Ipanema y se viralizó en redes sociales, lo que multiplicó la repercusión pública tanto en Brasil como en la Argentina. Mientras tanto, el juez a cargo todavía debe resolver dos puntos centrales: el avance de la investigación penal en suelo brasileño y el pedido formal para que el expediente sea transferido a la justicia argentina.
Acusación contra Páez en un bar de Ipanema: leyes más duras en Brasil
La situación judicial de Agostina Páez en Brasil se disparó a partir de unas imágenes captadas dentro de un bar de Ipanema, uno de los barrios más turísticos de Río de Janeiro. Allí, de acuerdo con la denuncia, la joven habría hecho movimientos y comentarios ofensivos dirigidos a empleados del lugar, de apariencia afrodescendiente. Las imágenes comenzaron a circular por redes y medios de comunicación, lo que dejó al caso rápidamente en el centro de la escena.
Páez, oriunda de Santiago del Estero, quedó imputada bajo la figura de injuria racial, que en la legislación brasileña fue modificada en los últimos años. Junqueira recordó que, “desde 2023 hay una legislación que equipara la injuria racial; gestos, insultos y burla al crimen de racismo”. Es decir, ya no se trata de una falta menor, sino de un delito con un tratamiento similar al racismo directo.
La abogada puntualizó que, tras esa reforma, el tipo penal pasó a ser considerado “un delito penal grave”, con una pena que va “de dos a cinco años de prisión”, que “no puede reemplazarse por multas” y para el que “no se paga fianza para salir en libertad”. Esto implica que la causa de la argentina se enmarca dentro del mismo esquema jurídico que hoy alcanza a los crímenes de racismo en todo el territorio brasileño.
Junqueira también señaló que el expediente no se analiza en el vacío, sino en un contexto de alta sensibilidad social frente al racismo. Indicó que percibe “un clamor social en Brasil para que se cumpla la legislación con este caso como se hace con los brasileños” y mencionó que existen “trescientos brasileños presos por el mismo delito”. Ese escenario, según sostuvo, explica parte de la atención mediática y del seguimiento público que rodea cada movimiento del expediente.
Pedido de preventiva y tobillera electrónica para la joven argentina
En el desarrollo de la investigación, la acusación y la defensa de Agostina Páez en Brasil mantienen posiciones muy diferentes sobre lo ocurrido dentro del bar de Ipanema. De acuerdo con lo que contó Junqueira, los abogados de la joven sostienen que su reacción habría estado motivada por un supuesto hostigamiento previo en el local. “La primera tesis de la defensa es que fue un acto de defensa y no de racismo, provocación o burla”, resumió la letrada.
Sin embargo, la fiscalía presentó otra lectura apoyada en los registros fílmicos del establecimiento. Según la descripción de la abogada, las cámaras del bar muestran hechos que ocurrieron antes del gesto que luego se viralizó en redes sociales. “Se nota en las cámaras del bar que ella había manifestado reiteradas veces ‘mono y negro de mierda’, cronológicamente anteriores al gesto”, afirmó, aludiendo a los insultos que forman parte del expediente.
Junqueira aclaró además que, aun si se comprobara algún tipo de provocación previa contra Páez, eso no alcanzaría para cambiar la calificación legal del caso. “Puede denunciarlo, pero es otro carril y no sirve como justificación”, explicó, marcando que cualquier eventual agresión en su contra debería tramitarse en una causa distinta y no anularía las imputaciones por injuria racial.
En el plano estrictamente procesal, el Ministerio Público de Río de Janeiro requirió la prisión preventiva de la joven. La fiscalía interpretó que se habían producido maniobras para influir en testigos del bar y, en esa línea, consideró que existió entorpecimiento de la investigación. “Sus amigas fueron a hablar con algunos mozos y empleados del bar. Esto fue considerado entorpecimiento procesal”, detalló la abogada al explicar los fundamentos del pedido de encierro.
Por qué no está presa y cómo podría seguir el proceso fuera de Brasil
A partir de ese pedido fiscal, un juez de Río de Janeiro dispuso inicialmente la detención de Agostina Páez. No obstante, esa decisión fue luego dejada sin efecto. Según indicó Junqueira, el magistrado evaluó que el sistema penitenciario local no estaba en condiciones de garantizar la seguridad física de la acusada dentro de una unidad carcelaria común. La alternativa de mantenerla en aislamiento total también fue descartada.
La abogada explicó que el juez consideró que “dejarla en aislamiento sería una desproporcionalidad para una preventiva, sería un adelanto de pena”. Por eso, resolvió revocar la prisión preventiva y reemplazarla por un régimen de arresto domiciliario con tobillera electrónica, que es la situación en la que permanece hasta el momento en Río de Janeiro, sujeta a controles judiciales.
En paralelo, la defensa empuja un camino para que la joven pueda responder al proceso desde la Argentina. Junqueira detalló que “jurídicamente existe la posibilidad de que, por cooperación jurídica internacional entre Ministerio de Justicia y la Fiscalía Federal de Argentina, se haga la transferencia del proceso y lo responda desde Argentina. Sería con el monitoreo necesario, presentaciones periódicas y tobillera”. Ese mecanismo, aclaró, está previsto en la normativa vigente.
Según la letrada, el pedido correspondiente ya fue presentado ante las autoridades brasileñas y ahora resta que el juez analice si lo habilita o no. “Entiendo que está pedido y el juez va a analizar. Por ahora, no hay confirmación de que pueda regresar en el corto plazo”, indicó al ser consultada sobre los tiempos de una posible salida de Río de Janeiro, lo que deja a la joven a la espera de esa definición.
Sensibilidad social en Brasil y trato judicial a la acusada argentina
En sus declaraciones, Junqueira también se refirió a las versiones que vinculan la dureza del proceso con la nacionalidad de Páez. Negó que el trato de la justicia brasileña esté condicionado por el hecho de que sea extranjera o argentina y aseguró que, en casos similares, los ciudadanos brasileños reciben una respuesta comparable por parte de los tribunales y de la sociedad.
“No es porque es extranjera o argentina. El brasileño racista tendría el mismo repudio social”, afirmó la especialista, al remarcar que el racismo es un tema “extremadamente sensible” en Brasil y que la presión social es alta para que las leyes se apliquen sin excepciones. Junqueira agregó que su mirada coincide con la del cónsul argentino en Río de Janeiro, Jorge Perren, quien sostuvo recientemente que “no le consta que haya existido animosidad en su detención”.
Mientras tanto, Agostina Páez continúa en Río de Janeiro con tobillera electrónica y bajo supervisión judicial, a la espera de que el magistrado resuelva tanto sobre el avance de la causa por injuria racial equiparada a racismo como sobre el eventual traslado del proceso a la Argentina.