Manuel Adorni presentó ante la Cámara de Diputados un informe de 1936 páginas en el que dejó asentada una línea clara para responder sobre su patrimonio, documentación confidencial y causas en trámite. En los tramos más sensibles del cuestionario, sobre todo los vinculados con bienes, viajes e investigaciones judiciales, el jefe de Gabinete evitó ampliar información y derivó las respuestas a expedientes abiertos o a anexos reservados. Ese criterio también anticipa la postura que sostendrá cuando deba concurrir al recinto.
Uno de los focos del debate pasó por la declaración jurada patrimonial. Legisladores de la oposición señalaron la falta de bienes que, según plantearon, no habrían sido incluidos en la última presentación. Entre ellos mencionaron una casa en el country Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, comprada en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito donde reside actualmente. En el escrito, Adorni no dio precisiones sobre esas propiedades.
El documento también respondió sobre el viaje a Punta del Este durante el fin de semana de Carnaval de 2026 en un avión privado, sobre la posible relación del empresario Marcelo Grandío con el Estado, sobre el expediente del criptoactivo $LIBRA y sobre denuncias en la Agencia Nacional de Discapacidad. En todos esos casos, la respuesta siguió una lógica parecida: remisión a la Justicia, reserva de información o rechazo a brindar más detalles en sede parlamentaria.
El patrimonio de Adorni quedó atado a un anexo reservado
En la parte dedicada a su situación patrimonial, el informe oficial sostuvo que los bienes correspondientes a su cónyuge y a otros familiares figuran en un anexo reservado de la declaración jurada. Según esa explicación, ese material solo puede ser consultado por la Justicia. De esa manera, las preguntas sobre los bienes observados no tuvieron desarrollo puntual dentro de la respuesta enviada a Diputados.
La oposición había puesto el foco en dos inmuebles mencionados en el cuestionario: una vivienda ubicada en Indio Cuá, en Exaltación de la Cruz, adquirida en noviembre de 2024, y un departamento en Caballito. Sin embargo, el jefe de Gabinete no incorporó aclaraciones específicas sobre esas propiedades ni detalló por qué no aparecieron en la declaración patrimonial cuestionada.
En ese mismo tramo del escrito, además, tampoco explicó el origen de los fondos utilizados para las compras observadas. En lugar de avanzar sobre ese punto, remarcó que cualquier respuesta referida a su patrimonio será canalizada por la vía judicial. El propio informe señaló que la Justicia ya interviene en una causa por enriquecimiento ilícito abierta en 2026 y añadió que el anexo reservado debía haberse entregado el año anterior, aunque fue presentado con demoras.
El viaje a Punta del Este y el vínculo con Grandío quedaron sin respaldo documental
Otro de los capítulos discutidos en Diputados fue el vuelo privado a Punta del Este realizado durante el fin de semana de Carnaval de 2026. Sobre ese traslado, el informe no informó quién pagó el viaje y lo ubicó dentro del plano personal del funcionario. Así, uno de los interrogantes centrales del caso quedó sin una respuesta concreta dentro de la presentación escrita.
De acuerdo con el texto, el Estado no registra pagos por vuelos personales de Adorni y considera ese tipo de gastos como desembolsos privados. A la vez, el documento indicó que ante la Oficina Anticorrupción no constan viajes financiados por terceros. Pese a eso, en la causa judicial el piloto de ese vuelo declaró que el empresario Marcelo Grandío fue quien afrontó el costo, una versión distinta de la que había dado Adorni, quien había sostenido que pagó los pasajes de su familia.
Las preguntas sobre Grandío no terminaron en ese episodio. También hubo pedidos de precisiones sobre una eventual relación contractual con el Estado, particularmente con Radio y Televisión Argentina. En su informe, Adorni negó cualquier vínculo o contratación con RTA, pero no adjuntó documentación adicional para respaldar esa contestación frente a los planteos de la oposición.
Respuestas con criterio confidencial en causas judiciales y hechos previos a su cargo actual
El escrito incluyó además una delimitación política e institucional sobre varios temas que vienen desde su etapa anterior como vocero presidencial. Bajo ese criterio, Adorni sostuvo que determinados hechos ocurridos en ese período, entre ellos viajes y encuentros que quedaron bajo revisión, no corresponden al marco de su función actual en la Jefatura de Gabinete. Con ese argumento, buscó acotar el alcance de parte del cuestionario.
La misma lógica apareció en otras investigaciones mencionadas en el informe. En el caso del criptoactivo $LIBRA, evitó dar detalles y argumentó que difundir esa información podría afectar la integridad de las causas judiciales en curso. En ese apartado también cuestionó filtraciones periodísticas y puso en duda la validez de la pericia realizada sobre el teléfono de Mauricio Novelli, uno de los involucrados en el expediente.
Respecto de las acusaciones de fraude en la Agencia Nacional de Discapacidad, repitió el esquema de respuesta. Señaló que el asunto está bajo investigación judicial y remitió las consultas al expediente correspondiente, sin contestar de manera puntual los puntos incluidos por los diputados. Así, varias de las preguntas más sensibles quedaron fuera del desarrollo político de la presentación.
El informe ante Diputados anticipa la estrategia que llevará al recinto
La distribución del documento muestra qué lugar ocupó cada tema dentro de la exposición escrita. Según el propio informe, el 20% de las respuestas estuvo dedicado a cuestiones económicas, entre ellas deuda, FMI y tarifas. Otro 15% se concentró en salud, 13% en seguridad y 12% en políticas sociales y justicia.
Dentro de ese conjunto, un 5% quedó reservado para cuestiones personales y judiciales, el segmento en el que entran los planteos sobre patrimonio, vuelo privado e investigaciones en trámite. Justamente allí se repitió un patrón: evitar desarrollos extensos y derivar la información a ámbitos externos a la discusión parlamentaria, ya sea por tratarse de documentación reservada o por la existencia de expedientes judiciales abiertos.
El informe fue entregado como respuesta escrita ante la Cámara de Diputados y funciona como anticipo de la línea argumental que Adorni sostendrá cuando comparezca ante el cuerpo. Según el texto presentado, los bienes de su cónyuge y familiares están incluidos en un anexo reservado de la declaración jurada al que solo tiene acceso la Justicia.