La Justicia federal avanzó sobre el patrimonio de Manuel Adorni con nuevos requerimientos a empresas de criptos, billeteras virtuales y firmas del sistema financiero digital. La medida forma parte de una causa que tramita en Comodoro Py y que también alcanza a su esposa, Bettina Julieta Angeletti. El juez Ariel Lijo quedó al frente del expediente y el fiscal Gerardo Pollicita impulsó pedidos para reconstruir movimientos, cuentas, transferencias y gastos desde 2022 hasta la actualidad. La pesquisa busca comparar esas operaciones con la declaración jurada presentada por el vocero presidencial ante la Oficina Anticorrupción.
Según trascendió en ámbitos judiciales, uno de los focos del caso está puesto en presuntas operaciones con activos digitales que no aparecerían reflejadas en la documentación patrimonial oficial. Por eso, la fiscalía solicitó información técnica y comercial para determinar si existieron esas maniobras, cuál fue su volumen y si guardan relación con los ingresos declarados por el funcionario nacional.
Las criptos quedaron en el centro de la pesquisa sobre Adorni
Entre las plataformas alcanzadas por los pedidos judiciales figuran Binance, Lemon, Ripio y Satoshi Tango. En esa línea, los investigadores buscan rastrear wallets, direcciones IP utilizadas, cuentas vinculadas y eventuales transferencias de fondos. El objetivo es reconstruir con mayor precisión el circuito de movimientos digitales bajo análisis.
Dentro del material que ya se evalúa en el expediente, se mencionó que solo en Lemon los montos investigados se ubicarían entre 30.000 USD y 50.000 USD. Sin embargo, el resto de las operatorias sigue bajo estudio. En tribunales intentan establecer si esos movimientos efectivamente existieron y si fueron consignados de manera correspondiente en la información patrimonial presentada ante organismos de control.
La fiscalía también puso la lupa sobre otras firmas del ecosistema financiero digital. En ese paquete aparecen Mercado Pago, Brubank y Personal Pay, adonde se pidieron datos para verificar posibles transferencias, inversiones o préstamos. Esa revisión apunta a detectar si hubo movimientos que no resulten compatibles con los ingresos que Adorni informó oficialmente.
La causa que instruye Lijo busca una reconstrucción patrimonial integral
El expediente se abrió a partir de una ampliación de denuncia realizada por la diputada Marcela Pagano. Desde entonces, la investigación fue creciendo y pasó a abarcar distintas áreas del patrimonio atribuido al vocero presidencial. En Comodoro Py, una de las principales líneas de trabajo está centrada en contrastar bienes, gastos y operaciones financieras con los datos volcados en su declaración jurada.
De acuerdo con la investigación incorporada a la causa, el patrimonio declarado por Adorni no cerraría con una serie de erogaciones importantes registradas durante el último tiempo. Los investigadores estiman que el funcionario habría movilizado cerca de 349.640 USD en poco más de un año. En su presentación ante la Oficina Anticorrupción, en cambio, informó alrededor de 48.000 USD en efectivo, además de propiedades y un vehículo.
En paralelo, los tribunales sumaron una revisión de consumos y desplazamientos internacionales. Esa parte del expediente intenta determinar si el nivel de gastos observado guarda correspondencia con la situación patrimonial declarada. Por eso, la pesquisa no se limita a activos digitales, sino que se extiende a otros indicadores económicos y patrimoniales que ahora están siendo cotejados por la fiscalía.
Viajes, gastos y ruido político en el oficialismo
Dentro de las medidas en curso, la Justicia analiza viajes hacia Punta Cana, Cancún, Río de Janeiro y Aruba. Además, se investiga un viaje desde Nueva York realizado por Bettina Julieta Angeletti en marzo de 2026. Todos esos movimientos fueron incorporados al cruce de datos patrimoniales y financieros que procura reconstruir el volumen de gastos y operaciones bajo examen.
Mientras la causa sigue sumando medidas, el expediente empezó a generar repercusiones en el oficialismo nacional. Según trascendió, Javier Milei respaldó a Adorni en una reunión de Gabinete y descartó pedirle la renuncia. Al mismo tiempo, en el entorno presidencial hubo malestar por declaraciones atribuidas a Patricia Bullrich, quien habría planteado que el funcionario debía aclarar rápido su situación patrimonial.
De ese modo, el caso quedó atravesado por dos planos. Por un lado, la investigación judicial sobre criptos, bienes, gastos y viajes. Por otro, el seguimiento político que provoca dentro del Gobierno nacional. En tribunales, según fuentes citadas en el expediente, ya se habla de una “reconstrucción patrimonial integral”.