Una causa por abigeato en el Valle de Lerma dio un paso clave este lunes 4 de mayo, después de que la fiscalía de Rosario de Lerma solicitara la elevación a juicio para nueve personas. Según la acusación, los imputados habrían integrado una estructura dedicada al robo de ganado, la faena clandestina y la venta ilegal de carne en la zona. El expediente reúne intervenciones telefónicas, análisis de celulares, geolocalización, testimonios, allanamientos y secuestro de restos animales. Para el fiscal Daniel Escalante, esos elementos permiten sostener, en esta etapa, la presunta existencia de una organización con roles repartidos y actividad sostenida en el tiempo.
La presentación fue realizada por el fiscal penal de Rosario de Lerma, Daniel Escalante, quien atribuyó a los nueve acusados el delito de asociación ilícita. Además, la causa incluye dos hechos de abigeato doblemente agravado, señalados por el uso de fuerza y por la intervención de más de tres personas. La hipótesis fiscal apunta a que el caso sea debatido en un juicio oral y público.
Dentro del expediente, uno de los puntos centrales fue la reconstrucción del camino que seguía la carne luego del robo de los animales. La acusación sostiene que parte de ese producto terminaba en carnicerías locales, donde era vendido a precios más bajos que los del mercado formal y sin controles sanitarios ni trazabilidad. Ese esquema, siempre según la investigación, funcionaba por fuera de los registros y mecanismos oficiales.
La fiscalía sostiene que el abigeato en el Valle de Lerma respondía a una organización estable
De acuerdo con la acusación, la investigación permitió armar una secuencia de funcionamiento que no se limitaba a hechos aislados. La fiscalía afirmó que había coordinación entre los involucrados, reparto de tareas y recursos para concretar la sustracción de animales, su faena y la posterior colocación de la carne dentro de un circuito informal. Ese armado es el que sustenta la imputación por asociación ilícita.
Entre los acusados aparece Mario Martiniano Aramayo, alias “Chivero”, de 51 años, señalado por la fiscalía como presunto jefe del grupo. Según la hipótesis del caso, era quien daba directivas y organizaba las maniobras. Junto a él fueron imputados sus hijos Mario Rodrigo Aramayo, de 19 años; Martín Leandro Aramayo, de 30; y Bruno Facundo Aramayo, de 26, a quienes se les atribuyó una intervención activa en distintas etapas de las maniobras investigadas.
También están acusados José Abel Pastrana, Joaquín Matías Burgos y Jorge Maximiliano Prieto, a quienes la causa ubica en tareas vinculadas al traslado y la comercialización de la carne. A su vez, Gastón Emanuel Esquite y Alan Ezequiel Suárez quedaron relacionados, según la imputación, con funciones de acopio, distribución y apoyo logístico. Para la fiscalía, esa división de roles es uno de los elementos que refuerzan la hipótesis de una estructura delictiva organizada.
Los dos hechos que impulsaron el pedido de juicio por abigeato
Uno de los episodios incluidos en la causa ocurrió el 18 de septiembre de 2025 en la Finca El Molino, ubicada sobre la Ruta Provincial 36. Según la acusación, durante la madrugada fue dañado el alambrado perimetral y se sustrajo una vaca raza Jersey preñada. La fiscalía sostiene que el animal luego fue trasladado y faenado de manera ilegal.
La pesquisa sobre ese caso tomó fuerza el 11 de noviembre de 2025, cuando la Policía hizo un control vehicular en un camino alternativo hacia Finca Las Peras. En ese procedimiento fue interceptado un vehículo que transportaba restos cárnicos. Más tarde, los análisis permitieron vincular ese material con el animal denunciado como robado en la finca. Después de ese resultado, se ordenaron allanamientos en los que, según consta en el expediente, fueron encontrados el cuero, otros restos del animal y la cría sin vida, en coincidencia con las características brindadas por el damnificado.
El segundo hecho fue ubicado por la acusación el 17 de noviembre de 2025 en la Finca Quijano. En ese lugar, siempre según la investigación, fue robado un novillo de raza Holando Argentino. La mecánica descripta en el expediente fue semejante a la del caso anterior: ingreso violento, extracción del animal, faena clandestina y distribución posterior de la carne.
Las pruebas que la fiscalía reunió para pedir que la causa avance a juicio
El expediente incorporó escuchas telefónicas, informes de geolocalización, análisis de celulares y testimonios. Además, en distintos procedimientos se secuestraron elementos que, para la fiscalía, resultan compatibles con tareas de faena. Entre ellos se mencionaron sierras, cuchillos y otros objetos hallados durante allanamientos realizados en diciembre de 2025. Ese material fue sumado al resto de la evidencia reunida en la investigación.
Otro punto agregado a la causa fueron los informes del Registro de Marcas y Señales y del SENASA. Según esos documentos, los imputados no contaban con habilitación para desarrollar actividad ganadera. La fiscalía incorporó ese dato como un respaldo más para sostener que las maniobras investigadas se desenvolvían dentro de un circuito clandestino, sin registros ni autorización vinculada a la actividad con animales.
A partir del análisis de los dispositivos secuestrados, además, se abrió una línea paralela. En la causa se indicó que de ese trabajo surgió la posible organización de riñas de gallos, situación que derivó en otro expediente distinto. Ese tramo no forma parte del pedido de elevación a juicio por los hechos de abigeato incluidos en esta presentación.
Con este conjunto de elementos, Escalante consideró acreditada en esta instancia la existencia de la organización investigada y la intervención atribuida a cada uno de los acusados con el grado de convicción exigido para pedir la elevación a juicio. La solicitud quedó orientada a que un tribunal analice la responsabilidad penal de los imputados en un debate oral y público.