La Justicia federal puso en marcha una investigación sobre Francisco Adorni, hermano del vocero presidencial Manuel Adorni, que quedó imputado por presunto enriquecimiento ilícito y lavado de dinero. El expediente se abrió a partir de una denuncia de la diputada nacional Marcela Pagano y recayó en el Juzgado Federal N°6, subrogado por Daniel Rafecas, con intervención del fiscal Guillermo Marijuán. Entre las primeras medidas, se ordenaron pedidos de información patrimonial, bancaria, fiscal y societaria para reconstruir cómo evolucionaron sus bienes y si esos movimientos coinciden con los ingresos declarados.
La pesquisa se concentra en un tramo puntual: el salto patrimonial informado entre 2024 y 2025, cuando Francisco Adorni declaró un patrimonio neto de $80.500.000. Además, bajo análisis quedaron la cancelación en un año de un crédito hipotecario cercano a los 60 millones de pesos otorgado por el Banco Provincia y la compra de una camioneta Jeep Renegade en noviembre de 2025. Con esos datos sobre la mesa, la fiscalía empezó a pedir documentación a más de 30 organismos.
El caso se conoció el miércoles y sumó ruido político porque la presentación fue realizada por una legisladora que hasta hace poco integraba el mismo espacio. De todos modos, la causa que ahora se mueve en Comodoro Py se limita, por el momento, a Francisco Adorni. Según dejó asentado el fiscal, Manuel Adorni no fue incorporado a este expediente, aunque se solicitó información cruzada para establecer si el nombre del hermano aparece vinculado en otra causa ya existente.
El hermano de Adorni quedó bajo la lupa por su evolución patrimonial
La denuncia que activó el expediente apuntó a supuestas inconsistencias entre los ingresos declarados por Francisco Adorni y el crecimiento de sus bienes en un período breve. Ese planteo fue tomado por la fiscalía, que dispuso medidas para verificar si el patrimonio informado puede justificarse con respaldo documental y con los haberes percibidos en funciones públicas.
Dentro del expediente aparecen dos movimientos que concentran buena parte de la atención judicial. Por un lado, la cancelación en apenas un año de un préstamo hipotecario cercano a los 60 millones de pesos; por otro, la adquisición de una Jeep Renegade en noviembre de 2025. Ambos puntos quedaron incorporados al análisis sobre la composición del patrimonio del imputado y sobre el origen de los fondos utilizados.
La investigación también revisa la trayectoria funcional de Francisco Adorni. Además de su actual banca como diputado bonaerense de La Libertad Avanza, ocupó cargos en el Ministerio de Defensa y luego quedó al frente del Instituto de Ayuda Financiera para retiros y pensiones militares. Ese recorrido forma parte del examen patrimonial que busca reconstruir ingresos, bienes y eventuales operaciones financieras.
Para avanzar con esa tarea, el fiscal requirió una batería amplia de informes. El objetivo es establecer si hubo operaciones con moneda extranjera, movimientos bancarios relevantes, compra de bienes registrables o participación en sociedades comerciales. La idea, según surge de las medidas ordenadas, es contrastar cada dato oficial con lo declarado por el legislador.
Marijuán pidió datos fiscales, bancarios y societarios del imputado
En su dictamen, Guillermo Marijuán avanzó con el levantamiento del secreto fiscal y bancario de Francisco Adorni. A la vez, solicitó documentación a más de 30 organismos y dependencias públicas y privadas. Entre ellos figuran ARCA, ARBA, AGIP, el Banco Central, Migraciones, la UIF, registros de la propiedad, organismos financieros, casas de cambio y registros societarios.
La cantidad de oficios muestra que la fiscalía busca una reconstrucción detallada del circuito patrimonial. No se trata solo de mirar una declaración jurada, sino también de revisar cuentas, bienes, antecedentes registrales, eventuales operaciones cambiarias y cualquier otro dato que permita seguir el rastro del dinero y chequear si existe correspondencia con los ingresos informados.
Uno de los requerimientos más sensibles fue dirigido al Banco Provincia. La entidad deberá enviar toda la documentación vinculada con el crédito hipotecario investigado. El pedido incluye el cronograma de pagos, posibles refinanciaciones y el respaldo de cada movimiento asentado en relación con ese préstamo. Ese punto quedó como uno de los ejes centrales del expediente porque se intenta determinar cómo se canceló la deuda en un plazo tan corto.
En la presentación judicial también se destacó que, según la denunciante, los salarios cobrados por Francisco Adorni en sus cargos no alcanzarían para explicar una operatoria financiera de esa magnitud en ese lapso. Esa hipótesis no fue tomada como una conclusión, pero sí como una línea de trabajo para pedir cruces de información y reunir constancias oficiales.
Qué pasa con Manuel Adorni en la causa paralela
Aunque el apellido Adorni atraviesa el expediente, el fiscal dejó en claro que esta investigación avanza únicamente sobre Francisco Adorni. En un dictamen de 19 páginas, Marijuán asentó que Manuel Adorni no quedó incorporado a esta causa. Sin embargo, se pidió información cruzada para verificar si su nombre aparece mencionado o relacionado en otro expediente judicial.
Según explicó el fiscal, Manuel Adorni ya figura en otra causa por presunto enriquecimiento ilícito, tramitada ante el juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita. Por eso, en este expediente no se dispuso imputarlo, aunque sí se abrió la posibilidad de revisar si del intercambio entre causas surge algún dato de interés procesal.
Ese recorte delimita el alcance actual del caso: la pesquisa abierta en el Juzgado Federal N°6 está enfocada en la situación económica, bancaria y societaria de Francisco Adorni. La tarea inmediata de la Justicia pasa por recibir los informes pedidos, examinar documentación oficial y verificar si los bienes, pagos y movimientos relevados tienen sustento en ingresos declarados.
La denuncia que originó la causa fue presentada por Marcela Pagano y el expediente empezó a moverse en Comodoro Py con medidas de prueba destinadas a reunir información sensible. Entre los datos bajo revisión siguen apareciendo el patrimonio neto de $80.500.000 declarado para 2025, la compra de la Jeep Renegade en noviembre de 2025 y la cancelación del crédito hipotecario del Banco Provincia.
Hasta ahora, la causa permanece en esa etapa de recolección documental. El juzgado y la fiscalía esperan respuestas de los organismos requeridos, mientras el Banco Provincia debe remitir el legajo del préstamo, su cronograma de pagos, las eventuales refinanciaciones y el respaldo de cada movimiento registrado.