El pedido de un adolescente que cambió el rumbo de una audiencia en Salta

El joven continuará con sus estudios, terapia psicológica y capacitaciones mientras se prepara un plan de egreso gradual.

Un adolescente declarado penalmente responsable por homicidio simple en grado de tentativa y lesiones graves continuará alojado en el Instituto Especializado de Alojamiento N.º 1 de Salta. La jueza Tatiana Dip Torres postergó durante un año la definición de una eventual pena, luego de que el joven rechazara cumplir una medida en la vivienda de un familiar. La resolución no definió una pena ni dispuso un traslado a una cárcel: el adolescente pidió permanecer en el instituto para estudiar, realizar tratamiento y completar su formación.

La audiencia se realizó ante la jueza en lo Penal Juvenil 1. Durante ese plazo, un equipo técnico deberá elaborar un plan de egreso para acompañar una salida progresiva de la institución.

El adolescente eligió continuar su formación dentro del instituto

Antes de la audiencia, se había evaluado que el joven cumpliera una medida domiciliaria en la casa de un familiar. El informe sobre esa posibilidad resultó favorable y contaba con la coincidencia de la Fiscalía y de la Defensoría Especializada.

Sin embargo, cuando tuvo la oportunidad de expresarse, el adolescente indicó que no quería dejar el establecimiento. Según explicó, lleva dos años participando de actividades educativas, terapéuticas y de capacitación, y consideró que en el barrio donde viviría no tendría las mismas posibilidades para sostener ese recorrido.

La Justicia deberá preparar un plan de egreso gradual

Durante su permanencia en el Instituto Especializado de Alojamiento N.º 1, el joven realizó terapia psicológica. De acuerdo con la información difundida por la Justicia, relató que ese espacio le permitió aprender a manejar distintas situaciones.

También completó un curso y obtuvo el título de mozo. Además, se encuentra estudiando para desempeñarse como bartender, una capacitación que pretende conservar como herramienta laboral al momento de recuperar la libertad.

La decisión judicial mantiene suspendida por un año la definición de la eventual pena. En ese período, el equipo técnico deberá organizar las etapas de salida del adolescente de la institución.